"Pasé de pagar 100 euros a pagar 900". Esta ha sido la realidad durante años de Alberto Marigil, vecino de Sagunt. Tiene una propiedad en el término municipal cuyo suelo es rústico, a pesar de que el impuesto sobre bienes inmuebles que se le cobra pertenece al urbano, lo que hace que la cuantía se multiplique exponencialmente.
Según la sentencia del Juzgado contencioso administrativo número 3 de Valencia, no se ajusta a derecho calificar ningún inmueble como urbano, si sus características son las propias de ser rústico y carece de los servicios y desarrollos urbanísticos que le otorguen la condición de urbano. Por esa razón, se anularán todos los cobros municipales entre 2013 y 2019 y el ayuntamiento tendrá que pagar entre 7.000 y 8.000 euros.
"Cientos de propiedades y quizás miles de ciudadanos tributan ilegalmente por importes inmensamente superiores al de su valor real", explica Marigil. Esto "se ve reflejado en el recibo de un injusto y desproporcionado IBI y en las liquidaciones de plusvalía devenidas de las transmisiones de dichas propiedades, bien sea por su venta o su herencia", añade.
Se trata de una situación que no ocurre únicamente en Sagunt. A partir de la subida de los impuestos después de la crisis económica y financiera de 2008, vecinos de toda España pusieron demandas. En 2015, la Ley Hipotecaria fue modificada. En ella se añadía que los ayuntamientos tienen la obligación de recalificar todos los inmuebles que estén mal calificados, es decir, volverlos a su condición de rústicos. Sin embargo, algunos de ellos, como el de Sagunt, han seguido con el cobro como parcelas urbanas.
