Paco Gómez, ante la Ciudad de la Justicia. EPDA
En la mañana de ayer martes 26 de marzo, el primer
Teniente Alcalde en el Ayuntamiento de Massamagrell, el socialista Paco Gómez,
se personaba en la Fiscalía Anticorrupción de Valencia para poner en
conocimiento de la misma, una denuncia contra dos Concejales
del PP de Massamagrell, Miguel Bailach, Portavoz del Grupo Popular y candidato
autonómico en las próximas elecciones autonómicas, y José Joaquín Quintanilla,
concejal, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y
administración desleal en el desarrollo de la última legislatura antes del
cambio de gobierno en Massamagrell.
En la denuncia que presenta a Fiscalía el Portavoz
Socialista Paco Gómez adjunta 3 expedientes con un montante de dinero
“supuestamente malversado” por valor de 40.000€. Estos expedientes son:
1- El contrato de suministro de una carretilla
elevadora por un montante cercano a los 15.000€ (hechos estos ya publicados en
prensa en octubre de 2015), donde se adjudicaba la compra de una máquina
elevadora a una empresa en la que su objeto social no acreditaba la compraventa
de vehículos, y después de adquirir esta días después de ofrecérselo al
ayuntamiento.
2- El contrato de designación de letrado en asistencia jurídica al propio
Miguel Bailach y al anterior jefe de la policía local, por un coste de cerca de
18.000€, donde no se observa en el procedimiento ni la necesidad, ni porque
organismo se ha tramitado la contratación del expediente, ni el procedimiento
administrativo seguido.
3-El contrato menor de servicios jurídicos para la defensa del Ayuntamiento
contra la denegación de la homologación de un “curso de detección de drogas en
conducción”, dictada por la Secretaría Autonómica de Gobernación. Un curso del
IVASPE que era gratuito, y por el que se acabó pagando por la contratación de
un despacho de abogados para presentar un recurso por la denegación de la
homologación del “curso de detención de drogas en el ejercicio de la
conducción”, siendo el principal motivo la falta de capacitación del docente
(el jefe de policía local). Los propios informes de contratación exponen las
irregularidades cometidas, por un curso que repetimos, era gratuito.
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