El último movimiento de la empresa municipal EGUSA en Port Saplaya ha generado un nuevo revés económico para las arcas municipales. El consejo de administración de EGUSA aprobó en diciembre una provisión de fondos por valor de 140.000 euros en gastos notariales. El PP votó en contra de esta decisión y ahora los hechos les dan la razón: un informe del Técnico de la Administración General (TAG) de Urbanismo señala que la segregación debía haberse tramitado en Pleno, evitando así este elevado coste.
Según explica Modesto Martínez, portavoz del PP, "en 2019 se llevó a cabo una operación similar mediante un acuerdo plenario que no generó gastos para las arcas municipales, puesto que las administraciones públicas están exentas de pagar este tipo de trámites notariales. Sin embargo, en esta ocasión, el equipo de gobierno, formado por PSOE y Compromís, ha decidido esquivar al Pleno y actuar a través de EGUSA, lo que ha derivado en un desembolso de 140.000 euros en un procedimiento cuestionado jurídicamente."
El informe de Urbanismo confirma que EGUSA no podía solicitar la licencia
Además, el PP presentó un recurso contra la solicitud de licencia de segregación presentada por EGUSA en julio de 2024, advirtiendo que dicha licencia debía ser solicitada por el propio Ayuntamiento en Pleno, como titular legítimo del suelo. El informe técnico de respuesta a este recurso confirma que EGUSA no está legitimada para pedir esa licencia, ya que no es titular registral de los terrenos, y señala que la inscripción de parte de esas parcelas está a nombre del Ayuntamiento, lo que obliga a que la decisión pase por el Pleno.
"El informe es claro: el gobierno de Alboraya se ha saltado el procedimiento normal, y esta acción le ha costado 140.000 euros a los vecinos", denuncia el portavoz del PP. Además, critica que PSOE y Compromís están utilizando EGUSA para tomar decisiones urbanísticas de espaldas al Pleno, vulnerando el principio de transparencia que debe regir en cualquier administración pública.
"Tal es la falta de transparencia que han recurrido a un bufete de abogados privado para que, en contra de los informes de los técnicos, les realice un informe de complacencia desoyendo a los técnicos municipales. Una acción que vamos a valorar poner en manos de la justicia", ha recordado Martínez
Un coste innecesario por falta de transparencia
El PP lamenta que esta situación podría haberse evitado si el gobierno municipal hubiera llevado el asunto al Pleno, como se hizo en 2019. Entonces, la operación se realizó sin costes adicionales para el Ayuntamiento, pero esta vez la falta de transparencia y las prisas por esquivar el control del pleno municipal han generado un gasto injustificado de 140.000 euros que asumirán los vecinos y vecinas de Alboraya.
El PP ha anunciado que seguirá exigiendo responsabilidades políticas por esta operación irregular y que continuará defendiendo los intereses de la ciudadanía frente a la opacidad y los errores de gestión del gobierno de PSOE y Compromís.
