María José Catalá. EPDALa portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha señalado que la apertura de juicio oral al concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, por presuntamente cometer un delito por homicidio imprudente, "aboca al gobierno de Ribó y el PSPV a una situación insostenible, que deberá afrontar sin seguir negando la evidencia".
Además, el Auto de apertura de juicio oral ordena abrir una investigación sobre la posible prevaricación en la que pudo incurrir Fuset al adjudicar el montaje de las gradas de los conciertos de Viveros a cambio de la explotación de unas barras de bar.
"Ribó no puede seguir negando la mayor, tiene que tomar cartas en el asunto, y no negar una situación anómala, porque hay un concejal del Ayuntamiento de Valencia a punto de sentarse en el banquillo por un homicidio imprudente que se derivó de una posible prevaricación administrativa previa", ha señalado Catalá.
"Ribó no puede decir que no es corrupción, cuando lo cierto es que hubo una mala praxis administrativa, hubo una irregularidad, una ilegalidad, y, tristemente, un presunto homicidio imprudente que costó la vida de un trabajador", ha declarado.
Asimismo, ha destacado que "en el PP queremos saber quién va a pagar la fianza, porque nos tememos que al igual que la estafa de la EMT la acabaran pagando los valencianos de sus bolsillos".
La portavoz popular ha incidido en señalar que "pese a que Ribó ha intentado restar importancia a estos hechos, en el Grupo Popular pensamos que es muy grave que se adjudicara el montaje de las gradas sin ninguna cobertura administrativa, porque como lamentablemente sucedió lo que sucedió".
