Sancho, defendiéndose en un pleno municipal de Canet como vecino. EPDA
José Antonio Sancho Sempere, ex secretario general, ex interventor y ex jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, ha tenido que declarar nuevamente como investigado ante un juzgado de instrucción de Valencia, esta vez acusado por la comisión de los delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa procesal y falsedad documental dentro de la nueva causa instada contra el clan familiar capitaneado por Sancho en el mayor escándalo de corrupción en la administración local ocurrido en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
La declaración en sede judicial de Sancho Sempere, como siempre, está plagada de mentiras, falacias y contradicciones, las mismas que ha venido repitiendo, una y otra vez, en los distintos juicios celebrados hasta ahora en la conocida como "trama de las asesorías", creada por el ex secretario municipal para esquilmar fondos públicos del Ayuntamiento de Canet, pero también de otras corporaciones y entidades de carácter público como el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y EGEVASA.
Mantiene el capo de la trama (condenado ya varias veces por sentencias firmes por delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos) que él era un "mero miembro colaborador" de la Academia Valenciana de Juristas, definiendo ese cargo como aquella persona que colabora con los intereses de la asociación.
Este embuste se contradice frontalmente con la sentencia de conformidad firme condenatoria del Juzgado de lo Penal n.º 18 de Valencia, de fecha 21 de julio de 2022 (D.P. 4797/2013, pieza Canet), que, con relación a los delitos cometidos por Sancho Sempere en el Ayuntamiento de Canet, dice:
"Para ocultar su condición de director de la Academia Valenciana de Juristas, puso al frente de la misma a tres profesionales del Derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la Academia Valenciana de Juristas con sus clientes. Se encargaron, siguiendo las indicaciones del acusado, de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la academia. Estos tres profesionales, así como otras personas ajenas, fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la Academia Valenciana de Juristas, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado."
Sigue afirmando Sancho Sempere que él nunca tuvo potestad de disposición sobre la cuenta de la Academia Valenciana de Juristas y afirma que, entre los años 2000 a 2007, la única persona que tenía todos los poderes de disposición sobre dicha cuenta era el presidente de la asociación, José Ramón Llopis Cotanda, que además tomó parte en todas las decisiones y trabajos de la academia.
Afirma que luego, entre 2007 y 2015, quien tenía toda la potestad de disposición sobre dicha cuenta bancaria era el nuevo presidente, Juan Jesús Gilabert Mengual, que también participó en todas las decisiones y trabajos de la Academia Valenciana de Juristas.
Con respecto al letrado José Ramón Llopis Cotanda, se alega que elaboró una serie de facturas emitidas por la Academia Valenciana de Juristas al Ayuntamiento de Canet entre los meses de marzo y octubre de 2009, cuando dicho letrado, según la Policía Judicial, dejó el despacho en el año 2008.
Sancho Sempere implica también al letrado Ignacio Sancho Moscardó y dice que no solo fue uno de los fundadores de la academia, sino que también participó en todas las decisiones y trabajos que realizó y cobró la misma.
Sin embargo, los citados letrados José Ramón Llopis Cotanda, Juan Jesús Gilabert Mengual e Ignacio Sancho Moscardó, como reconoció el propio Sancho Sempere en la sentencia de conformidad penal de fecha 21 de julio de 2022, fueron nombrados en sus respectivos cargos como meros "floreros" por Sancho Sempere. Así lo demuestran también los informes elaborados por la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil, que afirma que tales letrados y otros posteriores nombrados por Sancho fueron meros instrumentos engañados por el secretario para ocultar que él era el verdadero dueño de la academia, para engañar también a los alcaldes de Canet y para que contrataran su "chiringuito" personal, es decir, la academia, y así llevarse todo el dinero que pudiera esquilmar.
Así consta en un informe de la Policía Judicial del año 2015, que afirma en los apartados 2.3, 2.4 y 2.5 los siguientes hechos:
a) Que, aunque la única persona autorizada a librar órdenes de pago era el presidente de la entidad, Juan Jesús Gilabert Mengual, era el querellado José Antonio Sancho Sempere quien ejercía el control real sobre la cuenta de la Academia Valenciana de Juristas, y que existía una dependencia laboral del señor Gilabert con Sancho Sempere.
b) Que, aunque Sancho Sempere no figurara como titular en la cuenta bancaria de la academia, ello no impedía que el dinero fluyera por el entramado empresarial controlado por él.
c) Que hay una serie de movimientos bancarios de dinero de la cuenta de la Academia Valenciana de Juristas a favor de la empresa Millena III Milenio, constando que Sancho Sempere es el administrador único de dicha sociedad, donde además aparece como autorizado en ocho cuentas.
Sancho Sempere afirma en su declaración que su hija, Carmen Sancho González, no ha tenido nunca nada que ver con la Academia Valenciana de Juristas.
Se comprobó, con relación al contrato de servicio de asistencia jurídica de fecha 6 de mayo de 2011, que el día 1 de marzo de 2011 Carmen Sancho González inició el expediente 14/2011/CON, expediente de contratación administrativa entre el Ayuntamiento de Canet de Berenguer y la entidad Academia Valenciana de Juristas. En aquel momento era alcalde Octavio Herranz López, secretario-interventor del Ayuntamiento José Antonio Sancho Sempere y funcionaria encargada de la tramitación Carmen Sancho González.
Se comprobó igualmente que, en relación a tal expediente, fue doña Carmen Sancho González quien realizó el informe de contratación el 25 de marzo de 2011, emitiéndose el correspondiente informe por parte del secretario general (el querellado) el 28 de marzo de 2011.
Se comprobó que se había solicitado la oferta de al menos tres empresas capacitadas para realizar el objeto del contrato, siendo la propia querellada, doña María Carmen Sancho González, quien firmó personalmente las cartas de invitación que se dirigieron a don José Antonio Yborra Limorte (amigo personal de su padre), a "José Antonio Sancho Sempere SLP" (empresa de su padre), con domicilio en la calle Palau 13, puerta 10 (domicilio de sus padres), y a "Academia Valenciana de Juristas", empresa también de su padre, con domicilio trasladado a la calle Almirante 1-B, 2º derecha.
La persona que recogió las notificaciones el 26 de abril de 2011 respecto a las dos últimas entidades fue la misma: M.A. Agelan.
El bufete Yborra presentó escrito declinando la oferta y lo mismo hizo la entidad "José Antonio Sancho Abogados SLP".
Fue la Academia Valenciana de Juristas la que finalmente logró la adjudicación del contrato.
Todo lo últimamente referido consta en el reiterado documento elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.
Se comprobó que, mediante decreto del alcalde de 4 de mayo de 2011, se adjudicó el contrato de asistencia jurídica a Academia Valenciana de Juristas, siendo Carmen Sancho González quien firmó las correspondientes notificaciones a las entidades que habían licitado.
Se comprobó que Carmen Sancho González intervino también en el expediente de contratación de 2013, que concluyó con la firma de un nuevo contrato de asistencia jurídica de fecha 25 de mayo de 2013. Así consta su intervención en el procedimiento de incoación firmado por el alcalde.
La Fiscalía, en fecha 23 de julio de 2021 y con respecto a Carmen Sancho González, la consideró autora por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa y otro de abuso en el ejercicio de sus funciones.
Alega también Sancho Sempere, en su declaración en sede judicial como investigado, que su esposa, Amparo González Sanchis, tampoco tiene ninguna relación con los contratos de asesoramiento legal suscritos entre el Ayuntamiento de Canet y la empresa Academia Valenciana de Juristas.
Se comprobó que esta persona, Amparo González Sanchis, era la esposa de Sancho Sempere, compartiendo domicilio particular con el señor Sancho en la ciudad de Valencia, calle Palau, número 13, 5º puerta 10 (46003).
Se detectó que es abogada en ejercicio y que su despacho profesional en ese momento era el sito en la ciudad de Valencia, calle Almirante 1, bajo derecha, y así figura como abogada ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
Se supo que en ese mismo domicilio profesional también figuran como radicadas empresas privadas fundadas por su marido, el querellado señor Sancho Sempere, y en concreto la Academia Valenciana de Juristas.
Se conoció que, además, la señora González Sanchis era miembro de pleno derecho y trabajadora de una de las empresas privadas del entramado creado por su marido. En concreto, figuraba de alta en la Federación Profesional Valenciana y percibía ingresos de dicha entidad.
Se detectó que Amparo González Sanchis era secretaria de la Asociación Agropecuaria de la Serranía, otra de las asociaciones privadas de su marido, creadas presuntamente para desviar fondos de sus actividades ilícitas, como por ejemplo el ingreso de la cantidad de 100.000 euros realizada por su marido mediante apertura bancaria de una imposición de dinero.
Se comprobó que era la madre de la querellada Carmen Sancho González, quien, como se ha dicho, trabajaba como funcionaria del Ayuntamiento de Canet en el Departamento de Contratación como técnica de administración general.
Se comprobó que, en fecha 3 de mayo de 2013, la señora Amparo González Sanchis recibió una invitación para la adjudicación de un contrato de asistencia jurídica del Ayuntamiento de Canet y que declinó la invitación por escrito con fecha 10 de mayo de 2013.
Se supo que era la persona encargada por su marido para tener al día la contabilidad de todas las empresas creadas por él para enriquecerse mediante operaciones fraudulentas. Así queda acreditado en el folio 45 del informe elaborado por la Comandancia de la Guardia Civil que se aporta a la presente querella:
"A través de otra conversación, Amparo González Sanchis habla con un tal Luis Gago, de Almería, acerca de deudas que mantienen ciertos ayuntamientos de Andalucía con el Consorcio Pangea Arco Mediterráneo, así como que este va a participar en la gestión para el cobro de esas deudas".
"Existen varias conversaciones en las que la esposa de José Antonio Sancho Sempere, Amparo González Sanchis, habla con una persona conocida como Andrés, que trabaja en la mercantil Macro Asesores, dedicada, según se desprende de las conversaciones telefónicas, a la asesoría fiscal. Puede observarse que Amparo González Sanchis habla con Andrés sobre temas de contabilidad de varias de las personas jurídicas que tienen su razón social en la calle Almirante número 1 de Valencia".
Sancho Sempere afirmó en su declaración ante el juez que desconoce quién validó o conformó todas las facturas que presentó al cobro la Academia Valenciana de Juristas al Ayuntamiento de Canet por los servicios de asesoramiento legal.
Esto resulta contradicho por las numerosas pruebas elaboradas por la Guardia Civil que acreditan que entre las personas que conformaron tales facturas se encuentra el propio Sancho Sempere, quien, siendo secretario general del Ayuntamiento de Canet, validaba sus propias facturas de la Academia Valenciana de Juristas para que fueran pagadas por el Ayuntamiento y llevarse el dinero a su patrimonio personal.
"Se emite el siguiente informe a petición del Sr. Alcalde, de acuerdo con el procedimiento de diligencias previas nº 004797/2013-E del Juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia.
Las facturas relacionadas a continuación, en las cuales realicé la labor atribuida a la intervención con carácter accidental, se tramitaron por los servicios gestores correspondientes como contratos menores individuales. Estos consisten en la recepción de la factura unida a su correspondiente decreto de aprobación del alcalde o concejal delegado, autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación, de acuerdo con el artículo 56 del RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La actuación de la Intervención en estos casos se limita a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto en vigor, de acuerdo con los artículos 214 y 219 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Posteriormente se ordena su pago por el alcalde y pago final por la Tesorería".
• Factura 103/2010: 3.062,40 euros
Conformada la factura por el secretario José Antonio Sancho Sempere y aprobada por decreto del alcalde Octavio Herranz López, autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación, fiscalización limitada por la intervención a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto en vigor, su posterior ordenación del pago por el alcalde Octavio Herranz López y pago final por la Tesorería.
El 18 de octubre de 2011 se detecta una transferencia por valor de 3.062,40 euros desde la cuenta titularidad del Ayuntamiento de Canet con destino a la cuenta XXXX, de la que es titular José Antonio Sancho Sempere, concepto: "factura 103/2010 asesoría jurídica".
El 19 de octubre de 2011 se detecta una transferencia por valor de 3.062,40 euros desde la cuenta XXX, de la que es titular José Antonio Sancho Sempere, a la cuenta XXX, de la que también es titular José Antonio Sancho Sempere.
Este movimiento encadena la trazabilidad de los fondos desde el Ayuntamiento de Canet hasta una cuenta privada de Sancho Sempere, y por tanto desmiente su afirmación en sede judicial de que él no tenía relación alguna con la empresa Academia Valenciana de Juristas.
El propio Sancho reconoce haber creado esta empresa y otras muchas con la única finalidad de canalizar el dinero que obtenía del Ayuntamiento, y que luego ingresaba en sus propias cuentas privadas.
• Prevaricación administrativa
• Malversación de caudales públicos
• Tráfico de influencias
• Fraude a la administración
• Falsedad en documento público
• Abuso en el ejercicio de la función pública
Estos hechos fueron también denunciados públicamente por la Plataforma de Afectados por el Caso Imelsa, que ha seguido las investigaciones judiciales como acusación popular, y que ya advirtió en 2015 que Sancho Sempere seguía ejerciendo cargos de responsabilidad en diferentes administraciones pese a su implicación en múltiples tramas de corrupción.
Informe sobre el contrato de servicio de asistencia jurídica y vinculaciones familiares
• Se comprobó que, con relación al contrato de servicio de asistencia jurídica fechado el 6 de mayo de 2011, el día 1 de marzo de 2011 Carmen Sancho González inició el expediente 14/2011/CON, expediente de contratación administrativa entre el Ayuntamiento de Canet de Berenguer y la entidad Academia Valenciana de Juristas (AVJ). En ese momento, el alcalde era Octavio Herranz López, el secretario interventor del Ayuntamiento José Antonio Sancho Sempere y la funcionaria encargada de la tramitación Carmen Sancho González.
• Se verificó igualmente que fue doña Carmen Sancho González quien realizó el informe de contratación el 25 de marzo de 2011, emitiéndose el correspondiente informe por parte del secretario general (el querellado) el 28 de marzo de 2011.
• Se constató que se solicitaron ofertas a al menos tres empresas capacitadas para realizar el objeto del contrato, siendo la propia Carmen Sancho González quien firmó personalmente las cartas de invitación dirigidas a:
• Don José Antonio Yborra Limorte (amigo personal de su padre).
• "José Antonio Sancho Sempere SLP" (empresa de su padre), con domicilio en la calle Palau 13, puerta 10 - domicilio de sus padres.
• "Academia Valenciana de Juristas" (empresa de su padre), con domicilio trasladado a la calle Almirante 1 B, 2º derecha.
La persona que recogió las notificaciones el 26 de abril de 2011 respecto a las dos últimas entidades fue la misma: M. A. Agelan.
El bufete Yborra presentó escrito declinando la oferta, al igual que la entidad "José Antonio Sancho Abogados SLP". Finalmente, fue la "Academia Valenciana de Juristas" la que logró la adjudicación del contrato.
Todo lo anterior consta en el documento elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.
• Mediante decreto del alcalde del 4 de mayo de 2011 se adjudicó el contrato de asistencia jurídica a la Academia Valenciana de Juristas, siendo Carmen Sancho González quien firmó las correspondientes notificaciones a las entidades que habían licitado.
• Se comprobó que Carmen Sancho González intervino también en el expediente de contratación de 2013, que concluyó con la firma de un nuevo contrato de asistencia jurídica fechado el 25 de mayo de 2013, constando su intervención en el procedimiento de incoación firmado por el alcalde.
• La Fiscalía, en fecha 23 de julio de 2021, consideró a Carmen Sancho González autora por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa y otro de abusos en el ejercicio de sus funciones.
Participación de Amparo González Sanchis
José Antonio Sancho Sempere alegó en su declaración judicial que su esposa, Amparo González Sanchis, no tenía ninguna relación con los contratos de asesoramiento legal suscritos entre el Ayuntamiento de Canet y la Academia Valenciana de Juristas.
Sin embargo, las investigaciones policiales y judiciales arrojaron las siguientes conclusiones:
• Amparo González Sanchis es esposa de Sancho Sempere, y ambos compartían domicilio particular en la ciudad de Valencia, calle Palau número 13, 5º PTA 10 (46003).
• Es abogada en ejercicio, con despacho profesional en la ciudad de Valencia, calle Almirante 1, bajo derecha, figurando como colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
• En ese mismo domicilio profesional figuran radicadas empresas privadas fundadas por su marido, en concreto la Academia Valenciana de Juristas.
• Amparo González Sanchis era miembro de pleno derecho y trabajadora de una de las empresas privadas del entramado creado por su marido, la Federación Profesional Valenciana, percibiendo ingresos de dicha entidad.
• Era secretaria de la Asociación Agropecuaria de la Serranía, otra de las asociaciones privadas del marido, utilizada presuntamente para desviar fondos, como el ingreso de 100.000 euros realizado por Sancho Sempere mediante una imposición bancaria.
• Es madre de la querellada Carmen Sancho González y trabajaba como funcionaria del Ayuntamiento de Canet en el Departamento de Contratación como técnica de administración general.
• El 3 de mayo de 2013, Amparo González Sanchis recibió una invitación para la adjudicación de un contrato de asistencia jurídica del Ayuntamiento de Canet, invitación que declinó por escrito el 10 de mayo de 2013.
• Se supo que era la persona encargada, por orden de su marido, de llevar al día la contabilidad de todas las empresas creadas para el enriquecimiento fraudulento. Así queda acreditado en el Folio 45 del informe de la Guardia Civil, que incluye conversaciones telefónicas que demuestran su gestión contable y administrativa.
Declaraciones y contradicciones en sede judicial
Sancho Sempere declaró ante el juez que desconocía quién validó o conformó las facturas presentadas por la Academia Valenciana de Juristas al Ayuntamiento de Canet por servicios de asesoramiento legal.
Esta declaración se contradice con las pruebas de la Guardia Civil, que acreditan que entre las personas que conformaron tales facturas se encuentra el propio Sancho Sempere. Como secretario general del Ayuntamiento de Canet, validaba sus propias facturas para que fueran pagadas por el Ayuntamiento y el dinero terminara en su patrimonio personal.
Informe oficial del Ayuntamiento sobre facturas a la Academia Valenciana de Juristas
"Se emite el siguiente informe a petición del Sr. Alcalde, de acuerdo con el procedimiento de diligencias previas nº 004797/2013-E del Juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia.
Las facturas relacionadas a continuación, en las cuales realicé la labor atribuida a la Intervención como interventora accidental, se tramitaron por los servicios gestores correspondientes como contratos menores individuales, consistentes en la recepción de la factura unida a su correspondiente decreto de aprobación del alcalde o concejal delegado, autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación, de acuerdo con el artículo 56 del RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La actuación de la Intervención se limitó a comprobar la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente, según los artículos 214 y 219 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales. Posteriormente se ordenó el pago por el alcalde y el pago final por la Tesorería."
Relación de pagos a la Academia Valenciana de Juristas:
• Factura 103/2010: 3.062,40 euros.
Conformada por el secretario José Antonio Sancho Sempere y con decreto de aprobación del gasto por el alcalde Octavio Herranz López.
Transferencias internas y movimientos bancarios comprobados
Sancho Sempere afirmó falsamente en su declaración que no tenía constancia de ninguna transferencia de la Academia Valenciana de Juristas a sus empresas privadas.
No obstante, la Policía Judicial comprobó y tiene acreditado lo siguiente:
• Transferencias internas por 165.000 euros de la Academia Valenciana de Juristas a la Federación Profesional Valenciana.
• Transferencia por 227.137 euros de la Academia Valenciana de Juristas a Millena III Milenio, ambas controladas por Sancho Sempere. En autos obra documentación bancaria que acredita transferencias por más de 390.000 euros a sociedades bajo su control: Federación Profesional Valenciana y Millena III Milenio.
• Cheque fechado el 15/04/2010 por 100.100 euros de la Academia Valenciana de Juristas a favor de la Federación Profesional Valenciana, prueba de que Sancho Sempere ordenó la transferencia en favor de la Federación, entidad que también controlaba, dirigía y gestionaba. Esta maniobra habría tenido como finalidad la presunta distracción para que el patrimonio de la Academia Valenciana de Juristas fuera a parar al patrimonio personal del exsecretario condenado por corrupción.
Los cinco informes de la Guardia Civil (2013–2015) evidencian:
• Existencia de transferencias AVJ → FPV y AVJ → Millena.
Las órdenes de pago reproducidas muestran que los fondos salieron directamente de la cuenta xxxxxxxxxxxxxx222 de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) y se abonaron en las cuentas de la Federación Profesional Valenciana (FPV) y de Millena. La suma coincide con las cantidades señaladas (165.000 € y 227.137,11 €). Esta evidencia niega de plano la alegación de que "no existe transferencia".
• Beneficio personal acreditado.
Una parte del dinero transferido a Millena revierte al propio Sancho Sempere, lo que inaugura indicios sólidos de apropiación o administración desleal.
• Unidad de dirección y confusión patrimonial.
El hecho de que el investigado actúe como gerente de la Federación Profesional Valenciana, comparta domicilio social con la AVJ y figure como administrador único de Millena III Milenio sitúa todas las entidades bajo su dominio efectivo, reforzando la apariencia de un uso instrumental de las mismas para desviar recursos.
La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere ha valorado la declaración en el sentido de que esta fortalece la acusación penal contra Sancho Sempere, su hija Carmen Sancho Sempere y su esposa Amparo González Sanchis. Esto no solo con respecto a las acciones judiciales ya emprendidas contra el clan familiar, sino también en relación con las que podrían impulsarse en el futuro, a la luz de las afirmaciones y hechos revelados por Sancho en sede judicial.
La declaración de José Antonio Sancho Sempere: un espejismo de inocencia ante la sombra de la corrupción asociativa
Un portavoz de la plataforma señala:
"La declaración de Sancho Sempere, extensa en detalles pero evasiva en responsabilidades, plantea más preguntas que respuestas. Sancho proyecta la imagen de un hombre que pretende pasar por testigo pasivo de una trama corrupta y compleja, cuando en realidad ha sido durante años una figura constante y de influencia, aunque pretenda minimizar su rol como simple colaborador de su chiringuito privado, la Academia Valenciana de Juristas".
Sancho Sempere se define, con insistencia, como "miembro colaborador", alguien sin poder real de decisión, sin acceso a las cuentas, sin firma autorizada en la asociación, sin vínculo con la contratación de su hija ni de su esposa, sin injerencia en la emisión de facturas ni en la administración del dinero.
Sin embargo, esta autolimitación de funciones resulta incompatible con su nivel de implicación y conocimiento de los entresijos de la AVJ, la Federación Profesional Valenciana y la sociedad Milenio Tercer Milenio. Así lo reflejan los informes de la Guardia Civil y las investigaciones del Juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia.
Más aún: su declaración revela un conocimiento meticuloso de los movimientos internos, cuentas bancarias, fechas clave y nombres de firmantes. Algo que ningún "mero colaborador" podría conocer sin haber tenido una posición central en la organización.
El esfuerzo por desligarse de toda gestión operativa del entramado corrupto roza la caricatura.
Una constante en la declaración de Sancho Sempere es la proyección de culpa hacia terceros: que si las facturas las firmaba el presidente Gilabert Mengual, que si los actos fueron organizados por "autonombrados", que si la contratación de personal fue decisión ajena, que si las cuentas eran manejadas por otros.
Curiosamente, nunca hay una explicación clara de por qué, si conocía todas esas irregularidades, no denunció internamente ni ante las autoridades lo que ahora describe como prácticas ilegítimas.
La omisión deliberada, el silencio cómplice o la inacción ante lo que describe como una usurpación por parte de terceros convierten al declarante no en una víctima, sino en un autor directo y cooperador necesario, por tolerancia o conveniencia.
Sancho Sempere dedica gran parte de su defensa a desacreditar una supuesta "acta falsificada" por parte de los letrados que él mismo nombró como miembros de la Academia, argumentando que estos no eran miembros legítimos de la asociación.
Además, su defensa elude profundizar en cómo se permitió, durante tantos años, un funcionamiento oscuro: sin transparencia contable, sin trabajadores contratados formalmente hasta 2014, sin actas claras de gestión ni auditorías independientes.
La asociación funcionó como un club cerrado y particular de Sancho Sempere, sin control público y con una opacidad incompatible con cualquier mínima ética asociativa.
4. La contratación de familiares y los conflictos de interés
Uno de los puntos más graves que intenta minimizar Sancho Sempere es la vinculación laboral y contractual de su hija y su esposa con la asociación y con instituciones públicas como el Ayuntamiento de Canet. Aunque niega categóricamente su implicación, las pruebas lo delatan: su hija trabajaba para un ayuntamiento con contratos ligados a la Academia Valenciana de Juristas, y él compartía sede, sellos y correspondencia con entidades entrelazadas.
Negar el conflicto de interés aquí no es solo temerario, es insultar la inteligencia jurídica. En ética pública, la mera apariencia de irregularidad ya exige responsabilidades.
5. Un escenario de estructuras paralelas y solapamientos dudosos
El uso del mismo despacho para albergar a la Academia Valenciana de Juristas, Milenio Tercer Milenio y la Federación Profesional Valenciana -todas controladas y dirigidas personalmente por el propio Sancho Sempere- permitió al corrupto y condenado secretario campar a sus anchas, hacer lo que le viniera en gana y utilizar a su antojo todo cuanto se movía o trabajaba en su despacho profesional.
6. La defensa basada en el olvido selectivo
Ante preguntas clave, Sancho Sempere recurre repetidamente a la fórmula del "no lo recuerdo". No recuerda quién firmó cheques, quién conformó facturas, quién contrató empleados ni a quién se entregaron recursos. Esta actitud, tan común en declaraciones defensivas, mina la credibilidad del declarante y evidencia una estrategia deliberada de evasión.
Un abogado con décadas de experiencia no olvida detalles relevantes sobre las actividades en las que ha participado durante más de una década, especialmente cuando ha estado vinculado a temas que involucran cientos de miles de euros y una posible trama de corrupción institucional.
La declaración de José Antonio Sancho Sempere no es un testimonio de inocencia, sino una narrativa defensiva construida con ambigüedades, omisiones y culpas desplazadas. Es el retrato de un modelo asociativo opaco, con estructuras de corrupción donde los límites entre lo privado y lo público, lo personal y lo institucional, lo legal y lo éticamente dudoso, han sido constantemente difuminados.
Sancho Sempere, lejos de ser un testigo ajeno, ha sido pieza clave en este entramado. Su responsabilidad, al menos desde el punto de vista ético y organizativo, es innegable. Queda ahora en manos de la Justicia determinar si también lo es penalmente.
La P.A.S.S. como actor clave en la lucha contra la corrupción
La P.A.S.S. ha logrado posicionarse como un actor clave en la lucha contra la corrupción en Canet, inspirando a otros colectivos a organizarse contra casos similares. Su enfoque en la participación ciudadana, la recopilación de pruebas y el apoyo a acciones judiciales ha generado una ventana de esperanza para los afectados, que durante años se sintieron ignorados por las instituciones.
"Se siguen recibiendo informaciones relevantes sobre todo este gran escándalo de corrupción en el Ayuntamiento de Canet, y miembros de la plataforma estudian y analizan cada una de las informaciones que van llegando", ha señalado el portavoz, quien agrega que en el futuro la plataforma planea:
• Ampliar su alcance: buscará incorporar a más afectados de otros municipios y entidades perjudicadas por la trama, como Egevasa y el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.
• Presionar por reformas estructurales: abogará por cambios legislativos que fortalezcan la transparencia y los controles en la administración pública local.
• Fomentar la colaboración ciudadana: con la apertura de canales de comunicación, la P.A.S.S. espera recibir más testimonios y pruebas que refuercen las investigaciones en curso.
Todo lo cual induce a pensar que el mayor escándalo de corrupción en la Comunidad Valenciana referido a la administración local, lejos de concluir, parece que apenas se inicia, a la espera de que las investigaciones judiciales avancen y, de una vez por todas, sepamos toda la verdad.
José Antonio Sancho Sempere, exsecretario del Ayuntamiento de Canet y cabeza visible de la llamada "trama de las asesorías", se enriqueció durante años a costa de ayuntamientos y entidades públicas, y consiguió ser titular de 57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, 82 fincas rústicas, un yate privado y vehículos de alta gama que fueron a parar a su patrimonio personal, según descubrió la sección de delitos económicos de la Policía Judicial.
