Abren juicio por fraude y malversación al exalcalde de Gandía Arturo Torró

Un juez de Gandía ha sentado en el banquillo al ex alcalde de Gandía Arturo Torró (PP), que será juzgado por malversación y fraude, delitos por los que la Fiscalía pide 8 años de cárcel para el ex político, que deberá aportar al tribunal una fianza de responsabilidad civil de cuatro millones veinte mil euros junto al otro acusado, Ricardo Manuel Faura.

También están acusadas, aunque no por el Fiscal sino por la acusación particular ejercida por ACAL (Abogados y Consultores de la Administración Pública) otras cinco personas, que deben así mismo hacerse cargo de la fianza.

En su escrito de acusación el fiscal señala que en diciembre de 2011 "la empresa pública municipal "Iniciatives Publiques de Gandía-S.A.U", (I.P.G. S.A.U.)- recibió una encomienda de gestión del Ayuntamiento de Gandía para la realización de las actividades de comunicación que hasta su cierre poco antes venía desempeñando la televisión municipal".

Esta empresa contrató con "Comarques Centrals Televisió S.L" e "Inversiones Especiales del Mediterráneo S.L.", por importe de 1.770.000 y 1.768.584 euros respectivamente, en febrero de 2012.

En febrero de 2013, "Iniciatives Públiques de Gandía S.L." y la mercantil "Comarques Centrals Televisió S.L." resolvieron el contrato "por supuestas dificultades no concretadas, asumiendo la empresa pública la obligación de pagar a "Comarques Centrals Televisió S.L." la cantidad de 500.000 euros de dinero público, a sabiendas de que no había causa que lo justificase", añade el fiscal.

Torró, "aprovechando su condición de Alcalde del Ayuntamiento de Gandía y presidente del Consejo de Administración de IPG, utilizando la empresa municipal IPG,. concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a "Comarques Centrals Televisió S.L." la cantidad de 500.000 euros de dinero público, a sabiendas de que no había causa que lo justificase, causando un claro perjuicio para las arcas públicas".

El Ministerio Público pide para Torró la pena de 8 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, inhabilitación absoluta durante 20 años, y abono de costas procesales.

El Ministerio Público solicita la misma pena para Ricardo Faura, al que considera cómplice de estos hechos.

Ambos deberán pagar además al Ayuntamiento de Gandía, por el perjuicio causado a las arcas públicas, 480.000 euros, más intereses legales.