El alcalde de València, Joan Ribó, junto al resto del equipo de gobierno. EFEEl PP ha desvelado que el Tribunal de Cuentas ha comunicado al Gobierno de Ribó que ha propuesto el nombramiento de un delegado instructor para investigar presuntas irregularidades en contratos menores en 2016.
En un auto remitido el 21 de julio al Ayuntamiento de València, el Tribunal de Cuentas hace referencia a tres contratos donde se aprecia una "irregular facturación, que no se ajustó a la documentación contratual, al no venir acompañadas dichas facturas de la documentación exigible", según ha informado el PP.
El Ministerio Fiscal señala que "pudiendo suponer ante las irregularidades advertidas un menoscabo patrimonial en fondos públicos susceptible de generar responsabilidad contable por alcance", pide el nombramiento de un instructor, y el consejero de Cuentas de la Sección de Enjuiciamiento Departamento 3º del Tribunal de Cuentas expone que estos hechos "pudieran ser constitutivos de un alcalde caudales o a efectos públicos".
Según el auto citado por el PP, "vistas las alegaciones realizadas por el Ministerio Fiscal, es necesario que se proceda al nombramiento de delegado instructor a fin de que éste practique cuantas diligencias sean, a su juicio, precisas para averiguar y determinar, siempre con carácter previo y provisional, los hechos de que se trate y si estima que de los mismos se desprenden indicios racionales de responsabilidad contable por alcance, proceder a su cuantificación y a la fijación, en su caso, de los presuntos responsables".
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha señalado la gravedad del asunto y denuncia el uso abusivo de Ribó en la contratación a dedo.
Ha recordado de que lo están advirtiendo "desde el principio" y ha pedido mayor rigor y que se articule un sistema de contratación donde se cumpla la legalidad vigente ya que en los seis primeros meses del año ya superamos los 4 millones de euros en 584 contratos a dedo.
El Tribunal de Cuentas advirtió a principios de año en un informe de que el Gobierno de Ribó y el PSPV era "el que más empleaba este tipo de contratación directa" , dado que un 96,8 % de los contratos adjudicados en 2016 fueron "a dedo", según este partido.
