El caso del subdelegado del
Gobierno José RodrÃguez Jurado ha destapado no solo un presunto
"traje a medida" funcionarial en Canet d'En Berenguer, sino
también la pasividad -cuando no connivencia- de una oposición
municipal que ha renunciado a ejercer el control democrático en uno
de los mayores escándalos recientes de corrupción local en la
Comunitat Valenciana.
El ascenso meteórico de
RodrÃguez Jurado
La Agencia Valenciana
Antifraude ha concluido que la promoción interna por la que José
RodrÃguez Jurado pasó de la escala C1 a la A1 en el Ayuntamiento de
Canet fue irregular, al vulnerar principios de mérito, capacidad e
igualdad y configurar de facto una plaza "a medida" que le
permitiera cumplir el requisito formal para ser nombrado subdelegado
del Gobierno. Ese salto funcionarial, tramitado por un Ayuntamiento
gobernado por su mismo partido, fue el trampolÃn imprescindible para
su designación como máxima autoridad del Estado en la provincia,
pese a que ya pesaban sobre el proceso selectivo varios recursos,
informes crÃticos de Antifraude y una denuncia ante la FiscalÃa.
Pese a ese contexto, la Delegación del Gobierno, con Pilar Bernabé al frente, decidió elevarle al
cargo en 2024, desoyendo las advertencias sobre la legalidad de su
trayectoria funcionarial y consolidando un patrón
de favorecimiento polÃtico descrito expresamente por Antifraude.
Lejos de tratarse de una mera
controversia administrativa, la AVAF ha abierto una investigación
formal por indicios razonables de "fraude" o "corrupción",
mientras el asunto se examina también en la FiscalÃa Provincial de
Valencia y en el Tribunal de Cuentas. La plataforma de afectados por
las actividades delictivas del ex secretario municipal José Antonio
Sancho Sempere ha pedido públicamente el cese de RodrÃguez Jurado,
subrayando que los reparos de Antifraude ponen en duda la legalidad
de su nombramiento y la limpieza de su carrera.
Canet d'En Berenguer:
corrupción estructural y oportunismo polÃtico
El ascenso de RodrÃguez
Jurado no puede entenderse aislado del contexto de larga corrupción
en Canet d'En Berenguer, donde durante más de dos décadas se ha
descrito la existencia de una verdadera "organización interna
estructurada" para desviar recursos públicos mediante contratos
amañados, asesorÃas ficticias y adjudicaciones a empresas
vinculadas a autoridades y funcionarios. Las investigaciones sobre el
ex secretario José Antonio Sancho Sempere, las sentencias que
apuntan a esquilmar al municipio en millones de euros y los contratos
vinculados a empresas de su entorno dibujan un ecosistema donde el
enchufismo y el trato de favor han sido la norma, no la excepción. Todo ello ha quedado plasmado en el libro
.
En ese escenario, el
expediente de promoción de RodrÃguez Jurado aparece como una pieza
más de un entramado clientelar: un ayuntamiento ya señalado por
Antifraude y por los tribunales aprovecha su autonomÃa organizativa
para "fabricar" una plaza de alto rango a un funcionario afÃn,
permitiéndole dar el salto a la élite administrativa del Estado.
Que la AVAF haya llegado a
registrar el propio ayuntamiento de Canet para recabar documentación
relativa a esa promoción, en el marco de diligencias por presunto
fraude y corrupción, evidencia hasta qué punto el consistorio se ha
convertido en un laboratorio de malas prácticas, donde la frontera
entre lo municipal y lo estatal se diluye en beneficio de una red
polÃtica concreta.
La oposición ausente:
complicidad por omisión
Si el comportamiento del
alcalde y del equipo de gobierno merece reproche, no lo merece menos
la actitud de una oposición que, con los medios de comunicación
relatando informes demoledores de Antifraude, registros en el
ayuntamiento y requerimientos de la FiscalÃa, ha renunciado a
utilizar las herramientas que el ordenamiento le confiere para exigir
responsabilidades y activar medidas urgentes. En un contexto en el
que se habla abiertamente de corrupción estructural, de tramas de
oposiciones amañadas y de perjuicios millonarios para el municipio,
la falta de iniciativas contundentes -como la solicitud de
comisiones de investigación internas, la exigencia de suspensiones
cautelares de funciones o la interposición sistemática de recursos
y denuncias- solo puede interpretarse como complicidad por omisión.
La oposición municipal no
está para comentar el escándalo en redes ni para limitarse a
declaraciones retóricas, sino para convertir cada informe y cada
sentencia en una palanca institucional: mociones plenarias,
exigencias de comparecencia, peticiones de cese, activación de
mecanismos de fiscalización financiera y, cuando proceda, remisión
inmediata de acuerdos y expedientes a la jurisdicción penal y
contable. Al no hacerlo, deja al vecino indefenso frente a una élite
polÃtico-funcionarial que se sabe impune, y envÃa un mensaje
devastador: en Canet, la alternancia en los escaños no garantiza la
alternancia en las prácticas.
Tabla: responsabilidades
polÃticas en contextos de corrupción municipal
Actor
municipal
|
Deber
jurÃdico-polÃtico frente a indicios de corrupción
|
Riesgo
si no actúa (polÃtico y jurÃdico)
|
Alcalde
y gobierno
|
Impulsar
investigaciones internas, revisar contratos, apartar
cautelarmente a implicados, informar a FiscalÃa y órganos de
control.
|
Responsabilidad
polÃtica directa, posibles delitos de omisión de deber de
perseguir delitos o encubrimiento si encajan tipos penales.
|
Oposición
en el pleno
|
Fiscalizar,
exigir expedientes completos, promover comisiones de
investigación, recurrir acuerdos, acudir a Antifraude, FiscalÃa
y Tribunal de Cuentas.
|
Complicidad
polÃtica por inacción, pérdida de credibilidad, posibilidad de
responsabilidad civil o penal si participa en acuerdos lesivos.
|
SecretarÃa
e Intervención
|
Emitir
reparos, velar por legalidad y estabilidad financiera, informar a
órganos externos si persisten irregularidades graves
|
Responsabilidad
disciplinaria, contable y penal (prevaricación, malversación,
falsedad documental, etc.)
|
Qué medidas urgentes puede
y debe exigir la oposición
En un escenario como el de
Canet d'En Berenguer, con investigaciones abiertas sobre el ascenso
de RodrÃguez Jurado y con un historial de corrupción sistémica, la
oposición cuenta con un catálogo de medidas que no son una opción,
sino una obligación democrática.
Transparencia y acceso a
la información
Solicitud inmediata de todos
los expedientes relacionados con la promoción de RodrÃguez Jurado
(bases, actas de tribunales, informes jurÃdicos, reparos,
recursos) y con los contratos vinculados a Sancho Sempere y su
entorno.
Exigencia de publicidad
activa de contratos, convenios, declaraciones de bienes y de
intereses de cargos y altos funcionarios, de acuerdo con las
recomendaciones profesionales en materia de prevención de la
corrupción.
Medidas cautelares frente
a cargos y funcionarios implicados
Proposición de acuerdos
plenarios para instar al alcalde a suspender cautelarmente de sus
funciones a los funcionarios directamente afectados por
investigaciones de corrupción, especialmente en áreas sensibles
como contratación y personal, mientras se esclarecen los hechos.
Petición formal al Gobierno
para el cese o, al menos, la suspensión de RodrÃguez Jurado como
subdelegado mientras duren las investigaciones de Antifraude,
FiscalÃa y Tribunal de Cuentas, tal y como ya han reclamado
plataformas ciudadanas y formaciones polÃticas a nivel autonómico.
Control de la contratación
y revisión de expedientes
Creación, por acuerdo
plenario, de una comisión especial de revisión de los contratos
adjudicados a empresas vinculadas a Sancho Sempere y otros actores
investigados, con apoyo técnico de Intervención y, si es
necesario, de órganos externos.
Encargo de auditorÃas
externas sobre contratos de obras, servicios y suministros con
mayor riesgo de corrupción, remitiendo sus resultados a Antifraude
y al Tribunal de Cuentas si se detectan indicios de perjuicio
económico.
Acción ante órganos
externos: Antifraude, FiscalÃa y Tribunal de Cuentas