Rueda de prensa, ZAS Ruzafa. EPDAEl Tribunal Supremo ha admitido el recurso presentado por la Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa (Al Balansí) y la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia contra la realización de mediciones acústicas en el barrio de Russafa, que podrían suponer el inicio de la tramitación de una nueva ZAS en la ciudad. Así lo ha anunciado el colectivo, junto con la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia, en rueda de prensa.
Ha sido el responsable de los servicios jurídicos de la Coordinadora, Herve Bernal, quien ha explicado la admisión por parte del Tribunal la demanda de los hosteleros, teniendo en cuenta que si no se reconocía su participación en el contencioso podría solicitarse por parte de Al Balansí la nulidad de todo el procedimiento. El fundamento es que son las pymes hosteleras y sus trabajadores las principales víctimas e interesados en este contencioso, cuya resolución en otras sentencias, hasta la fecha en Valencia, siempre ha terminado provocando el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo.
Judicialmente, los hosteleros de Russafa reclaman la puesta en marcha de un procedimiento tasado y reglado que empiece por un plan de medidas de lucha contra el ruido, con anterioridad a la realización de cualquier tipo de mediciones acústicas. En este contexto, insisten en que que las sucesivas ZAS que se han aprobado en Valencia, a lo largo de los últimos 25 años, han puesto de manifiesto la incapacidad de la administración municipal por abordar la problemática del ruido con un proceso de diálogo entre los colectivos afectados y la definición de un plan de medidas eficaces para minimizar el impacto de la actividad del ocio y el turismo en la ciudad.
De hecho, Al Balansí, integrada en la Coordinadora de la Hostelería de los Barrios de Valencia, ha recordado que el recurso contra la ZAS del Carmen sigue abierto, dada la inconsistencia metodológica de todo el proceso de mediciones acústicas basado en la instalación de solo 6 sonómetros en 177 calles, utilizando como excusa la declaración de 62 vías como zona ZAS y otras 85 como zonas de respeto, pero igualmente afectadas por las respectivas medidas. Por ello, tanto desde Al Balansí como desde la Coordinadora, han subrayado que "se trata de un contencioso que debe marcar un antes y un después en el abordaje científico de las mediciones del ruido". En este sentido, han ahondado en que éstas "terminan desencadenando medidas restrictivas contra las pymes sin ningún tipo de fundamento ni rigor metodológico, tal y como se pretende demostrar mediante la aportación de los correspondientes informes periciales".
Por su parte, desde la Coordinadora, han asegurado que la defensa jurídica de la hostelería de los distintos barrios de Valencia pretende, en estos momentos, impulsar el trabajo del anunciado y esperado Observatorio del Ocio y el Turismo. En este sentido, han señalado que éste debería permitir abordar un plan de trabajo basado en el diálogo social, contando con el compromiso de la administración municipal de acometer un plan, pionero y sin precedentes, de medidas dirigidas a potenciar la sostenibilidad del ocio y del turismo en la ciudad de Valencia.
Para ello, han asegurado que hay que centrar los esfuerzos en la protección ambiental de las terrazas, la puesta en marcha de planes de mediación y marketing social para impulsar el debate sobre el civismo, potenciar el personal de admisión de los locales de ocio, para garantizar la protección de su entorno y proteger el descanso vecinal, junto con medidas de peatonalización temporal o la restricción de los horarios del servicio de recogida de basura, entre otras.
Con la misma contundencia, desde la Coordinadora han querido dejar claro que, en un momento tan crítico como el actual, asociado a la crisis sanitaria y económica, se dan las condiciones para poner en marcha un proceso de reflexión que permita avanzar y solucionar, de una vez por todas, uno de los problemas históricos de la ciudad de Valencia: superar y acabar con el "fracasado modelo de las zas". Un proceso que "debería estar operativo cuando empecemos a recuperar la normalidad partir de 2021 y que, hasta ahora, ha provocado la degradación de la oferta hostelera de Valencia, donde se ha declarado, destruyendo más de 200 empresas y miles de puestos de trabajo, y sin que haya servido para resolver el problema del ruido en Valencia".
