El alcalde de Valencia, Joan Ribó, planteará una moción al Pleno municipal en su reunión ordinaria de la semana que viene con la voluntad de que el Ayuntamiento solicite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que quede sin vigencia el Plan de Ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento de Valencia.
El texto de la moción propone literalmente "solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que impulse las acciones legales para que aquellos municipios que después de haber cancelado la deuda del Fondo para la Financiación del Pago a los Proveedores, y haber enmendado en los dos ejercicios presupuestarios inmediatamente anteriores el incumplimiento de todas las condiciones establecidas por el artículo 3 del RDL 8/2014, queden sin vigencia los planes de ajuste correspondientes". Se trata de una medida que refleja la mejora de las cuentas públicas logradas en los últimos meses en función del giro en la gestión económica impulsado por el nuevo equipo de gobierno.
La primera operación de financiación del pago a proveedores se remonta al año 2011, con gobierno del Partido Popular, y por un total de 61,63 millones de euros, de los que 31,51 millones correspondían a gastos realizados sin crédito presupuestario. Pero dicha operación no logró sanear la deuda del consistorio con los proveedores, por lo que un año después, en 2012, se realizó una nueva operación (a amortizar en 10 años) por importe de 183,16 millones de euros, de los cuales 88,18 millones eran para pagar facturas y certificaciones correspondientes a facturas sin crédito presupuestario.
Tal como se explica en la moción que plantea el alcalde, el resultado de estas dos operaciones es que el Ayuntamiento transformó deuda comercial (244,79 millones de euros) en deuda financiera a largo plazo. Y, de esta cantidad, 119,69 millones eran "facturas en el cajón" correspondientes a gastos realizados sin presupuesto, es decir, no reflejadas en la contabilidad municipal. Con esta operación, en mayo de 2012 la deuda municipal alcanzó su máximo histórico, con 1.046 millones de euros y un porcentaje de deuda sobre los ingresos corrientes liquidados del 148 %.
Ante estas condiciones, el Plan de Ajuste 2012-2022 fue aprobado con el objetivo de garantizar la capacidad del Ayuntamiento de hacer frente a la carga financiera y a la amortización de la elevada deuda. El Plan, aún en vigor, obliga al Ayuntamiento a no concertar nuevas operaciones de endeudamiento (durante el período 2012-2022) y a amortizar 850 millones de euros de deuda en 10 años (80 millones de euros anuales de media). Todo ello supone que, en el año 2022, el volumen de deuda alcanzaría los 198 millones de euros, es decir, un 24 % de los ingresos corrientes actuales.
El alcalde ha lamentado "el malgasto y la irresponsabilidad en la gestión de los anteriores gobiernos municipales, y que continuaron con este plan de ajuste de 10 años, lo máximo permitido". "La consecuencia fue que todo ello hipotecó los recursos disponibles para realizar inversiones productivas, gastos adscritos al bienestar de los valencianos y las valencianas y crear empleo, comprometiendo el reembolso de la deuda un importe de recursos propios municipales muy por encima de lo necesario para cumplir con los objetivos fijados por la normativa de sostenibilidad financiera", ha denunciado.
Además, a partir de 2014 se procedió a refinanciar los préstamos concertados en 2012 para la financiación del pago a proveedores, pero ello no supuso la extinción del Plan de Ajuste, al superarse el porcentaje legal de deuda del 110 %, al no cumplir con la regla del gasto y al superar el periodo medio de pago a proveedores máximo de 30 días.
"Después de un año de la entrada del nuevo gobierno municipal, la situación a día de hoy es muy diferente", ha subrayado el alcalde Ribó. A día de hoy, el porcentaje de deuda del Ayuntamiento de Valencia, en cualquiera de sus formas de cálculo, está por debajo del límite legal del 110 %, el resultado en términos de estabilidad es de superávit, es decir, que se cumple la regla del gasto, y el período medio de pago a proveedores del mes de mayo pasado fue de 9,71 días, es decir, que se cumple ampliamente el plazo máximo establecido por la normativa sobre morosidad. Todo ello, así como la liquidación del ejercicio 2015 y los presupuestos municipales de 2016, confirman que el Ayuntamiento de Valencia cumple plenamente las condiciones exigidas por el artículo 3 del Real Decreto para declarar no vigente el Plan de Ajuste.
El equipo de gobierno se compromete a reducir la deuda los próximos años, dentro de parametros de sostenibilidad y eficiencia, que permita destinar suficientes recursos a inversiones productivas, a servicios para el bienestar de la ciudadanía y la creación de empleo.
