Aumsa no revisará los alquileres contra la solicitud de la oposición de Valencia que pide una rebaja del 25%

La empresa municipal AUMSA (Actuaciones Urbanísticas Municipales S. A.) no revisará los alquileres de los inquilinos que habitan en las viviendas de su promoción, dado que no es una imposición arbitraria del Consistorio, sino que vienen determinados por legislación nacional. Así lo ha asegurado el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, acompañado de la gerente de la entidad, María José Bellver, en un encuentro con los medios de comunicación en el que ha anunciado que el equipo de gobierno rechazará la moción que plantearán en este sentido los grupos de oposición en la próxima reunión del pleno del Ayuntamiento.

Grau ha explicado que los precios por zonas y los módulos aplicados a las viviendas de AUMSA en régimen de alquiler vienen determinados por el Real Decreto aprobado en su momento (concretamente en el año 2008) por el Gobierno Central, que en aquel entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero, con Carme Chacón al frente del Ministerio de la Vivienda. En dicho Real Decreto se basa el Decreto aprobado posteriormente por Les Corts Valencianes que determinan todos los aspectos de los alquileres. "Es decir –ha explicado el vicealcalde- que estamos aplicando lo que aprobaron los mismos socialistas que ahora lo critican".

Los Grupos Municipales Socialista, Compromís y Esquerra Unida han anunciado una moción, que presentarán al plenario, para que se modifiquen los contratos de alquiler, rebajándolos un 25% mensual. Alfonso Grau ha cuestionado la solidez de dicha rebaja: "En función de qué piden un 25%, y no un 27% o un 43%?", se ha preguntado.

Otro de los elementos en cuestión es el coste de los Administradores de Fincas, aunque según Alfonso Grau oscilan entre 6 y 3 euros al mes por vivienda, 0'61 a 2'73 euros al mes por garaje, y 0'50 a 1 euro al mes por trastero. "Quien tiene un garaje alquilado es que tiene un coche –ha argumentado el Edil- y quien tiene coche ¿de verdad no puede pagar esa cantidad?".

En cuanto a las superficies y la localización de las viviendas, el edil ha recordado que en ninguna otra gran ciudad de España se han construido VPP (Viviendas de Promoción Pública) por parte de empresas públicas "en pleno centro urbano, como sí es el caso de Valencia". Pese a ello, ha ofrecido algunos datos de precios y superficies para ilustrar la situación: por ejemplo, una vivienda en la calle Maldonado, 33, de 89'8 m2, paga un alquiler de 427 euros al mes. En el número 5 de la misma calle, 555'28 euros al mes por una vivienda de 75'21 m2 con garaje vinculado. O los 519 euros al mes de Campos Crespo por una casa de 86'90 m2 y garaje vinculado. Y además, en muchos casos se ofrece al inquilino la opción de compra, es decir, que el 50% del alquiler se capitaliza y se descuenta en el momento de adquirir la vivienda.

En todo caso, Alfonso Grau ha recordado que no se trata de viviendas sociales, de personas en riesgo de exclusión, dado que ese tipo de alojamientos los gestiona la Concejalía de Servicios Sociales, y el perfil de usuario de vivienda social no se corresponde con los alquilados de AUMSA.

La propuesta que, sin embargo, ha merecido mayores críticas del vicealcalde ha sido la de sufragar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de los inquilinos de estas viviendas con cargo a los Presupuestos Municipales de AUMSA. Grau la ha calificado de "alucinante", y se ha preguntado "¿por qué no pagar el IBI también de otros ciudadanos, o el IRPF o el Impuesto de Vehículos..?". "Si se hiciera así –ha explicado- cada vecino de Valencia pagaría dos veces el IBI: el suyo propio y el de los inquilinos de estas viviendas, dado que los Presupuestos de AUMSA salen del bolsillo de todos los valencianos".

Grau ha calificado de "irresponsabilidad" esta petición, y se ha preguntado en virtud de qué se debería exonerar del pago de un impuesto a estos ciudadanos en concreto y no a otros. "Al tripartito, con tal de hacer demagogia, le importa un bledo jugar con el dinero del contribuyente", ha denunciado el Edil. Por eso, ha explicado que las empresas públicas construyen VPP "del mismo modo que lo hacen, por ejemplo, CCOO o UGT".

Alfonso Grau ha asegurado desconocer si la propuesta de la oposición es "ignorancia o mala fe", y ha lamentado que "se juegue con la situación económica de miles de familias, a ver si consiguen cabrearlas y salen a la calle". Además, ha criticado que se haga "demagogia sin base, tratando de explotar políticamente la tremenda situación que sufre este país y muchas familias".

El vicealcalde también se ha hecho eco de las críticas por los defectos de origen en las viviendas, pero ha negado que se repercutan a los inquilinos. "Reto a que alguien me traiga un recibo con cargos por reparaciones fruto de defectos de origen. Y si es así –ha afirmado- me comprometo a llegar hasta el fondo de la cuestión". Tal como ha recordado el Edil, la Ley establece un plazo de 10 años para que las empresas constructoras reparen los posibles defectos de origen, y AUMSA lo exige.

En cualquier caso, estos gastos son distintos de los gastos de comunidad (energía, limpieza, mantenimiento…) que cada inquilino debe satisfacer "como cualquier persona en la misma situación", en palabras de Grau. De hecho, hay comunidades, como la de la VPP de Marqués de Busianos, que no tienen este tipo de gastos porque las tareas las realizan los propios vecinos. Y en otros casos, como un edificio de 4 viviendas en Nazaret, que tiene ascensor y plataforma, en el que por eso AUMSA asume parte de los gastos.

El vicealcalde ha calificado las críticas de la Oposición de "manipulación indecente y desvergonzada de muchas personas, aprovechándose de su situación". Por ello, ha respondido a los periodistas que no tiene intención de reunirse con la plataforma de inquilinos, "dado que no tengo por costumbre –ha señalado- reunirme con plataformas creadas por partidos políticos". "Nos hemos reunido, nos reunimos y nos reuniremos –ha subrayado- con cuantos vecinos presenten quejas o reclamaciones, y se les atenderá, como se ha hecho siempre. Pero los movimientos asamblearios no son Democracia ni Estado de Derecho".

Grau ha concluido recordado que, desde la aprobación del Real Decreto 801/2005 del 1 de julio, "nadie ha dicho nada: en todo este tiempo; hasta hace un año, ni palabra, lo cual es mínimanente sospechoso, o cuanto menos –ha añadido- curioso".