La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Maite Girau. EFE-Archivo
Según consta en un auto al que ha tenido acceso EFE, el juez no ha observado posibles delitos de prevaricación ni fraccionamiento de contratos en la gestión de Girau, aunque admite que "ha podido haber irregularidades formales".
La denuncia de Salom -investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales junto a decenas de concejales y asesores del grupo municipal del PP valenciano- tiene su origen en la caducidad del convenio de mantenimiento firmado por el Ayuntamiento de Valencia y la empresa Inesapi en octubre de 2011 por cuatro años, con posibilidad de dos más.
Según se hizo constar en la denuncia, la empresa solicitó la prórroga pero se demoró la tramitación administrativa hasta el extremo de hacer imposible la continuidad del contrato; y pese a ello, la empresa siguió prestando el servicio y el Ayuntamiento pagando hasta enero de 2018 por importe de 1,4 millones de euros.
El juez, tras escuchar a la concejala y estudiar documentación presentada por el Ayuntamiento, ha concluido que no era competencia directa de Girau, sino de la Junta de Gobierno, acometer la prórroga de dicho contrato, y que la continuidad de la actividad de la empresa, a pesar de la extinción del convenio, obedeció a la necesidad de "no dejar desprotegido un servicio público".
