Enrique Crespo, expresidente de la empresa pública Emarsa, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE-ArchivoEn una sentencia de 834 folios (la que dictó la Audiencia Provincial de Valencia en junio de 2018 tenía 2.222) el alto tribunal confirma la condena de doce años para el exgerente de la empresa pública que gestionaba la principal depuradora de Valencia, Esteban Cuesta, y de diez para el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo.
También ha condenado al exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar, dependiente de la Generalitat) José Juan Morenilla a nueve años de prisión; al ex director financiero de esa empresa dependiente de la Generalitat Enrique Arnal a ocho años y seis meses, y al exresponsable de informática de Emarsa Sebastián García a siete años.
Los principales responsables de la empresa pública que gestionaron la depuradora de Pinedo (Valencia) articularon "un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público".
"Para ello se concertaron con varios empresarios para que emitieran facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real, de modo que incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado", añade la sentencia.
La trama de facturación del caso Emarsa se desarrolló a través de tres vías: la retirada y gestión de lodos con elevados sobrecostes, la entrega de bienes o prestación de servicios inexistentes y el cómputo de gastos que no son fiscalmente deducibles, como viajes y regalos, que no tenían relación directa con su actividad.
El Supremo únicamente realiza cuatro modificaciones respecto a las condenas impuestas a los procesados: absuelve a Eva María Marsal del delito de falsedad documental y la condena por malversación a dos años y tres meses de prisión.
Condena a Sebastián García como cooperador necesario de un delito continuado de malversación, en concurso con falsedad, con la atenuante de confesión a siete años de prisión (anteriormente siete años y seis meses).
También condena a María Paz García Martínez como cómplice de malversación y como autora de falsedad documental, a dos años de prisión; y a Adolfo Polo como cómplice de un delito continuado de malversación de caudales públicos y falsedad, con las atenuantes de reparación del daño y confesión, a un año y cuatro meses.
El juicio por la pieza principal de este caso, que se pospuso dos veces, quedó visto para sentencia el 14 de diciembre de 2017, tras cerca de un centenar de vistas en ocho meses y siete años de instrucción, que llevó a procesar a exdirectivos de las empresas públicas Emarsa, Emshi y Epsar y a varios empresarios, por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación y falsedad.
Es previsible que todos los condenados con penas superiores a los dos años ingresen en las próximas fechas en centros penitenciarios, tras haber agotado las opciones de recursos judiciales. EFE
