Foto de la página web del Ayuntamiento de Chiva de Cristina Suárez. EPDA
El alcalde de Compromís de Chiva, Emilio Morales. EPDAEl alcalde de Chiva, de Compromís, y otros cuatro concejales de su equipo de gobierno están siendo investigados por el juzgado de Requena como presuntos autores de un delito de prevaricación. El origen está en la aprobación de productividades a funcionarios de este Consistorio de la comarca de la Hoya de Buñol, uno de ellos también político, pese a no haberse aprobado las cantidades preceptivas en un pleno municipal, como le advierte el secretario municipal en un informe en marzo de 2019, y con la oposición de la interventora que realiza un informe en el que informa de la ''disconformidad en el reconocimiento de obligaciones, ordenación de pago y pago material que se pretende''. Como adelantó ayer en exclusiva El Periódico de Aquí, se habrían pagado más de un millón de euros en productividades desde el 2016, de las cuales 400.000 euros durante el año 2020. Todos los pagos mensuales de productividad están acompañados de informes desfavorables tanto de secretaría, como de intervención, basando los informes en que no existe reglamento, realizándose los pagos discrecionalmente.
Por este motivo, tendrían que haber ido a declarar ayer al juzgado 1 de Requena, tanto el alcalde, Emilio Morales, de Compromís, como su compañera de partido Cristina Suárez y Manu Clemente; los dos concejales de Vecinos Independientes de Chiva, Fernando Casanova y Joaquín Furriol y la ex concejala Diana Oliva. Finalmente, lo harán el 6 de de abril, al haberse suspendido la víspera la comparecencia.
La líder del Bloc y de Compromís, Àgueda Micó, rehusó ayer pronunciarse al respecto ''hasta hablar con ellos y conocer en profundidad el tema''.
Según el informe de intervención al que ha tenido acceso El Periódico de Aquí, en marzo de 2019 la interventora recogía que ''el artículo 214 del RDL 2/2004, somete a fiscalización "todos los actos de las Entidades Locales que den lugar al reconocimiento de (...) obligaciones o gastos de contenido económico con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso". En el segundo punto, señalaba que ''se deduce del informe del Sr Secretario , que la Propuesta no cumple con lo establecido en el artículo 5 del RD 861/1986 , pues no consta en este Departamento que exista acuerdo de Pleno por el que se hallan aprobado los criterios en base a los cuales se distribuyen las productividades, ni existe en el expediente justificación objetiva de la asignación de cada una de las mismas''. Y en el tercer apartado, ''los motivos y efectos de los reparos vienen regulados en los artículos 215 y 216 del RDL 2/2004, sí bien en este caso la disconformidad no tiene efectos suspensivos de acuerdo con las citadas normas''. Por esta razón, ''de acuerdo con lo anteriormente expuesto la funcionaria que suscribe INFORMA DE DISCONFORMIDAD el reconocimiento de las obligaciones, ordenación de pago y pago material que se pretende''.
La interventora se basa en el informe del secretario municipal que manifestaba, a su vez: ''Vista la Providencia de Alcaldía firmada en fecha 22 de marzo de 2019, por la que se solicita a Secretaría informe sobre la legislación aplicable y procedimiento a seguir en relación al complemento de productividad. El presente informe se emite de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. BOE n.º 67, de 17/03/2018'' y repasa la legislación aplicable:
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL).
R.D. 861/1986, de 18 de abril, sobre Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local (R.D.861/1986).
En relación con la productividad, dispone el artículo 5 del RD 861/1986 que "1. El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo
En el informe de secretaría, se señala que ''la apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7. 2.b) de esta norma. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril. De conformidad con lo expuesto la distribución de la cuantía del complemento de productividad debe de responder a los criterios establecidos previamente por el Pleno, la apreciación de la productividad debe realizarse en función circunstancias objetivas. Es todo cuanto tengo que informar, no obstante la Corporación decidirá lo que estime conveniente''.
Es en base a este informe, cuando la interventora se muestra contraria al pago de las productividades pretendidas por el equipo de gobierno municipal.
IU nunca votó a favor
En este sentido, Izquierda Unida de Chiva recuerda que nunca votó a favor de las productividades que han llevado a los tribunales a varios concejales del gobierno municipal encabezado por Compromís -dos veces se abstuvieron y el resto votaron en contra-. Su portavoz, Manuel Clemente, quien también ha sido llamado a declarar, ha explicado a El Periódico de Aquí, que desde que la secretaria comenzó a emitir informes en contra de las productividades en el año 2016, tras una denuncia del Partido Popular, la formación de izquierdas siempre se posicionó en contra, absteniéndose como miembro de la anterior junta de gobierno. La formación ya sospechaba que lo que aprobaban sus compañeros podía ser ilegal, según fuentes de IU. ''Dos habilitadas nacionales, secretaria e interventora, te dicen por escrito que es pagos no proceden. ¿Qué hacemos? Pues desmarcarnos, obviamente'', han señalado las mismas. Los dos primeros meses de reparo, abril y mayo de 2016, se abstuvo. En junio de ese año se salió del equipo de gobierno y en la nueva legislatura, desde julio de 2019, siempre votó en contra.
Como adelantó en exclusiva el jueves El Periódico de Aquí, deberían haber ido a declarar por un presunto delito de prevaricación ayer jueves, pero ayer se aplazó hasta abril. Están en el punto de mira el alcalde de Compromís y más Chiva, Emilio Morales, así como varios concejales de la junta de gobierno de la anterior legislatura, por el pago de más de un millón de euros en productividades desde 2016, ascendiendo en 2020 a 400.000 euros, lo que podría acabar en penas de inhabilitación e incluso de cárcel.
Junto a Emilio Morales, tendrán que declarar su compañera de partido Cristina Suárez y Manu Clemente (EU); los dos concejales de Vecinos Independientes de Chiva, Fernando Casanova y Joaquín Furriol y la ex concejala Diana Oliva. Todos ellos formaban parte de la junta de gobierno de la anterior legislatura (2015-19) y continúan en la actualidad, excepto Diana Oliva.
Las diligencias previas son consecuencia de la denuncia del ex alcalde, José Manuel Haro, quien llevó a los tribunales lo que supondría un sobresueldo oneroso para las arcas municipales, que pagarían todos los vecinos empadronados y los propietarios de chalés en esta localidad de la comarca de la Hoya de Buñol, en el interior de la provincia de Valencia. Según se recogen en los fundamentos de derecho, ''los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de malversación''. Por esta razón, se admitió a trámite la querella y la práctica estaba señalada para esta misma mañana, pero fue retrasada a abril ayer por la tarde. En la misma, la jueza Nuria Martínez solicita al Ayuntamiento de Chiva la copia de los acuerdos de aprobación o ratificación de los complementos de productividad desde abril de 2016 a abril de 2019, incluyendo informes de secretaría e intervención.
La Corporación municipal está formada por 5 concejales de Compromís y más, PP (4), Chiva Unida (2 ediles), VINCHI (2), ADUC (2), Ciudadanos (1) y PSOE (1).
