El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, atiende a los medios de comunicación. EFELa acusación particular que ejerce el PP en el conocido como caso Alquería pide una condena de 18 años de prisión y 15 de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ex alto cargo del PSPV-PSOE y actualmente en el partido La Vall ens Uneix.
El letrado del PP le considera responsable de los delitos de prevaricación (15 años de inhabilitación) y malversación (8 años de prisión) en su modalidad continuada, tráfico de influencias (2 años) y pertenencia a organización criminal (8 años).
Además, reclama que Rodríguez y otros catorce procesados por la supuesta contratación irregular de altos cargos vinculados al PSPV-PSOE y Compromís se hagan cargo de forma solidaria de una responsabilidad civil que asciende a 1.122.095,80 euros.
En el conocido como caso Alquería se investiga, además de a Jorge Rodríguez, a quienes ocuparon el cargo de cogerentes de la empresa pública Divalterra (la antigua Imelsa): Agustina Brines (de Compromís), Josep Ramón Tiller (PSPV) y Javier Simó (del PSPV); al secretario-letrado asesor de esta firma pública, Jorge Cuerda, y a dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart.
También a varios de los altos cargos que fueron contratados por la citada empresa pública, supuestamente de forma ilícita.
Según el escrito de acusación del PP, al que ha tenido acceso EFE, "siguiendo un plan preconcebido, Rodríguez, una vez fue nombrado presidente de la Diputación tras las elecciones del 25 de mayo de 2015 y presidente del Consejo de Administración de Imelsa, hoy Divalterra, organizó una distribución o reparto de áreas de la empresa pública, asignando en este irregular esquema un reparto de áreas por afinidades políticas vinculadas al PSPV y a Compromís".
"Ambas formaciones políticas pactaron el reparto de cuatro áreas de actuación para Compromís, y tres áreas de gestión para PSPV-PSOE", añade.
Siempre según el relato de la acusación que ejerce el PP, "para conseguir este objetivo los acusados hicieron uso de un modelo organizado, en el cual cada uno de ellos tenía una función determinada y se respetaba la jerarquía de la organización, siendo sin duda el cabecilla Jorge Rodríguez, quien daba órdenes precisas a los demás integrantes que las ejecutaban cada uno dentro de su función".
Así, "se crearon diez plazas de alta dirección donde antes solo había una. Es decir, los dos gerentes, el director de Servicios Jurídicos y Transparencia y los siete nuevos contratados. Estos nombramientos de personal de alta dirección se hacen para que ocupen un cargo ficticio o simulado, sin funciones propias de la alta dirección".
Asimismo, se denuncia que "en la totalidad de los nueve contratados de forma ficticia e irregular se aprecia que no se les confiere capacidad ni apoderamiento suficiente referidos a la actividad íntegra de la empresa, ni mucho menos gozan de autonomía o plena responsabilidad".
A juicio del PP, "las contrataciones ilegales se consuman pese a la existencia de nada menos que once informes en contra y por tanto con pleno conocimiento de la ilegalidad que se estaba cometiendo y del perjuicio económico que se generaban a las arcas públicas".
"Estos ilegales nombramientos, que ya venían recogidos en los organigramas intervenidos en los registros domiciliarios, no fueron formalizados por el órgano competente que era el Consejo de Administración y fueron ordenados directamente por el presidente Rodríguez Gramaje. Todos los acusados eran plenamente conocedores de las ilegalidades que estaban cometiendo y aun así continuaron con su plan".
Por otra parte, se acusa "a los responsables de PSPV-PSOE y Compromís de haber ejercido presiones y amenazas contra aquellos funcionarios públicos que advertían de las patentes ilegalidades que se estaban cometiendo".
"Concretamente el señor Cuerda presionó a Pellicer y Castellote, directores jurídico y financiero de la empresa, para que alteraran sus informes negativos y críticos con las contrataciones fraudulentas", según detalla el escrito de acusación del PP.
