Portavoz del PP, Maria José Catalá. -EPDALa portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha valorado como "muy grave" el escrito que remitió desde la propia alcaldía de Valencia a todos los jefes de servicio para instalarles a que se pronuncien "sobre la necesidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación norte del puerto y que les pida que avalen su plan para frenar el crecimiento del puerto. Esta es una competencia de los técnicos de los Ministerios de Infraestructuras y Medio Ambiente quienes deben pronunciarse sobre la necesidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental".
"Nos parece muy grave porque debe ser una decisión técnica y no política, y no puede el alcalde utilizar y condicionar a los técnicos municipales para apoyar su posición política contra un crecimiento del puerto de Valencia, poniendo en riesgo la competitividad de nuestro puerto y la generación de puestos de trabajo", afirma la portavoz.
Para Catalá la instancia que hace la propia alcaldía "condiciona a los técnicos para que los informes sean favorables a la postura del alcalde de reclamar una nueva DIA y bloquear el proyecto de crecimiento del puerto de Valencia, poniendo en peligro más de 40.000 empleos". Para la portavoz del PP, "deben ser los técnicos del Gobierno de España quienes informen si se necesita o no una nueva Declaración de Impacto Ambiental".
Catalá ha pedido "trellat" al gobierno de Ribó sobre la ampliación del puerto. "No deben ser ni los jefes de servicio del Ayuntamiento ni el alcalde ni el ministro quienes decidan si debe hacerse una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la ampliación del puerto".
La portavoz asegura que "soy la primera en oponerme cualquier actuación que vaya contra la calidad ambiental de la ciudad de Valencia, pero no soy técnica especialista en la materia, por ello pido que el Gobierno central encargue un informe a sus técnicos sobre la necesidad de una nueva DIA".
Catalá afirma que "ni debe ser el alcalde ni el ministro quien lo diga sino los técnicos del Estado los que realicen un informe. Lo que me parece más grave es que Ribó no puede ordenar a sus jefes deservicio que le hagan los informes a la carta para justificar su posición política".
