Compromís presenta una moción por la defensa de los derechos bancarios de la ciudadanía

El Grupo Municipal Compromís Sagunt presentará, en el Pleno del próximo jueves, una moción para la defensa de los derechos bancarios de la ciudadanía, muy especialmente, de las personas mayores. En palabras de la concejal del grupo, Asun Moll, "si las entidades bancarias, por sí mismas, no son capaces de encontrar e implementar iniciativas que se puedan alinear con los criterios y valores de la Responsabilidad Social, tendrán que ser las administraciones públicas, como garantes de los derechos de la ciudadanía y en su representación, quien asegure la asunción de estos compromisos de manera reguladora".

Esta es una situación que afecta en la población en general pero, sobre todo, a los colectivos de personas mayores y con diversidad funcional, que, tal como indica el texto de la moción, "ven sus derechos vulnerados por la carencia de una atención específica que les ayude a ejercerlos de forma adecuada y segura. Con este fenómeno se pone de manifiesto una notable carencia de ética por parte de estas entidades con el abandono de servicios y la aplicación de cuotas abusivas. Sin dudas, estamos ante una situación de maltrato a los colectivos más vulnerables y, en definitiva, a la población en general".

Recorte de servicios

La digitalización y las fusiones han provocado el cierre de sucursales, obligando a la ciudadanía a hacer desplazamientos más largos. Las consecuencias de la pandemia han provocado una limitación de horarios de la atención al público y la derivación hacia la cita previa y los gestores. La banca en línea y la reducción de personal obliga a los usuarios a operar a través de los cajeros automáticos, del teléfono móvil y del ordenador. Este hecho, que afecta a todos los ciudadanos, tiene una mayor afectación a las personas de edad avanzada (que no están acostumbradas a utilizar las nuevas tecnologías) o a las personas con diversidad funcional.

En palabras de la concejal de Compromís, "tal y como nos traslada la ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DEL CENTRO DEL MAYOR del Puerto de Sagunto nos encontramos ante el abuso de las entidades que, lejos de facilitar el acceso a sus servicios por parte de estos usuarios, les requieren condiciones para atender sus necesidades que van ligadas al cobro de comisiones por el mantenimiento de las cuentas corrientes o para sacar dinero en efectivo, además del hecho de que las libretas, que normalmente representan la única manera en que estas personas pueden visualizar la situación de sus ahorros, van desapareciendo de la oferta de productos disponibles en las entidades, a veces obligándoles a sustituirlas por tarjetas de crédito que ni siquiera saben utilizar y sin cubrir el derecho básico a la información por parte del cliente."

Es un hecho que, según señala la moción, "la atención individualizada y de calidad, la formación en derechos bancarios, la detección de problemas específicos en el caso de cada cliente, tienen que ser las premisas a partir de las cuales el sector atienda las necesidades de su clientela, especialmente, en los casos en que ésta sufra el riesgo de no poder ejercer sus derechos como consumidor por situaciones concretas de vulnerabilidad."

Posibles soluciones

Ante todo ello, el Grupo Compromís en Sagunto propone varías líneas de actuación para tratar de minimizar la problemática y dar respuesta a la necesidad de un sector muy amplio de la población. La moción pretende que el Ayuntamiento de Sagunto inste a estas entidades a que ofrezcan atención personalizada en ventanilla durante el horario que las oficinas estén abiertas al público, para facilitar una atención más comprensible a la ciudadanía y, en particular, a la gente mayor y a personas con diversidad funcional.

Además, el grupo propone que estas entidades no cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las personas que no tienen las habilidades para poder hacer, de forma autónoma, las diferentes gestiones en los cajeros automáticos y que se aplique una tarificación social en la aplicación de comisiones, en función de las características de cada cliente.

Otra de las propuestas del grupo será que los productos financieros que se ofrezcan por parte de estas entidades a los clientes sean transparentes y comprensibles. "La claridad en la redacción tiene que ser una norma para no confundir a las personas y hacerlas contratar productos que se desconocen o incurrir en gastos innecesarios y abusivos", señala el texto.

Igualmente, se propone promover la instalación de cajeros automáticos en las zonas o barrios de la ciudad que quedan más lejos del alcance de las oficinas de estas entidades, para que las personas que vivan en ellas puedan hacer los trámites más básicos. Muy especialmente después del progresivo cierre de sucursales.

A efectos legislativos, el grupo instará, por un lado, al ayuntamiento a pedir que los poderes públicos competentes legislen y regulen una normativa bancaria más justa y solidaria, especialmente para las personas más vulnerables. Y por otro, a la Generalitat Valenciana y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a la puesta en marcha de un plan de servicio rural financiero en aquellas entidades locales que no disponen de una oficina bancaria ni atención presencial.

"Parece evidente que la administración tiene que promover la digitalización y la administración electrónica, pero esto no quiere decir que se tenga que abandonar las necesidades de las personas que, por unas circunstancias u otras, requieren una atención presencial o personal. Estamos junto a este sector de la ciudadanía y seguiremos defendiendo sus derechos", ha concluido Asun Moll.