Agentes de la PolicÃa Nacional custodian la entrada de la empresa pública Divalterra. EFE-Archivo
La providencia a la que ha tenido acceso EFE, le cita a declarar a las 12 horas por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos, con lo que se suma a otros investigados como el alcalde en funciones de Ontinyent, exmilitante del PSPV-PSOE y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge RodrÃguez.
También están investigados su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario-letrado de Divalterra, Jorge Cuerda; el exasesor Manuel Reguart y los exgerentes Xavier Simón Alventosa y Agustina Brines, con acusaciones todos ellos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La UDEF ha cifrado en cerca de 2 millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, las personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.
El juzgado también ha remitido oficio a Divalterra para que emita informe en relación a estas contrataciones de alta dirección realizadas supuestamente de forma irregular.
Algunos de los contratados, en su declaración ante el juez a principio de este mes de junio atribuyeron a Tiller la llamada para que pasaran a formar parte del equipo de dirección de la empresa pública e indicaron que no pasaron ningún proceso selectivo aunque el propio cogerente les dijo que sà lo hubo con carácter previo.
