La exalcaldesa de El Puig, Luisa Salvador, en el despacho que ocupaba. EPDAUna sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia condena a la exalcaldesa socialista de El Puig, Luisa Salvador, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, por un delito de prevaricación.
En un comunicado en sus redes sociales, Luisa Salvador advierte de que "no comparte" la sentencia "aunque la respeto" y anuncia su intención de presentar un recurso porque "el decreto donde se revocó la comisión de servicios a la interventora, no estaba del todo motivado".
"Todo esto se hizo con el visto bueno de la Dirección General de la Administración Pública, que es la encargada de los nombramientos a los habilitados nacionales (secretarías e intervenciones) y son los encargados de asesorar a los ayuntamientos", explica.
De igual modo, la exalcaldesa asegura que "tengo la conciencia tranquila de que siempre he actuado al amparo de la ley y he estado asesorada por los técnicos competentes. He dedicado todo mi tiempo a trabajar por mis vecinos y vecinas, como así lo he demostrado durante estos 12 años que he estado en la política municipal".
La denuncia fue interpuesta a principios de 2020 por los grupos municipales de PP y Ciudadanos ante la Fiscalía Anticorrupción por "la decisión unilateral de la alcaldesa y de dos de sus concejales del PSOE en el gobierno de El Puig, María Ángeles Beltrán y Marc Oriola, por revocar la comisión de servicio de la interventora municipal y mantener un pago a un funcionario que se considera irregular", como explicaron en su momento los populares.
Además, advertían de que "se presionó a la funcionaria para que cambiar su informe antes del pleno y, al negarse ella a hacerlo, se dio una versión diferente en la sesión plenaria".
Tras conocer la sentencia, desde el Grupo Municipal Popular señalan que "nunca hemos actuado de manera personal y animadversión a nadie sino siempre protegiendo la legalidad y el buen trabajo de los funcionarios y trabajadores".
"La razón nos la ha dado un tribunal de tres magistrados y se señala claramente que Luisa actuó de forma arbitraria, que es lo que fundamenta la prevaricación. Siendo dos de los actuales concejales del equipo de gobierno (Marc Oriola y Tónica Martí) corresponsables de dichos actos y que además abandonaron a Luisa en el juicio", añaden.
Los populares se dirigen a los actuales socios de los socialistas en el gobierno local, Compromís, y señalan que "deberán valorar si es moralmente aceptable formar parte de un gobierno donde dos de los actuales concejales del PSOE participaron y eran conocedores de los hechos y circunstancias que desembocaron en el acto prevaricador de la alcaldesa".
"Desde el Partido Popular estamos convencidos que los ciudadanos de el Puig desean otra forma más responsable de gobernar", apuntan y añaden que "nosotros como concejales de la oposición seguiremos actuando con la misma responsabilidad ejerciendo nuestra labor de fiscalización y control al equipo de gobierno. Siempre con argumentación y veracidad, sin demagogia ni sectarismo".
