El
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado seis de las Ordenanzas Fiscales aprobadas por el tripartito de Xirivella
(PSOE, Compromís y Sí Se Puede) para el 2016 contra las que el PP
del municipio interpuso una demanda, estimando así de forma parcial
la misma.
Esta
demanda estuvo motivada por el incumplimiento por parte del
equipo
de gobierno del Plan de Ajuste al que estaba sometido el Ayuntamiento
de Xirivella hasta que se pusiera al día con los pagos de los
préstamos
solicitados para hacer frente a la alta deuda que la localidad
acumulaba
del período
de gobierno
socialista.
El
Grupo Popular comprendió en su momento que el gobierno incurría así
en “una falta de responsabilidad y una ilegalidad”,
postura que ratifica ahora el tribunal con su sentencia. El PP de
Xirivella condena que el tripartito no cumpliera con la ley, obviando
informes de los técnicos de Intervención y Gestión Tributaria en
contra de la aprobación de las Ordenanzas y primando sus fines
propagandísticos “simplemente
para
orquestar una supuesta bajada de tasas con la que publicitar una
defensa de los intereses de los vecinos”.
El
portavoz de los populares de Xirivella explica que “todos
comprendemos que el hecho de que un concejal quisiera quitar una
multa a un vecino supondría un acto ilegal de prevaricación”, y
en esta situación, el gobernante “estaría actuando en beneficio
del vecino, pero en contra de la Ley”. De la misma forma, con la
aprobación de las Ordenanzas Fiscales anuladas, el tripartito de
Xirivella se saltó la legislación con el ánimo
de
aparentar
ser los defensores de los vecinos, cuando son precisamente estos “los
que están
pagando esas tasas para saldar la deuda que el PSOE dejó tras su
nefasta gestión en legislaturas anteriores”.
Por
su parte, el ex alcalde socialista Michel Montaner ha acusado en
alguna ocasión al
Grupo
Popular
de haber denunciado una bajada de impuestos, en perjuicio de los
vecinos. Nada más
lejos de la realidad.
El Grupo Popular denuncia un supuesto delito cometido por el equipo
de gobierno al saltarse las
normas de
obligatorio cumplimiento, ya que “no podemos aplicar las leyes que
nos gustan y no aplicar las
que no nos gustan”, y la obligación de los gobernantes es “dar
ejemplo”.
El
Grupo Popular presentará ante la Fiscalía
la sentencia de anulación
de estas tasas para que se determine el menoscabo a las arcas
municipales y se depuren responsabilidades correspondientes entre los
concejales
que apoyaron esa medida con su voto afirmativo.
Los
populares afirman que, en
Xirivella,
“siempre que ha gobernado la izquierda se han cometido
tropelías
con las cuentas”,
respaldadas
por
“una
falsa
defensa del interés
de los vecinos, perjudicando siempre al Ayuntamiento que, en
realidad, no es otra cosa que perjudicar al vecino”.
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