Ecologistas y vecinos de Valencia exigen convertir la ZAL del puerto en un espacio verde

Colectivos ecologistas y vecinales exigen convertir la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia en un espacio verde tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el plan especial, y defienden que la reversión costaría lo mismo que continuar con la urbanización.

El portavoz de la organización "Per l'Horta", Josep Gavaldà, ha afirmado que "es el momento de parar la ZAL" y propone hacer un espacio verde que conecte el lecho del Turia con el parque natural de la Albufera, informa la organización ecologista.

Gavaldà ha comparecido este sábado en rueda de prensa con Mireia Vidal, portavoz de La Unificadora de La Punta -entidad que interpuso el recurso contencioso-administrativo- quien ha lamentado que "La Punta no eran solo terrenos, era un pueblo y ya no existe" y ha preguntado: "¿esto como se arregla?".

Vidal ha leído los nombres del vecinos y vecinas del pueblo que han fallecido a lo largo de todos estos años y que no han podido disfrutar de esta victoria judicial, y ha pedido una "reparación" del daño.

Según ha indicado, la reversión de la ZAL, de acuerdo con el presupuesto hecho por un estudio especializado, costaría alrededor de unos 4 millones de euros, por lo que ha pedido "voluntad política y valentía" para llevarla a cabo, al tiempo que ha recordado que "rescatar la Marina costó 800 millones de euros".

Por su parte, Antonio Montiel, miembro del equipo jurídico que ha llevado adelante el recurso, ha denunciado la "política de hechos consumados" del Gobierno del Botànic, ya que ha recordado que el plan tumbado por el TSJCV "es obra del Botànic, que dio continuidad a una lógica errónea que inició el PP".

Un plan que además "nació viciado" y es "un destrozo que han sufrido los vecinos y las vecinas de La Punta y el conjunto de la ciudadanía", ha añadido.

A juicio de Montiel, el Gobierno del Botànic y el Ayuntamiento de València, "que tampoco tenía que haber dado la licencia de explotación a la ZAL", tienen ahora la obligación de hacer cumplir la sentencia.

Por último, Pau Monasterio, en nombre de la Comisión Ciudad-Puerto, ha afirmado que es "indignante" que tengan que ser los colectivos sociales los que velen por la protección del territorio "y que las cosas se hagan bien".

"Lo que ocurrió a La Punta está volviendo a ocurrir ahora en el puerto, con ciudadanía afectada y cuestiones ambientales obviadas", por lo que ha pedido "un acto de responsabilidad a las instituciones en tiempos de cambio climático".