La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha mostrado hoy la satisfacción del Consell tras conocer el contenido del informe previo a la Declaración de Impacto Ambiental que ha realizado la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que desaconseja los sondeos petrolíferos en el Golfo de Valencia porque pueden afectar a la fauna marina, especialmente a cetáceos.
Según ha asegurado Bonig, las conclusiones de esta informe van en la línea de lo que siempre hemos mantenido desde el Consell, de las alegaciones en contra que hemos realizado y de nuestra demanda de que si existe algún riesgo para nuestros ecosistemas y la biodiversidad, como así parece ser, que los sondeos no sean autorizados".
"Por eso a mí me gustaría que los grupos de la oposición que han hecho bandera política de este tema sin respetar los procedimientos administrativos, salgan ahora a alabar la postura del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente por su profesionalidad y su rigor", ha pedido la consellera, quien ha instado al PSPV a pedir explicaciones a los responsables del anterior Gobierno socialista de Zapatero, "porque no hay que olvidar que fue ese Gobierno quien autorizó unilateralmente y de espaldas a la voluntad popular los permisos para efectuar prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia y las Columbretes, a los que la Generalitat siempre se ha mantenido firme en su rotundo rechazo, con la impugnación de los reales decretos, y nunca escuché a Ximo Puig quejarse de las autorizaciones".
Bonig ha recordado que el Consell empleó entonces todas las armas de que disponía para tratar de contener un plan que, "a nuestro juicio, ataca frontalmente contra nuestro modelo de desarrollo, en cumplimiento del ejercicio irrenunciable de las competencias conferidas a la Generalitat en materia de turismo, protección del medio ambiente y planificación de la actividad económica".
Del mismo modo, la consellera de Medio Ambiente se ha referido a las autorizaciones de proyecto Castor aprobadas por el Gobierno socialista que, a su juicio, "no cumplieron los procedimientos y sus instalaciones han tenido que ser cerradas por que son un peligro, con el consiguiente coste económico para los españoles, que vamos a tener que pagar 1.300 millones de indemnización a Florentino Pérez".
"Todavía estoy esperando que algún socialista pida perdón y que nos diga si 1.300 millones no son despilfarro, que supone 4 veces más que la inversión del aeropuerto de Castellón, más que la Ciudad de las Artes y las Ciencias y, de hecho, con ese dinero acabaríamos todas las infraestructuras que necesita esta Comunitat, por lo que espero que sea investigado por la Justicia".
