Portavoz del PP, María José Catalá.El Gobierno de Ribó y PSOE sigue utilizando los contratos menores para la gestión diaria y poder dar a dedo los contratos sin tener que ir a concursos públicos. Un abuso que continúa toda la legislatura a pesar de la continuas advertencias desde la Intervención Municipal de no recurrir a este sistema sino al concurso público, ya que se trata de actuaciones que se repiten cada año.
En cinco meses, el Gobierno de Compromís y el PSPV han adjudicado un total de 380 contratos a dedo por un importe de 2.597.700 euros. Recordar que a lo largo de 2020 se adjudicó un total de 1.636 contratos por un valor cercano a los 11 millones.
La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha advertido que ya "es una práctica habitual de este gobierno recurrir a los contratos menores, en muchos casos con claros fraccionamientos, para eludir el control de una licitación y poder otorgarlos a dedo. Las advertencias de la Intervención Municipal son continuas, pero siguen recurriendo a este sistema año tras año".
Uno de los casos que está investigando la Agencia Valenciana Antifraude son las contrataciones a través de contratos menores, es decir a dedo, de las obras provisionales de la plaza del Ayuntamiento, donde hubo un claro fraccionamiento de contratos. También la propia Agencia advirtió de fraccionamientos en las contrataciones de hasta dieciocho contratos en el Organismo Municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia, contratos por un valor de 220.000 euros.
En el último informe de la Intervención se apuntaba que la mitad de contratos menores firmados por el Ayuntamiento en 2019 tenían incumplimientos legales o defectos formales. Así lo desvela el informe de Intervención General del Ayuntamiento sobre el control financiero del gasto de ese ejercicio. Además, señala que el Consistorio pagó 17,45 millones por medio de esta forma de contratación. La intervención realizó un estudio sobre un muestreo de los 3.791 contratos menores firmados por el gobierno municipal en 2019, con un importe de adjudicación total de 17,6 millones de euros, y concluye "que el 36% de los contratos incurre en algún incumplimiento y un 15% adolece de algún defecto formal".
La cuantía que el Ayuntamiento pagó a través de contratos menores que incumplen la totalidad de requisitos que marca la normativa sobre contratación pública alcanza los 9,4 millones de euros, el 51,6% del montante total. De las conclusiones del informe de control financiero sobre el estudio realizado se desprende que "las principales irregularidades en los contratos menores han sido la omisión de la publicidad requerida por la Ley de Contratos del Sector Público y la aprobación de gastos a través de expedientes de contratos menores que por su naturaleza no debieron tramitarse como tales, eludiendo la fiscalización previa".
