El alcalde de Albal, Ramón MarÃ, ha acudido esta mañana al "Fòrum valencià per a l'abolició de la prostitució" celebrado en Mislata y convocado por la Conselleria de JustÃcia, Interior y Administración Pública, presidido por la consellera Gabriela Bravo, junto al alcalde anfitrión Carlos Fernández Bielsa
y el Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
(FVMP), Rubén Alfaro.
En el acto, los mandatarios han puesto como
ejemplo al Ayuntamiento de Albal, como municipio pionero en la lucha por
la erradicación de la prostitución y contra la trata de mujeres y
niñas. Junto a Quart de Poblet, ambos de l'Horta Sud, han sido los primeros en aprobar la ordenanza "de la dignidad", en palabras de la consellera. Sendas mociones multan a los puteros, eximiendo a las mujeres prostituidas. Gracias a esta medida, el consistorio de Ramón MarÃ
ha cazado ya a 20 hombres que pagaban por sexo o mientras mantenÃan
relaciones en la localidad, ocho de ellos ya la han abonado.
Para la consellera de JustÃcia
"Albal y Quart de Poblet son la cara, mientras Alicante la cruz",
refiriéndose al texto de la alicantina como "la ordenanza de la
vergüenza que castiga a las mujeres prostituidas". Gabriela Bravo ha
pedido el apoyo colectivo de los mandatarios presentes en el acto para
"erradicar la explotación y la violencia de género que se ejerce contra
estas mujeres", criticando duramente el negacionismo cuando existen
informes que aseveran que "el 80% de los hombres ha pagado alguna vez
por sexo".
El presidente del consistorio de Albal ha movido ficha nada más volver al Ayuntamiento,
donde ha dado instrucciones para que el nuevo modelo presentado hoy por
Gabriela Bravo se debata en la primera sesión informativa que se
celebra en la población el lunes 16 de mayo y llevar a cabo la
modificación de la ordenanza actual, que fue aprobada en septiembre de
2020. Al aplicar el nuevo modelo, Albal se sumarÃa al incremento de la
sanción propuesto por la Generalitat Valenciana y que pasará de 800
euros a 1500 euros (en el caso de las sanciones leves) y cobrará hasta
3.000 por las graves en caso de que se apruebe en el pleno del 19 de
mayo. La consellera de Justicia, que ha despachado brevemente con Ramón Marà en el acto,
lo ha emplazado a mantener una reunión junto a ella y al director
general de reformas democráticas y acceso a la Justicia, José GarcÃa Añón.