¿Coacciones y amenazas o estrategia política para acabar con Paco Crispín?

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El juicio que ha llevado al banquillo de los acusados como imputados al ex alcalde de Sagunt, Quico Fernández y su teniente de alcalde y también ex diputada autonómica, Teresa García -ambos de Compromís, y al ex concejal de ADN Morvedre -la marca blanca de Podemos-, Sergio Moreno, ha quedado visto para sentencia. El denunciante, quien fuera alcalde y portavoz del PSOE en el momento de los hechos, Francisco Crispín, pide tres años de cárcel para los investigados por coacciones y amenazas, así como una indemnización económica de 240.000 euros. Pero la jueza dictaminará muy probablemente una sentencia absolutoria, reduciendo todo el viacrucis de Crispín en sus últimos años como político a una cuestión meramente partidista, como pidió el Ministerio Fiscal, quien en su intervención final defendió la inexistencia de delito de coaciones y redujo lo sucedido a un ''contexto exclusivamente político''. De hecho, la prueba de mayor peso -una grabación en el Bar África de Camí Real- es, para el fiscal, más bien contraria para Crispín, ''por sus formas intimidatorias y manera un tanto agresiva''. Esta grabación, que se escuchó en la primera sesión, recoge las ''advertencias'' de Teresa Garcia a Paco Crispín, con el entonces concejal de EU, José Vicente Muñoz Hoyas, como testigo. En las mismas, se escucha a la mano derecha del entonces alcalde advertirle a Crispín por qué el PSOE debería respaldar los presupuestos municipales sin entrar él en el equipo de gobierno, atendiendo a rumorología sobre el departamento de Actividades y un supuesto trato de favor a la empresa de sus hijos. Crispín grabó la conversación después de un primer encuentro entre Teresa García y Natalia Antonino, entonces persona de la máxima confianza de Crispín en el Ayuntamiento, en la que la de Compromís lanzaba las mismas acusaciones contra Crispín y sus hijos. Antonino trasladó angustiada al entonces portavoz del PSOE el encuentro mantenido y esto motivó la grabación de Crispín en dicho bar del núcleo histórico.

Estas acusaciones de Compromís, que incluso trasladaron al menos a dos medios de comunicación de la comarca, se unieron a la denuncia que Moreno realizó a los agentes de la UCO cuando irrumpieron en el Ayuntamiento por la 'Operación Flotador'. En este caso, el de ADN Morvedre trasladó que había estadísticas en el Consistorio respecto a un presunto trato de favor a los hijos de Crispín y entró en juego también una denuncia sobre el gasto en ropa deportiva de cinco funcionarios.

Toda aquella situación provocó que Crispín sufriera no sólo graves perjuicios económicos, sino un gran impacto en su imagen pública y la de sus hijos y consecuencias psicológicas con informes médicos desde 2016. De hecho, su imputación acabó con su carrera política, porque sirvió de excusa para impedir que se presentara al proceso de primarias para optar a la reelección en las elecciones municipales. Su abogado, en el turno final de 10 minutos, lamentó que se pretendiera estigmatizar a una víctima, ''que parece que debía serlo las 24 horas al día. Hablan de 'vox populi' pero no traen ni a un solo vecino, ni perjudicado ni técnico. Las coacciones quedaron probadas en el juicio oral. Cumplieron la amenaza cuando Sergio Moreno denuncia a la UDEF. Cumplieron cuando amenazaron con airear hechos que le iban a perjudicar a nivel personal, familiar y profesional. En la vida pública no puede haber impunidad. Que alguien sea político, no quiere decir que se le pueda coaccionar. La prueba de cargo existe, con grabación o sin grabación, pues la declaración de la víctima es creíble, así como los testimonios de Natalia Antonino y José Vicente Muñoz, que dijo en su testimonio que se sintió amenazado, así como las contradicciones entre los acusados''.

El abogado de Teresa García pidió la absolución para su defendida -quien lamentó que este caso le impidiera seguir como diputada autonómica-, al circunscribir todo en una cuestión política. ''Ahí entran las familias políticas del PSOE y el que ha negociado como buen trilero es el señor Crispín, que jugó sus bazas para colocar a su mujer. Crispín, una vez superado el procedimiento, lo mete todo en la coctelera y se saca esta denuncia. La denuncia está forzada, la actuación es muy tereraria y no le puede salir gratis'', dijo.

El letrado de Quico Fernández estuvo en la misma línea. Pidió la absolución para su cliente y la condena en costas para Crispín por su ''temeridad y mala fe''. Criticó la tardanza en formular la denuncia. ''Lo lógico es que denunciara en 2015. Se trata de un asunto político y el propio Chover -Miguel, la tercera pata del grupo socialista en aquel momento- reconoció que existía un rumor sobre Crispín en la población''. Además, considera que Crispín exageró el testimonio de Natalia Antonino. Puso el acento en que se trata de una venganza política y recriminó que no hubiese historial médico. En este sentido, la acusación particular -el letrado del denunciante, Paco Crispín- aportó informes médicos y psicológicos del gran impacto en la salud que esta operación de acoso y derribo tuvo sobre él.

Por parte del letrado de Moreno, coincidió con el Ministerio Fiscal, pidió que la grabación no se considerara válida, al criticar que no estuviese el soporte original y pudiese haber sido manipulada, y negó coacciones. Respecto a las amenazas, dijo que más bien al contrario, que fue Crispín. Además, relacionó el gran impacto psicológico sobre Crispín a la denuncia de la UDEF y el juicio que se celebró, en el que tanto Crispín como los otros cuatro funcionarios resultaron absueltos.

Los tres acusados, que intervinieron tras el secretario municipal, Emilio Olmos, y el ex concejal socialista, Miguel Chover, siguieron el mismo hilo argumentativo y de defensa, en la línea de que no hubo amenazas ni coacciones, sino sólo un veto político a la figura de Francisco Crispín por parte de Compromís, EU y ADN Morvedre por una cuestión de gran peso político, la ''rumorología'' que nunca se demostró y, por tanto, se trató de un veto basado en bulos.

La jueza dictaminará previsiblemente absolución para los acusados, pero no podrá evitar el perjuicio político y personal contra Paco Crispín ni los daños económicos y morales contra sus dos hijos, que tuvieron que cerrar su empresa y hoy tienen plaza de funcionario en la enseñanza pública.