María José Catalá. EPDALa portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha manifestado hoy, cuando se cumple un año de la estafa en la EMT, que "es inaceptable que nadie haya asumido la responsabilidad política de este suceso, que provocó que se perdieran 4 millones de euros de todos los valencianos".
Catalá ha criticado "la opacidad" del alcalde Ribó y su equipo de gobierno" por no informar a los consejeros del PP sobre sentencia de un Tribunal de Hong Kong que condena a dos personas desaparecidas que pudieron actuar como testaferros en el robo de los 4 millones de euros.
Por todo ello, ha trasladado una queja formal al alcalde Ribó por la falta de información a los consejeros populares en la EMT. "Lo que sucede en la EMT sería inédito que pasara en cualquier otra sociedad pública de la Generalitat, por lo que pedimos a Ribó que asuma responsabilidades, ya que resulta sospechosa su falta de transparencia y diligencia en la gestión de esta empresa".
La estafa se produjo durante el mes de septiembre, justo días después de ingresarse 19 millones de euros del crédito del BEI para la compra de autobuses. Se realizaron hasta ocho transferencias desde las cuentas de la EMT a cuentas en China. Y fueron los responsables del banco los que alertaron de las transferencias pues de no haber sido así hubieran proseguido con las transferencias. En total se transfirieron a cuentas en China más de 4 millones de euros (664 millones de las antiguas pesetas).
Catalá ha resaltado que "después de estos doce meses, y tras las sesiones de la Comisión de Trabajo para aclarar lo sucedido, ha quedado patente que la EMT está gestionada por Grezzi y su equipo de altos cargos de manera nefasta, quienes como máximos responsables, no tenían un control riguroso del dinero que entraba y salía la empresa" una circunstancia que todo apunta pudo provocar las debilidades y brechas en la protección de la contabilidad que dieron lugar a la estafa.
La EMT maneja un presupuesto público de más de 120 millones, por lo que la portavoz popular ha considero "muy grave que nadie asuma la responsabilidad política de los sucedido a principios del mes de septiembre de 2019, y no es sólo que no se hayan asumido responsabilidades, sino que además Grezzi premió al principal responsable de la gestión administrativa de la empresa con un aumento de sueldo de 10.000 euros, cuando nos acababan de robar 4 millones de fondos públicos, algo impensable en una empresa privada".
