La Ciudad de la Justicia de Valencia acogió esta semana la primera parte de un juicio que concentró a una veintena de personas entre concejales de la legislatura 2015-19, técnicos municipales y hasta el secretario municipal, por la causa abierta contra el ex alcalde, Quico Fernández, su mano derecha, Teresa Garcia, y el concejal de ADN Morvedre, Sergio Moreno. El denunciante ha sido Paco Crispín, quien fuera en aquel momento portavoz del PSPV-PSOE de un grupo municipal reducido tres personas por las presuntas coacciones y amenazas que le vertió Teresa Garcia en un encuentro en el Bar África en Camí Real, acompañada por Quico Fernández, entonces alcalde, ambos de Compromís, y en presencia del concejal de EU, José Vicente Muñoz. En la conversación que se pudo escuchar en el juicio al final de la sesión, se oír a Garcia advertir a Crispín que si el PSOE no entraba en el gobierno municipal y él quedaba al margen, además de aprobar los presupuestos municipales, tendrían problemas sus hijos, quienes entonces trabajaban haciendo proyectos de Actividades, departamento donde su padre había sido funcionario.
Más allá de lo que determine la jueza Crispín pide tres años de cárcel y una indemnización por daños morales y psicológicos de 250.000 euros y restituir su honor, lo que es objetivo, porque ya ha sucedido, es que a Crispín se le impidió presentarse a las primarias previas a las elecciones municipales de 2019, para allanar el camino a Darío Moreno y que sus dos hijos acabaron por cerrar su empresa, hastiados de la batalla política y del cuestionamiento de su profesionalidad, para dedicarse a la enseñanza secundaria, logrando ambos plazas por oposición.
El martes 11 de marzo de 2025 la Ciudad de la Justicia parecía un salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunt de la época 2015-19. Allí estaban el secretario municipal, Emilio Olmos; los cinco políticos ya citados, junto a Natalina Antonino, Miguel Chover y Nuria Hernández (PSPV), Guillermo Sampedro (EU), Manolo González (IP), Pablo Abelleira (ADN), Raúl Castillo (Ciudadanos); los dos hijos de Crispín; así como funcionarios como José Vicente Gimeno Graullera, Josep Agües y Ángel Fernández.
Entre los testigos claves estaban Natalia Antonino, quien tuvo una primera reunión con Teresa García, mano derecha de Quico Fernández en el Ayuntamiento, en el bar Wizard, al Norte del Palancia, donde le trasladó que había una rumorología sobre los hijos de Crispín y que había que eliminarlo para aprobar presupuestos e incorporar al PSOE en el gobierno municipal, entonces liderado por Compromís junto a EU y ADN Morvedre. Esta trasladó a Crispín lo sucedido y motivó que Crispín grabara la conversación en el Bar Africa del núcleo histórico, en la que sólo habló Teresa Garcia estando presentes Fernández y Muñoz. Precisamente el entonces edil de EU ratificó que que Teresa Garcia advirtió a Paco Crispín que tendría si no se retiraba para lograr un pacto de gobierno con el PSOE pero sin él tendría consecuencias: ''no digas que no te lo hemos advertido''.
Lo que pasó luego fue que finalmente Crispín fue reubicado en la FVMP, lo que permitió desbloquear la cuestión de los presupuestos, que recibieron el voto favorable del PSOE, cuyos concejales entraron en el equipo de gobierno, con delegaciones para todos menos para Crispín. Sin embargo, cuando la UDEF irrumpió en el Ayuntamiento de Sagunt, en la llamada Operación Flotador que quedó más tarde en nada, Sergio Moreno aprovechó para denunciar que en Actividades se pasaban facturas por compra de ropa de trabajo para los funcionarios, que supuestamente no les correspondían, que supuso un calvario para los técnicos municipales, incluyendo Paco Crispín. Otra causa que acabó en nada. Sin embargo, el estercolero político-judicial acabó con la carrera de Crispín y, de paso, hundió a dos honorables profesionales como los hijos de Crispín, hoy dos felices profesores de instituto con plaza ganada por oposición.
