Varios ramos de flores recuerdan a las víctimas del incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València. EFE-Ana Escobar-Archivo
El incendio de un vanguardista edificio residencial en el barrio valenciano de Campanar dejó diez muertos y a un centenar de familias sin hogar aquel 22 de febrero en que las llamas, con una descontrolada ferocidad, devoraron 138 viviendas pero también abrieron debates sobre materiales, seguridad y respuesta ante emergencias como la de este suceso, que generó una ola de solidaridad y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.
El edificio ha empezado ya su reconstrucción mientras continúa la compleja investigación judicial y su esqueleto ennegrecido sigue imponente en una gran rotonda de esa zona este de Valencia, que antiguamente era uno de los pueblos de la huerta que rodeaba la ciudad y desde hace dos décadas es uno de los barrios periféricos de mayor expansión urbanística de la capital valenciana.
Ocho meses antes de que las inundaciones causadas por la dana arrasaran parte de la provincia de Valencia, el mayor incendio estructural de la Comunitat Valenciana se inició poco después de las 17:30 horas en el apartamento 86 de la torre más alta del edificio del número 2 de la calle Poeta Rafael Alberti, y en menos de una hora calcinó las 138 viviendas de sus dos bloques.
Las grabaciones, retransmisiones en directo y fotografías de esa tarde y la noche tuvieron una gran repercusión mundial por la espectacularidad de las imágenes, la angustia de afectados y vecinos y el recuerdo gráfico de otras dos tragedias similares: el edificio Grenfell en Londres (2017) y la Torre dei Moro en Milán (2021).
Según el informe elaborado por la Policía Científica, una pequeña fuga de refrigerante en el condensador del frigorífico de la cocina de ese apartamento fue origen del incendio, que se propagó rápidamente favorecido por las fuertes rachas del viento cálido de poniente (de hasta 60 km/h) que soplaba en ese momento.
Diez personas fallecieron y quince resultaron heridas, varias de ellas bomberos aunque recibieron el alta dos días después. Unas 400 personas, entre propietarias e inquilinas, se quedaron sin casa y sin absolutamente nada, incluida la documentación legal, pues las llamas arrasaron con todo.
Muchos vecinos pudieron salir del inmueble durante los primeros minutos gracias al conserje, Julián García -que ha recibido ya homenajes y reconocimientos oficiales-, quien fue puerta por puerta avisando de la emergencia. Otra pareja fue rescatada por los bomberos desde su terraza, cercados por las llamas, en un operación muy arriesgada que acabó con éxito y entre los aplausos de la gente.
Durante varias horas se daba a varias personas por desaparecidas. Unas fueron localizadas pero a cuatro las hallaron ya muertas, a medianoche, los drones y las cámaras térmicas y, luego, los bomberos cuando pudieron acceder al inmueble, horas después de apagarse las últimas llamas, por la mañana. Entre las víctimas mortales había una familia entera (padre, madre y dos niños).
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron durante las jornadas siguientes los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mientras que en todo momento estuvieron en la zona tanto la alcaldesa, María José Catalá, como el president de la Generalitat, Carlos Mazón, entre otras autoridades y junto a un gran despliegue de equipos de emergencia, sanitarios, policiales y de protección civil.
Los funerales particulares se desarrollaron en la intimidad a excepción de uno colectivo organizado por el Arzobispado, que acogió la Catedral el 11 de marzo. El 9 de diciembre volvió a celebrar otro por otra tragedia masiva en la misma provincia, las 223 víctimas mortales de la dana.
El 2 de septiembre empezaron las obras de limpieza y desescombro del edificio, que ahora ya tiene la fachada limpia al 100 % y con varias plantas totalmente diáfanas y limpias.
Se prevé que los trabajos de desescombro del edificio se prolonguen cuatro meses, cuyo coste (1,5 millones) asumirán las compañías aseguradoras, igual que el de la redacción del proyecto de reconstrucción (1,1 millones).
El despacho de arquitectura Arqueha redactará el proyecto de reconstrucción del edificio, con un plazo de siete meses para plantear una propuesta en que se cambiará sobre todo la fachada, para que no recuerde la tragedia, y que además será votada por los vecinos entre los bocetos que se planteen.
El siguiente paso será hacer un concurso para que la comunidad de propietarios, que actúa como promotora de la rehabilitación, adjudique las obras de ejecución, que según las primeras estimaciones se podrían prolongar entre 12 y 18 meses y suponer un coste de 30 millones, a cargo también de las aseguradoras.
La tragedia desató una gran ola de solidaridad con las personas damnificadas y sus familias, primero desde el vecindario y las fallas del barrio -que acogieron a quienes se habían quedado sin nada y les facilitaron enseres de primera necesidad-, y después en forma de ayudas económicas y materiales desde distintos puntos de España y diferentes sectores profesionales y colectivos sociales.
Las Administraciones públicas también se volcaron con los damnificados, con ayudas públicas tanto desde la Generalitat como el Ayuntamiento, mientras desde el Estado se facilitó también la tramitación de documentos oficiales.
Desde el Ayuntamiento, además, se puso a disposición de las 131 familias afectadas un edificio de viviendas sociales para que se instalaran gratis mientras buscaban un nuevo hogar; las familias se fueron marchando conforme iban alquilando viviendas, aunque los propietarios destacaron que se tensionó el mercado de alquiler en el barrio y de un día para otro subieron hasta 300 euros los precios.
La Audiencia de Valencia acordó en junio la reapertura de la investigación judicial que en marzo archivó provisionalmente el Juzgado de Instrucción número 9 de València, al considerar que hay que practicar nuevas diligencias que aclaren todas las circunstancias del suceso.
La reapertura se decretó a raíz de un recurso interpuesto por familiares de los cuatro miembros de una familia que falleció en el incendio, al que se adhirieron total o parcialmente la Fiscalía y otras partes como la comunidad de propietarios del edificio o la asociación de damnificados por el incendio de Campanar.
El citado juzgado acaba de rechazar que se cite a declarar como investigado al jefe de bomberos y, por contra, ha citado el 13 de enero como testigos a dos bomberos que actuaron en calidad de mandos en las tareas de extinción del fuego, desde el inicio del mismo hasta que llegó el jefe de bomberos y asumió la dirección de la extinción.
La tragedia motivó también el debate -oficial, técnico y sectorial- sobre los materiales empleados en edificaciones similares a la de Campanar y las condiciones de seguridad en torno a ellas.
Una docena de entidades del ámbito de la ingeniería, la seguridad y la edificación se unió para reclamar al Gobierno una revisión de la normativa española en materia de protección contra incendios en edificios, tras alertar de que, a nivel mundial, este tipo de incendios en grandes edificios se ha multiplicado por siete en los últimos 30 años.
