El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. EFE- Natxo Francés-Archivo
La Audiencia de Valencia ha rechazado sobreseer la causa abierta contra el expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y otros procesados por supuestas irregularidades en la contratación de altos cargos para Divalterra, al estimar que hay hechos "de gravedad".
En un auto al que ha tenido acceso EFE, la sección cuarta de la Audiencia considera que quien fue cogerente de esta firma pública, Agustina Brines, "aparece, a los efectos de esta resolución, como una de las principales artífices del sistema corrupto de nombramientos que se está investigando", así como que sus alegaciones "deberán canalizarse en el futuro juicio oral".
"Lo cierto es que los hechos denunciados son de gravedad, constitutivos de delito, y tanto las acusaciones como el instructor no solo estiman que existen indicios racionales de criminalidad sino que hay que estar al pleno resultado de las diligencias de instrucción y adoptar una decisión con visión de conjunto", expone la sala en su auto.
Los magistrados indican asimismo que "no pueden pretender con éxito los apelantes cercenar la obligación de investigación que tiene el juez de instrucción a su cargo, sin perjuicio del resultado de las eventuales diligencias que pudieran estar pendientes, de la valoración que se haga de las mismas, en conjunto con las demás ya practicadas o que se practiquen, y de la concreción futura de la imputación que pueda dirigirse o no contra cada uno".
En definitiva, indican que "se debe proseguir el procedimiento cuando o está acreditada la imputación, o al menos, cuando hay una duda que no anula completamente un pronóstico fundado de viabilidad de la condena tras un juicio, porque solo cuando desde ya se puede hacer un pronóstico fundado de inviabilidad de la condena, por la insuficiencia del material probatorio con que se cuenta, se impone el sobreseimiento, y no es el caso".
En el conocido como caso Alquería se investiga a Jorge Rodríguez y a otras dieciséis personas, nueve de las cuales supuestamente fueron contratadas de forma irregular en la empresa pública de la corporación provincial Divalterra -anteriormente Imelsa- y estaban vinculadas al PSPV y Compromís.
También se investiga a quienes ocuparon el cargo de cogerentes de Divalterra: Agustina Brines (de Compromís), Josep Ramón Tiller (PSPV) y Javier Simó (del PSPV); al secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y a dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart.
Para los agentes de la UDEF que han investigado el caso, estas contrataciones "se realizaron bajo la modalidad de personal de alta dirección, como un fraude de ley para evitar la aplicación de los principios del Estatuto Básico del Empleado Público".
Se conseguía así, a su juicio, "independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas a los dos partidos políticos que gobiernan en la Diputación, Compromís y PSOE", añaden los investigadores.
Preguntada por este auto, la representación legal de Ricard Gallego ha avanzado a EFE que presentará en los próximos días un recurso de aclaración, al aparecer mencionado su cliente de forma errónea en el auto de la Audiencia Provincial como alcalde de Ontinyent e igualmente se hace referencia -también de forma desacertada a juicio de esta parte- a su participación en los consejos de Divalterra.
