El subdelegado del Gobierno en Valencia recurre su procesamiento en el caso Imelsa

La defensa del subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, ha recurrido su procesamiento en el conocido como caso Imelsa alegando que él no decidía las contrataciones de asesores del PSPV y que esos puestos ya estaban creados antes de su llegada al consejo de esta empresa pública de la Diputación de Valencia.

Su abogado defensor, Virgilio Latorre, ha reclamado el libre sobreseimiento de la causa respecto a Rubio en un auto de reforma al que ha tenido acceso EFE.

Expone Latorre que la instrucción no se debe dar por finalizada puesto que el plazo, a su juicio, finaliza el próximo 29 de julio, y alega que existen diligencias pendientes.

Entre ellas, una "necesaria e imprescindible para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente causa penal", que consiste en que "bien IMELSA o bien la Diputación certifique la fecha en la que entraron en vigor los registros digitales del control de presencia de sus trabajadores".

"Uno de los elementos indiciarios de las conductas imputadas a los investigados es que el personal contratado no fichaba, cuando no se ha acreditado la fecha a partir de la cual dicho fichaje, por medios digitales, era obligatorio".

Sobre la acumulación de las piezas B y F (contratos de personal 'zombi' en Imelsa y Ciegsa), la defensa de Rubio opina que "el hecho de que ambas causas se sigan por un presunto uso de empresas públicas para encubrir contratos ficticios no genera la homogeneidad necesaria para determinar la existencia de una conexidad suficiente que permita el enjuiciamiento conjunto de ambas piezas".

"Ni son las mismas administraciones, ni las mismas sociedades, ni se describe la misma conducta en uno y en otro caso, ni existe identidad de intervinientes. No existe pues conexidad", considera el letrado de Rafael Rubio.

"La única finalidad que se desprende de una insostenible e indebida acumulación, la constituye ensanchar el grupo de investigados a fin de dar apariencia formal a una organización criminal que no ha sido acreditada (ni siquiera de forma indiciaria)", añade.

Por otra parte, expone a la instructora que "en la época en la que Rubio tuvo responsabilidades en Imelsa, periodo de julio 2007-junio 2011, nunca se le exigió la emisión de certificación de los trabajos efectivos y adecuados de ninguna de las personas (dos) que durante esos cuatro años fueron siendo sustituidos como asesores".

Las dos contrataciones que se dicen fraudulentas se refieren al periodo de marzo a junio de 2011.

"En definitiva, tal y como se ha dicho, la prohibición de que los organismos dependientes no podían incluir en sus respectivas plantillas puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual data de una fecha posterior a la contratación de los asesores del señor Rubio que es objeto de investigación y pericia".

"Solo por esto el informe pericial padece de inconsistencias y el auto, definitivamente, cae en un error jurídico relevante pues nada menos que sustenta su tesis de la irregularidad en una normativa no vigente", concluye.