Un instante del pleno. - EPDA
El alcalde de Canet, Pere Antoni. EPDAEl pleno de Canet sobre corrupción convertido en un remake de Alicia en el PaÃs de las Maravillas. La Plataforma de Afectados por las acciones ilÃcitas de José Antonio Sancho Sempere ha emitido un duro comunicado tras la celebración del pleno extraordinario celebrado el 27 de marzo de 2026 en Canet d'en Berenguer, al que califica de "bochornoso espectáculo de cinismo polÃtico". Según la entidad, el alcalde Pere Antoni Chordá y el concejal Eduardo Almor protagonizaron una sesión que, lejos de aclarar las denuncias de corrupción, se convirtió en un acto de descrédito hacia ciudadanos denunciantes y medios de comunicación.
De acuerdo con la Plataforma, el pleno apenas dedicó diez minutos reales a los puntos del orden del dÃa, los cuales estaban formulados con "códigos técnicos indescifrables" que, a su juicio, ocultaban deliberadamente irregularidades bajo investigación judicial, fiscal y administrativa. En lugar de ofrecer explicaciones sobre presuntos casos de enchufismo, malversación de fondos públicos y abuso de poder, los responsables municipales habrÃan centrado sus intervenciones en descalificar las informaciones publicadas por prensa nacional y local, calificándolas de "bulos y noticias falsas".
El comunicado critica además que ambos dirigentes adoptaran un tono "mitinero", arremetiendo contra el denunciante principal y otras voces crÃticas, mientras defendÃan una visión "idÃlica" del municipio, negando cualquier paralelismo con entornos marcados por la corrupción. Para la Plataforma, esta actitud constituye "un insulto a la inteligencia de los vecinos", especialmente en un contexto en el que denuncian un elevado gasto público en dietas y salarios.
En este sentido, la organización recuerda que Canet d'en Berenguer arrastra, según su versión, un historial de irregularidades que se remonta a 25 años, vinculado a la etapa del ex secretario municipal, José Antonio Sancho Sempere, quien acabó en la cárcel, donde tuvo que jubilarse. La denominada "trama de la Academia Valenciana de Juristas" habrÃa supuesto, según el comunicado, un perjuicio económico de al menos 10 millones de euros mediante facturas falsas y contratos presuntamente amañados, con procedimientos judiciales aún abiertos en distintos juzgados.
La Plataforma sostiene que el actual alcalde, en el cargo desde 2019, no solo habrÃa heredado esta situación, sino que la habrÃa perpetuado al ignorar advertencias de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF). Entre los casos señalados destaca el ascenso de José RodrÃguez Jurado, que habrÃa pasado de C1 a A1 pese a recomendaciones en contra, lo que, según afirman, ha derivado en diligencias penales por presunta prevaricación y malversación.
Respecto a Eduardo Almor, vicealcalde y portavoz municipal, el comunicado lo define como "cómplice" de la gestión actual, acusándolo de respaldar la narrativa del equipo de gobierno y de eludir responsabilidades. Asimismo, se alude a supuestas vinculaciones familiares con decisiones adoptadas en etapas anteriores relacionadas con la mencionada trama, asà como a presuntas aspiraciones polÃticas para acceder a la alcaldÃa.
La Plataforma también pone el foco en la actuación de la AVAF y la FiscalÃa, señalando que ambas instancias ya investigan irregularidades en promociones internas y posibles conexiones con estructuras polÃticas de ámbito superior. En paralelo, denuncian que la respuesta del equipo de gobierno se limita a ataques personales en lugar de aportar explicaciones.
Otro de los puntos centrales del comunicado es el gasto municipal en personal, que cifran en "tres de cada cuatro euros" del presupuesto, lo que consideran un uso desproporcionado de recursos públicos en detrimento de servicios esenciales e inversiones. A su juicio, esta situación convierte el Ayuntamiento en "una piñata para leales" en lugar de una institución al servicio de la ciudadanÃa. Todo gracias al carÃsimo Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que pagan los propietarios en la zona de la playa.
Finalmente, la Plataforma declara que el actual equipo de gobierno ha perdido toda legitimidad tras años de denuncias sin respuesta polÃtica, subrayando que solo la actuación de la justicia permitirá esclarecer los hechos. En este contexto, exigen dimisiones inmediatas y rechazan la celebración de nuevos plenos que califican de "pantomimas".
El comunicado concluye con un mensaje contundente: la responsabilidad polÃtica y judicial, afirman, acabará imponiéndose, y el municipio podrá recuperar su imagen institucional una vez se depuren los hechos investigados.
Versión del Ayuntamiento
Por su parte, el equipo de gobierno de Canet d'en Berenguer calificó las acusaciones como una "campaña de desprestigio"
impulsada por intereses económicos y personales vinculados al conflicto judicial entre antiguos socios de la Academia Valenciana de Juristas.
El alcalde Pere Antoni Chordá y el concejal Eduardo Almor defendieron la gestión municipal, destacando que la mayorÃa de las solicitudes de información presentadas por la Plataforma -89 instancias en seis meses- se han contestado o declarado inadmitidas por abuso de derecho. Recordaron además que los pagos judiciales realizados a la Academia Valenciana de Juristas, por casi 120.000 euros, se llevaron a cabo "por imperativo legal" y que la supervisión de la Agencia Valenciana Antifraude no ha detectado irregularidades graves en la gestión actual, subrayando que solo 12 de cerca de 57.000 expedientes desde 2019 han generado denuncias, la mayorÃa archivadas sin sanción. El Ayuntamiento no descarta emprender acciones legales para proteger su reputación y lamenta que la imagen de Canet se vea vinculada a acusaciones sin base.
