Los propietarios afectados por la reserva de terrenos de Adif en el ámbito de Parc Sagunt II han vuelto a denunciar la
falta de avances
en la resolución de una situación que, aseguran, se prolonga desde hace años sin una solución definitiva. El colectivo reclama
mayor celeridad y claridad
sobre el futuro de sus parcelas, afectadas por la planificación de infraestructuras ferroviarias consideradas estratégicas para la red estatal.
Según recuerdan los afectados a El Periódico de Aquí,
el origen del conflicto se remonta al desarrollo de Parc Sagunt II
, proyectado en 2018 con una superficie inicial de 6,6 millones de metros cuadrados. Posteriormente, en el proceso de información pública de 2021, Adif presentó alegaciones para reservar alrededor de 1,1 millones de metros cuadrados de suelo en el límite oeste del ámbito logístico, destinado a la implantación de infraestructuras ferroviarias.
En concreto, esta reserva afecta a tres actuaciones principales: la futura conexión de la red de
alta velocidad en el entorno de Sagunt
, el refuerzo del
Corredor Mediterráneo
en su tramo valenciano y el desarrollo del
eje ferroviario Sagunt–Teruel–Zaragoza
, integrado en el denominado Corredor Cantábrico-Mediterráneo, clave para el transporte de mercancías entre el litoral y el interior peninsular.
El corte de varios caminos rurales en los últimos años eleva hasta en 20 kilómetros el acceso a algunas fincas: "Es inasumible y eleva los costes de producción"
Esta planificación, incorporada finalmente al Plan Especial del Área Logística de Sagunt, ha dejado los terrenos en una situación de
"reserva"
que, según denuncian los propietarios, no ha ido acompañada del inicio efectivo de los procesos de expropiación ni de un calendario claro de ejecución, lo que mantiene en la incertidumbre a numerosas explotaciones agrícolas.
El colectivo lamenta además las
dificultades de acceso a las fincas, derivadas del corte de caminos tradicionales,
lo que en algunos casos obliga a realizar desplazamientos de más de 15 o incluso 20 kilómetros para llegar a determinadas parcelas. Esta situación, aseguran,
incrementa los costes de producción
, complica las labores agrícolas y dificulta la comercialización de la fruta.
A estos problemas se suman otros ya denunciados en años anteriores, como el
aumento de los robos en la zona, el deterioro de las infraestructuras de riego o la acumulación de polvo sobre los cultivos
, factores que -según los agricultores- están afectando a la productividad y a la viabilidad económica de las explotaciones.
Los afectados alertan también del riesgo de que, con el avance de las infraestructuras proyectadas y el desarrollo de Parc Sagunt II,
las parcelas queden finalmente aisladas o rodeadas por vías ferroviarias y áreas industriales
, lo que podría comprometer de forma definitiva la continuidad de la actividad agraria en la zona.
El Ayuntamiento asegura que sigue "haciendo presión" desde la declaración institucional de 2024
Los propietarios reclaman una solución urgente que permita clarificar el futuro de los terrenos y garantizar tanto la actividad agrícola como la movilidad en el entorno.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sagunt aprobó en agosto de 2024, por unanimidad, una
declaración institucional
en la que instaba a Adif a acelerar las
expropiaciones de los terrenos afectados por esta reserva ferroviaria y a mejorar de forma transitoria los accesos a la zona
, además de trasladar la petición al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Asimismo, en ese acuerdo plenario el Consistorio también reclamaba que se
priorizara la ejecución
de las actuaciones necesarias para evitar el aislamiento de las parcelas mientras se tramitan las expropiaciones, así como el refuerzo de la seguridad en la zona ante los problemas de robos denunciados por los agricultores.
Fuentes municipales han asegurado a El Periódico de Aquí que
la administración local continúa haciendo presión
en este sentido, aunque recuerdan que en última instancia la decisión de expropiar los terrenos es de Adif. Los afectados, por su parte, garantizan que continuarán reclamando una respuesta coordinada entre las administraciones implicadas para dar salida a una situación que, según subrayan, afecta a tierras trabajadas durante generaciones y que consideran en riesgo de inviabilidad si no se actúa con rapidez.