José Antonio Sancho Sempere, segundo por la derecha, en la inaguruación del Colegio Mas Camarena de Caner dEn Berenguer. EPDAUn nuevo escándalo de corrupción se cierne sobre el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer y permite la opción de sentar en el banquillo a todos los miembros de todas las juntas de gobierno del consistorio valenciano, desde los cuatro alcaldes de las últimas seis legislaturas, hasta todos los funcionarios municipales implicados y entre ellos al que fuera secretario general, interventor y jefe de los servicios jurÃdicos de la corporación, José Antonio Sancho Sempere.
La Plataforma de Afectados por las Actividades IlÃcitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere ha tenido acceso a una histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer, firmado hace 21 años en concreto en el año 2004 y posteriormente prorrogado por el mismo Ayuntamiento
Se trata de la
Esta resolución judicial obliga al Ayuntamiento de Canet a revisar de oficio el controvertido contrato original de 2004, asà como su prórroga de 2009, por haberse suscrito "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
La sentencia simboliza una derrota judicial importante para el Ayuntamiento y para la empresa adjudicataria Egevasa, tras un recurso de apelación interpuesto por Aqlara Ciclo Integral del Agua, una empresa competidora en el sector del.
El alto tribunal valenciano en dicha resolución judicial revoca un fallo previo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia que inicialmente habÃa inadmitido la revisión de los contratos. Además, el tribunal impone las costas procesales y de apelación al Ayuntamiento de Canet y a Egevasa, lo que subraya la contundencia del fallo.
El Tribunal considera que el contrato original de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer, firmado hace 21 años fue adjudicado mediante un procedimiento "llamativo" por su uso del mecanismo de negociación sin publicidad, una vÃa que resulta "tan especial, limitada y restrictiva de la competencia" que no es adecuada para la gestión de un servicio tan esencial como el abastecimiento y saneamiento de agua potable en un municipio con más de 7.000 habitantes y un importante atractivo turÃstico por sus playas.
La resolución destaca el daño a los principios fundamentales de la contratación pública: la transparencia, la libre concurrencia y la adecuada gestión de los recursos económicos públicos.
Otro aspecto crucial que resalta la reciente sentencia es que, aunque el Ayuntamiento solicitó tres ofertas a empresas diferentes, estas estaban vinculadas entre sÃ, y lo más grave es que el contrato fue adjudicado sin que en el momento de la decisión el municipio tuviera las tres ofertas requeridas legalmente. Esta irregularidad empaña la licitud y validez del contrato.
Pero el aspecto más importante de esta sentencia radica en el acuerdo de fecha
El acuerdo del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer de 2 de marzo de 2023 es de relevancia central en la sentencia STSJ CV 1731/2025, ya que constituye el acto administrativo cuya legalidad estaba siendo cuestionada y que fue finalmente anulado por el tribunal.
El acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Canet del 2 de marzo de 2023 consistió en la inadmisión de la petición de revisión de oficio presentada por la mercantil AQLARA Ciclo Integral del Agua S.A. Esta solicitud pretendÃa que se revisara la validez de los actos administrativos relativos a la adjudicación del contrato de gestión del servicio municipal de agua potable (15 de abril de 2004) y a su prórroga (10 de febrero de 2009), alegando posibles causas de nulidad de pleno derecho por irregularidades en el procedimiento de contratación.
El Ayuntamiento apoyó su decisión en varios argumentos, entre ellos:
La sentencia del TSJCV otorga una importancia primordial a ese acuerdo municipal por las siguientes razones:
La anulación de dicho acuerdo es el contenido esencial del fallo, que impone al Ayuntamiento la obligación de dictar en el plazo de tres meses un nuevo acuerdo que aborde la revisión de los contratos mencionados, fundamentando la causa de nulidad de pleno derecho detectada por el tribunal.
Aqlara Ciclo Integral del Agua ha conseguido la anulación del contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'En Berenguer basándose en varios argumentos sólidos relacionados con irregularidades en el procedimiento de contratación:
Estos argumentos permitieron a Aqlara recurrir la decisión del juzgado que inicialmente rechazó revisar el contrato, y finalmente consiguió que el TSJCV anulase el contrato por haberse firmado "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
La prórroga firmada en 2009 también es anulada por el tribunal, que la considera nula de pleno derecho. Se argumenta que la prórroga "desvirtúa plenamente" el sentido de la contratación negociada sin publicidad, agravando la ilegalidad del vÃnculo contractual.
El Tribunal valenciano reprocha especialmente que para un contrato que se alarga 25 años y que implica un "notable alcance económico", con inversiones superiores a 5 millones de euros, se deberÃa haber seguido un procedimiento de contratación pública acorde a esa magnitud y complejidad, que garantizara la competencia real y la transparencia pública.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o, en su caso, nuevamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV.
Sin embargo, la resolución judicial por la solidez de sus fundamentos jurÃdicos
y argumentación legal, sienta un precedente significativo para la administración local y la contratación pública en la Comunitat Valenciana y en España.
Porque esta resolución judicial puede abrir la puerta a la revisión de otros contratos públicos con irregularidades similares y supone un llamado a las administraciones municipales para respetar escrupulosamente los procedimientos legales en la contratación, especialmente en servicios esenciales con impacto económico y social tan relevante como el suministro de agua potable y alcantarillado de una población.
En términos prácticos, y según varias fuentes jurÃdicas consultadas por El Periódico de Aquà el Ayuntamiento de Canet deberá iniciar un proceso de revisión exhaustiva para anular o renegociar el contrato de agua siguiendo los procedimientos legales que aseguren transparencia, competencia y eficiencia económica.
Este proceso, inevitablemente, podrÃa afectar la gestión del servicio, la estabilidad del contrato y la relación con las empresas involucradas. Además, puede reactivar debates públicos sobre la gestión municipal y la responsabilidad administrativa en contratos a largo plazo.
Este caso refleja la importancia del control judicial sobre la contratación pública de una corporación municipal para defender los principios de legalidad y buen gobierno, asà como para proteger a la ciudadanÃa de actos administrativos nulos que pueden perjudicar la gestión eficiente y honesta de los recursos públicos.
Las responsabilidades administrativas y penales que podrÃan derivarse para el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer por la anulación del contrato del servicio de agua por irregularidades en su contratación judicialmente constatadas son diversas y relevantes.
Estas responsabilidades implican que el Ayuntamiento debe extremar la diligencia para corregir las irregularidades y evitar incurrir en más infracciones. Además, la decisión judicial que obliga a revisar el contrato abre la puerta a posibles investigaciones penales y procedimientos sancionadores administrativos que podrÃan afectar a personas concretas dentro del Ayuntamiento, asà como a la institución misma a través de sanciones y la obligación de reparar daños.
Y al tratarse de una ilegalidad pública y notoria declarada por un Tribunal cualquier persona fÃsica y/o jurÃdica puede interponer acciones judiciales para restablecer la legalidad y solicitar la reparación de todos los daños y perjuicios de todo tipo que se hayan podido irrogar
En resumen, la anulación del contrato del servicio de agua por incumplir procedimientos legales en la contratación pública puede acarrear para el Ayuntamiento responsabilidades administrativas de diversa Ãndole (incluyendo multas, nulidades y reparaciones patrimoniales) y también responsabilidades penales para los funcionarios o autoridades que participaron en la adjudicación irregular, especialmente bajo la figura de la prevaricación y otros delitos contra la administración pública.
Los presuntamente señalados por la sentencia y que de alguna u otra forma han tenido intervención por acción u omisión, directa o indirectamente en el contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'En Berenguer, firmado hace 21 años son inicialmente y sin perjuicio de nuevas investigaciones, los siguientes:
Las citadas fuentes jurÃdicas consultadas también por El Periódico de Aquà señalan que el impacto económico que esta sentencia puede suponer a las arcas municipales es enorme, ya que se debió acudir "a la vÃa de contratación requerida para un vÃnculo que se alargaba 25 años y que presentaba un notable alcance económico",
pues en dicha renovación contractual se plasmó la necesidad de acometer varias inversiones por un monto total superior a los 5 millones de euros.La sentencia de fecha 31 de marzo de 2025 sobre anulación del contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer se une a una anterior igualmente grave del Juzgado de lo Penal 18 de Valencia de fecha 21 de julio de 2022 que condenó al ex secretario municipal como autor responsable de varios delitos relacionados con la corrupción en la administración local y que supone un coste de varios millones de euros al Ayuntamiento
Ambas sentencias han si conocidas a través de la investigación periodÃstica realizada por El Periódico de Aquà que desde el año 2011 ha puesto al descubierto del opinión pública valencia la existencia en el Ayuntamiento de Canet de una organización criminal estructurada compuesta por autoridades y funcionarios municipales en un caso sin precedentes en la comunidad valenciana.
Asà las cosas un portavoz de la Plataforma ha remitido el siguiente comunicado:
"La Plataforma ante las
El Sr. Sancho Sempere por razón de sus funciones en el consistorio, debÃa garantizar la legalidad y la transparencia administrativa, pero no solo reconoció ante la justicia ser propietario de uno de los negocios que él mismo supervisaba desde su cargo, la llamada Academia Valenciana de Juristas sino que además intervino en la tramitación del ilegal y declarado nulo contrato de servicio y explotación del servicios de agua potable de Canet.
Estos hechos suponen unos evidentes casos de corrupción en la corporación municipal. A ello se suman otras condenas dictadas por distintos tribunales valencianos, que ponen de manifiesto la existencia de prácticas corruptas en la administración municipal del consistorio.
Sin embargo, lo más alarmante no es solo la conducta del ex secretario, sino la pasividad del propio Ayuntamiento con respecto a las consecuencias y efectos de las dos sentencias citadas.
A dÃa de hoy no se han tomado medidas, no se ha abierto una investigación interna, ni se ha ofrecido una explicación a la ciudadanÃa y a la opinión pública. El silencio y la falta de transparencia solo contribuyen a aumentar la desconfianza de los vecinos y vecinas hacia sus representantes municipales, dando la impresión de que existe una voluntad deliberada de ocultar información.
Como ciudadanos, nos preguntamos: ¿por qué no se han depurado ya responsabilidades civiles, penales o administrativas? ¿Por qué no se han impulsado acciones legales contra todos los responsables? ¿Qué otros posibles casos de irregularidades pueden estar ocultándose bajo la falta de reacción institucional? Cada dÃa que pasa sin respuestas se agrava el daño a la imagen del municipio y a la legitimidad de sus instituciones.
Desde esta Plataforma cÃvica denunciamos que la inacción municipal lanza un mensaje muy peligroso: que la corrupción puede quedar impune. Este silencio no solo degrada la confianza pública, sino que también erosiona la moral de los vecinos que trabajan y cumplen con sus obligaciones mientras observan cómo la gestión pública se utiliza para intereses personales.
Por todo ello, exigimos:
La corrupción no puede ser tratada con indiferencia ni con silencios cómplices.
Canet d´En Berenguer merece instituciones limpias, responsables y comprometidas con el interés común. Como ciudadanos, no vamos a permanecer callados ante este atropello a la ética pública y reclamamos que quienes tienen la responsabilidad polÃtica actúen con firmeza y transparencia.
Solo asà se podrá recuperar la confianza de los vecinos y garantizar que hechos tan graves no vuelvan a repetirse.
El Ayuntamiento de Canet tiene pues ante sà una oportunidad para demostrar si está comprometido con los principios de transparencia, responsabilidad y servicio público o si, por el contrario, prefiere seguir mirando hacia otro lado mientras la corrupción se apodera de sus organismos. El caso del secretario varias veces condenado por sentencias relaciondas con la corrupción en la administración pública es solo la punta del iceberg de un sistema que, si no se corrige a tiempo, podrÃa llevar al municipio a una crisis aún mayor como se aprecia de la lectura de la nueva sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justica este mis año 2025.
Los ciudadanos no pueden permitir que estos episodios se diluyan en la indiferencia. El Ayuntamiento debe rendir cuentas de su inacción y, sobre todo, tomar medidas inmediatas para garantizar que los responsables de esta situación paguen sus desmanes y que se adopten polÃticas para evitar que algo asà vuelva a ocurrir en el futuro. La corrupción no puede seguir siendo tolerada, y mucho menos en un pequeño municipio donde la cercanÃa entre gobernantes y ciudadanos deberÃa garantizar la honestidad y la transparencia.
Es la hora de la verdad para el Ayuntamiento de Canet. La ciudadanÃa espera respuestas, y la credibilidad de toda la administración local está en juego.
La Plataforma de Afectados por las Actividades IlÃcitas y Directivas de José Antonio Sancho Sempere es un colectivo que busca justicia, reparación económica y transparencia tras los sucesivos escándalos de corrupción protagonizados por el que fuera interventor de la corporación municipal, jefe de los servicios jurÃdicos, secretario, todopoderoso funcionario y siniestro personaje de Canet desde principios de los años noventa hasta el año 2015.
Lo que comenzó como una investigación periodÃstica, policial y judicial hace más de una década, ha culminado en un movimiento ciudadano que promete no descansar hasta que se haga luz sobre las sombras de este escandaloso caso de corrupción".
José Antonio Sancho Sempere no era un desconocido en los pasillos del poder local. Como secretario municipal de Canet d'En Berenguer, un cargo que ocupó durante décadas, se convirtió en una figura clave en la gestión administrativa del municipio. Sin embargo, lo que parecÃa ser una carrera intachable se transformó en un escándalo de proporciones colosales cuando, en 2013, la FiscalÃa Anticorrupción primero, la Comandancia de la Guardia Civil después y finalmente el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia, comenzaron a desentrañar una red de empresas y asociaciones privadas diseñadas por Sancho para enriquecerse a costa del erario público.
La "trama de las asesorÃas" no solo implicó a Canet, sino que salpicó a otros ayuntamientos de la provincia de Valencia, como La Pobla de Farnals, Cheste, San Antonio de Benagéber y Real de GandÃa, entre otros asà como a otras empresas como Egevasa Aguas de Valencia, el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana y otras empresas.
El modus operandi de Sancho era tan audaz como sofisticado.
Aprovechando su posición como habilitado nacional y su influencia en la toma de decisiones municipales, constituyó entidades como la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), Millena III Milenio, Asesores Profesionales y José Antonio Sancho Abogados SLP. Estas organizaciones, en teorÃa dedicadas a prestar servicios de asesoramiento jurÃdico, se convirtieron en herramientas para facturar trabajos innecesarios, inflados o directamente ficticios a ayuntamientos y entes públicos. Los fondos, que ascendieron a millones de euros según las investigaciones oficiales, terminaron en el patrimonio personal de Sancho y su familia, que incluye 7 chiringuitos financieros, 57 cuentas bancarias, 82 fincas rústicas, 4 inmuebles urbanos, un yate privado y varios vehÃculos de alta gama.
Lo que hace aún más inquietante este caso es la participación de la familia de Sancho Sempere. Su esposa,
Porque Sancho en todos los procesasen los que fue investigado por la justicia siempre negó cualquier relación lucrativa con su empresa Academia Valenciana de Jurista. Cuando era preguntado por esta entidad de forma reiterada declaraba que era una asociación sin ánimo de lucro creada para la defensa de los abogados que formaban parte de ella asà como para la formación jurÃdica de los mismos. Un embuste de los muchos que dijo y que acabó con el ingreso en prisión del corrupto funcionario.
La Academia Valenciana de Juristas, el "chiringuito jurÃdico" predilecto de Sancho, fue el epicentro de la trama. Para ocultar su control, colocó a profesionales del derecho como testaferros en la junta directiva, quienes, según han declarado judicialmente, desconocÃan los manejos fraudulentos y actuaban bajo sus órdenes. Estos abogados, hoy indignados, han sido algunos de los primeros en sumarse a la plataforma de afectados, reclamando que su reputación fue utilizada como pantalla para los delitos perpetrados por Sancho.
El daño causado por la trama de las asesorÃas trasciende lo económico. En Canet d'En Berenguer, un municipio costero que en las últimas décadas experimentó un boom urbanÃstico, las decisiones de Sancho como secretario municipal habrÃan facilitado un crecimiento descontrolado que, según activistas medioambientales, traicionó los principios de sostenibilidad.
Su influencia también se vincula a la gestión urbanÃstica del ex alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien ha sido señalado por no frenar este desarrollo en la zona, generando una sensación de traición entre quienes confiaron en su discurso ecologista.
Las cifras son abrumadoras. Solo entre 2007 y 2011, Sancho habrÃa obtenido más de 957.000 euros a través de la AVJ, según investigaciones de la Guardia Civil y resoluciones judiciales. En total, se estima que la trama movió más de dos millones de euros en un periodo más amplio, una suma que ningún organismo público ha reclamado hasta la fecha, lo que ha indignado a los afectados. "¿Por qué nadie exige que devuelva el dinero? ¿Dónde están los alcaldes, los interventores municipales, los concejales, la Sindicatura de Cuentas, la Agencia Antifraude?", se pregunta uno de los abogados promotor de la iniciativa.
Pero las actividades ilÃcitas de Sancho Sempere se ampliaron a otras facetas y aquà entra en juego el contrato con la empresa Egevasa sobre gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer.
La vinculación entre la citada empresa y el Ayuntamiento de Canet viene probada por el hecho de que fue personalmente José Antonio Sancho Sempere en calidad de funcionario municipal quien conocÃa a los representantes de la citada empresa del sector del agua.
Se da la circunstancia que una de las piezas judiciales abiertas por el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia en la denominada trama de las asesorÃas era precisamen6e la pieza de Egevasa.
El citado Juzgado el dÃa 16 de febrero de 2016 dictó una resolución judicial en la que con referencia a Sancho Sempere y Egevasa implicó a ambos como investigados por cohecho y otros delitos.
El juicio referido a dicha pieza se celebró en el mes de mayo de 2024 y en el acto de la vista oral Sancho presentó unos informes y unas facturas presuntamente falsas que justificaban teóricamente la prestación de unos servicios jurÃdicos por parte de la empresa de Sancho la Academia Valenciana de Juristas a la empresa Egevasa.
Fuentes jurÃdicas han señalado que los pagos correspondientes a esas facturas y que fueron satisfechas a Sancho era presuntamente el medio de pago realizado por Egevasa para lograr la ayuda y el apoyo del secretario municipal y por ende del propio Ayuntamiento para lograr la adjudicación del contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer.
Y ello porque el método empleado por el Ayuntamiento y por Sancho Sempere para adjudicar el contrato a Egevasa se basó en la misma operativa que uso Sancho para que el Ayuntamiento adjudicara a su empresa privada la Academia Valenciana de Juristas el contrato de asesoramiento jurÃdico al consistorio: solicitar tres empresas interesadas que no eran sino una pantalla ilegal ya que se trataba de empresa conectadas entre sà para que la adjudicataria fuera la controlada por Egevasa.
La creación de laPlataforma de Afectados por las Actividades IlÃcitas y Directivas de José Antonio Sancho Sempereresponde a esta frustración colectiva.
La Plataforma está integrada por vecinos indignados, profesionales del derecho engañados, ex funcionarios afectados y representantes de municipios perjudicados.
El colectivo tiene tres objetivos principales:
A pesar de las condenas judiciales -que incluyen dos años de prisión por cohecho en 2016 y otra sentencia en 2022 por prevaricación y negociaciones prohibidas-, Sancho Sempere sigue sin devolver todo el dinero que fue saqueando a diversas administraciones públicas desde el año 2000 hasta el año 2015.
La trama de las asesorÃas ha afectado a 15 municipios valencianos, 3 empresas públicas, implicó como investigados a mas de 50 personas, pasaron por los Juzgados casi 100 testigos y peritos dentro de las 15 piezas judiciales que se incoaron. Ha durado hasta el momento 12 años de investigaciones. El informe de la Unidad de Delitos Económicos y UrbanÃsticos de la Comandancia de la Guardia Civil tiene 2 tomos y 1480 páginas. Afectó a 3 Juzgados de Instrucción, 5 Juzgados de lo penal, 3 Salas de la Audiencia Provincial de Valencia y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estuvieron investigando la causa 4 fiscales adscritos a la FiscalÃa Provincial de Valencia.
La trama del contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer declarado nulo por la sentencia del TSJCV de 31 de marzo de 2025, abre una nueva vÃa de investigación para esclarecer los motivos por los cuales se adjudicó el contrato a la empresa Egevasa, determinar qué autoridades y funcionaron participaron e intervinieron en la adjudicación del contrato y exigir a los responsables el pago de cuantos daños y perjuicio de todo tipo han irrogado a las arcas municipales de Canet.
En definitiva las tramas han supuesto un enorme coste económico para los contribuyentes y el causante principal (aunque no único) no ha sido otro que el corrupto y varias veces condenado por los tribunales, José Antonio Sancho Sempere.
En la actualidad se están tramitando en los Juzgados de Instrucción de la ciudad de Valencia varias causas penales derivadas de todo este gran entramado de corrupción que se asentó hace años en el Ayuntamiento de Canet y que lejos de menguar se acrecienta mas y mas cada dÃa, ya que según las últimas investigaciones judiciales y policiales las tramas hasta ahora desenmascaradas han puesto al descubierto la existencia de mas investigados, mas delitos y por ende mas perjuicios a la sufrida ciudadanÃa de una pueblo que no merece ser tratado de esa manera.
El libro El Zorro en el Gallinero, publicado en diciembre de 2024, ha avivado el debate al detallar los entramados de Sancho y señala a polÃticos, empresarios y funcionarios como cómplices, colaboradores necesarios y/o encubridores. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué nadie ha recuperado el dinero?
La inacción de funcionarios que tenÃan el deber de controlar tamaña ilegalidad como por ejemplo los interventores municipales y el departamento de contratación de los consistorios ha generado desconfianza, y la plataforma promete ser un contrapeso a esta aparente pasividad.
