Vista general de la nueva estación de Cercanías de València en Albal puesta en servicio en febrero. EFE-Manuel Bruque-Archivo
La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado que un alcalde socialista pagó un sobrecoste de un millón de euros a una empresa que acometió una obra cuya ejecución se remonta a la época de José Blanco como ministro de Fomento y cuya tramitación continuó con José Luis Ábalos en este departamento e Isabel Pardo de Vera en Adif.
Esta Agencia ha remitido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, un informe relacionado con esa obra, la construcción de la estación de ferrocarril de Albal, al observar una serie de posibles irregularidades, que el magistrado ha ordenado a la UCO que una a su investigación.
En el informe se señala que el origen de esa actuación se remonta a un protocolo firmado en mayo de 2011 siendo ministro de Fomento José Blanco López y que después, en 2019, se materializó en un convenio entre el alcalde de Albal, Ramón Marí Vila, y Pardo de Vera.
El expediente que tramitó la Agencia Valenciana Antifraude refleja diversas irregularidades en la tramitación y ejecución del convenio, "que supusieron un pago por parte del Ayuntamiento de Albal a Adif en un importe superior en más de 1.000.000 de euros por encima del coste real de la obra y justiprecio de las expropiaciones".
La adjudicataria fue la empresa Lantania SL y el contrato se adjudicó siendo ministro Ábalos y fue financiado en parte con fondos de la Unión Europea.
"Entre las principales irregularidades detectadas en la tramitación -prosigue el informe- merece destacar que no se cumplió con todas las determinaciones del PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana)".
Precisamente, la Agencia antifraude considera que la trascendencia de este incumplimiento es que la estación no se llegó a inaugurar en el plazo inicialmente previsto "debido a los efectos causados por la riada derivada de la dana en otoño del año 2024, que se produjo el mismo día de recepción de las obras" (el 29 de octubre).
El informe duda de que ese 29 de octubre se hubiera podido recepcionar la obra, cuando cinco meses más tarde -en marzo de 2025- se encontraba pendiente de aprobar la certificación final de esa construcción.
La Agencia especifica al juez del Supremo que no ha podido analizar la forma en que se adjudicó y ejecutó la obra porque "eso implicaba revisar actuaciones de responsables que exceden de su competencia subjetiva", es decir de Adif.
Y añade que, por esa misma razón, tampoco examinó si los modificados del contrato, que sumaron más de 800.000 euros al coste, fueron correctamente justificadas.
