El concejal de Cultura Festiva de Valencia, Pere Fuset. EFELa sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la apertura de juicio contra el concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, Pere Fuset, y el presidente de una asociación de promotores musicales por el accidente mortal que sufrió en 2017 un operario en el montaje de gradas en el parque de Viveros.
Según consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Audiencia desestima los recursos de apelación interpuestos por los procesados y el Ayuntamiento y se confirma la continuidad de la causa judicial.
El pasado mes de noviembre la FiscalÃa solicitó el sobreseimiento de la causa contra el edil de CompromÃs -sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles subsidiarias del Ayuntamiento de València- por no considerarle responsable de este accidente mortal.
Los hechos que han dado lugar a la investigación ocurrieron el 27 de junio de 2017, cuando un operario que trabajaba en la construcción de unas gradas con capacidad para mil personas para los conciertos musicales de la Feria de Julio pisó una tabla que se venció y cayó desde una altura de 3 metros, se golpeó la cabeza y falleció unos dÃas después en un hospital de València. TenÃa 47 años, estaba casado y era padre de dos hijas.
En el auto de incoación de procedimiento abreviado el juez indicó que sobre Pere Fuset existen indicios racionales de que personalmente, no a través de sus técnicos, "exigió con un mÃnimo de antelación a la celebración del concierto premura en el montaje de las gradas".
En la resolución, el juez indica que existen también "indicios racionales de participación criminal en la causación del fallecimiento imprudente" por no haber exigido, añade, "la aportación a la empresa contratada que ocupó sin concurso parte del dominio público el estudio de seguridad laboral y salud del montaje de la obra".
La familia del trabajador fallecido en el accidente presentó un escrito de acusación en el que reclama cinco años de prisión para el concejal: tres por homicidio imprudente y dos por un delito contra los trabajadores.
