Camarena Canet. EPDA
Representantes de El Plantío en el año 2013 en el ayuntamiento de Canet. EPDALa lucha ideológica, partidista y económica entre PP y PSOE -personificada en el exalcalde Leandro Benito y el actual regidor Pere Antoni Chordà- ha convertido a la localidad costera valenciana en un escenario de confrontación política marcado por la sombra persistente de la corrupción. El enfrentamiento entre el exalcalde popular de Canet d'en Berenguer, Leandro Benito, y el actual alcalde socialista, Pere Antoni Chordà, ha estallado con máxima virulencia a raíz del pago de 2,2 millones de euros que el Ayuntamiento ha tenido que abonar por la adjudicación irregular del solar del colegio Mas Camarena. Este episodio resume más de una década de pugnas políticas, reproches cruzados y acusaciones de clientelismo y mala gestión. En 2023 todos los concejales de la Corporación optaron por Mas Camarena, mientras que los técnicos liderados por el secretario municipal, José Antonio Sancho Sempere, lo hacían por El Plantío.
El origen: el caso Mas Camarena
El conflicto que hoy incendia la política local se remonta a 2013, cuando el Ayuntamiento -entonces gobernado por el PP de Leandro Benito- adjudicó cerca de 9.000 metros cuadrados de suelo público para la implantación del colegio privado Mas Camarena. La operación fue impugnada por la otra licitadora, el grupo educativo El Plantío, y los tribunales terminaron declarando irregular la adjudicación, fijando una indemnización millonaria a favor de esta empresa.
Inicialmente, la reclamación ascendía a 23 millones de euros. Sin embargo, la negociación entre las partes permitió reducirla a 2,2 millones, a cambio de un canon anual de unos 18.300 euros que Mas Camarena abonará al Ayuntamiento durante varias décadas. La sentencia llegó incluso a plantear la demolición del centro educativo, una opción que el entonces alcalde calificó de "inejecutable", abriendo la puerta a un acuerdo que ha culminado en el pago definitivo.
PP frente a PSOE: quién paga la factura
El abono de los 2,2 millones se ha convertido en un arma arrojadiza entre PP y PSOE, conscientes ambos del desgaste político que supone asumir una indemnización ligada a decisiones concretas del pasado.
El actual equipo de gobierno, encabezado por Pere Antoni Chordà y sustentado por el PSPV-PSOE y Vecinos Playa Canet, defiende haber cerrado un litigio que, según sostiene, amenazaba gravemente la estabilidad financiera municipal y la seguridad jurídica del colegio y de las familias.
Por su parte, la oposición popular insiste en que el "coste político" recae sobre el actual gobierno socialista, que ha tenido que detraer recursos del presupuesto para afrontar los pagos, pese a que el origen del problema se sitúa en la etapa del PP.
En este contexto, el clima en la corporación municipal se ha tensado hasta convertir el caso Mas Camarena en el epicentro de una batalla por el relato: para unos, representa una herencia envenenada; para otros, evidencia la falta de estrategia del actual ejecutivo.
Las acusaciones de Leandro Benito: clientelismo y nepotismo
Desde la oposición, Leandro Benito ha aprovechado el cierre del caso y otros frentes judiciales para acusar al actual alcalde de haber construido una red de favores dentro de la administración local.
En los últimos meses, la presión sobre Pere Antoni Chordà se ha intensificado a raíz de varias denuncias que se investigan en organismos como la Fiscalía, la Agencia Antifraude y los juzgados. Entre ellas, un polémico proceso selectivo de auxiliares administrativos o la promoción de cargos vinculados al entorno político socialista.
Una denuncia presentada en febrero de 2026 ante la Fiscalía Provincial de Valencia sitúa al alcalde en el centro de un caso de supuesto favoritismo en el ascenso del actual subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado. Paralelamente, la Agencia Valenciana Antifraude analiza si el alcalde ignoró advertencias en materia de personal.
El foco también se ha puesto en la investigación del ascenso de la esposa del alcalde como técnica municipal, lo que ha alimentado un discurso opositor que habla abiertamente de nepotismo. Todo ello ha permitido al PP pasar al ataque tras años a la defensiva por los casos relacionados con el exsecretario municipal José Antonio Sancho Sempere.
La respuesta de Pere Antoni: mala gestión, "tramas" y decisiones ilegales
Lejos de replegarse, Pere Antoni Chordà ha articulado su defensa sobre un relato de regeneración institucional frente a lo que califica como décadas de prácticas opacas.
En su discurso, el caso Mas Camarena se inscribe en un entramado más amplio de decisiones polémicas adoptadas durante la etapa de Leandro Benito, muchas de ellas vinculadas al exsecretario municipal, condenado en varias sentencias firmes por delitos relacionados con la corrupción.
Informes policiales, investigaciones periodísticas y resoluciones judiciales han destapado contratos y concesiones anulados, como el servicio de agua y alcantarillado adjudicado a la empresa Egevasa, con un impacto económico de varios millones de euros.
El actual gobierno también denuncia pagos de seguros privados a funcionarios y familiares durante la etapa anterior, así como sobrecostes y pagos irregulares a empresas.
Para el alcalde, la obligación de pagar los 2,2 millones del caso Mas Camarena constituye una prueba evidente de decisiones "ilegales" o, al menos, gravemente imprudentes adoptadas bajo mayoría absoluta del PP.
Un Ayuntamiento atrapado entre sentencias y batallas políticas
Mientras se recrudece la pugna entre Benito y Chordà, el Ayuntamiento debe hacer frente no solo al pago del caso Mas Camarena, sino a otros reveses judiciales.
Recientemente, una nueva sentencia ha obligado al municipio a abonar 300.000 euros a una empresa por otra actuación irregular. Según estimaciones de plataformas ciudadanas, la factura global podría superar los 10 millones de euros.
Este escenario ha radicalizado las posiciones políticas: el gobierno defiende que está cerrando frentes judiciales, mientras la oposición denuncia opacidad y uso partidista de las instituciones.
El resultado es un clima de crispación permanente en el que el caso Mas Camarena simboliza un conflicto más profundo: el enfrentamiento entre dos modelos de gestión, dos relatos sobre la corrupción y dos formas de entender el poder local.
Pronunciamiento de la Plataforma de Afectados
En medio de esta confrontación, la Plataforma de Afectados por la Corrupción en Canet ha emitido un duro comunicado denunciando que "mientras unos y otros se lanzan acusaciones, la corrupción sigue devorando recursos públicos".
El colectivo critica que la guerra política haya convertido el Ayuntamiento en un campo de batalla, alejándolo de las prioridades reales de la ciudadanía.
Según la Plataforma, el caso Mas Camarena, los procesos selectivos cuestionados y las múltiples sentencias son prueba de que la política local se ha puesto al servicio de redes de poder.
Crítica al enfrentamiento político
La Plataforma considera que la confrontación entre PP y PSOE ha derivado en una "pugna obscena por el relato", donde cada bando intenta responsabilizar exclusivamente al otro.
A su juicio, esta dinámica no ha traído regeneración, sino más opacidad, crispación y desconfianza social.
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Alarma por la captura de la administración
El colectivo alerta de que la acumulación de casos ha consolidado la percepción de que la administración local ha sido capturada por intereses partidistas.
Indemnizaciones, sentencias y procesos bajo sospecha apuntan, según denuncian, a un modelo que ha normalizado prácticas corruptas durante años.
Exigencias y llamada a la ciudadanía
La Plataforma concluye con un llamamiento a la ciudadanía para exigir transparencia, auditorías independientes y responsabilidades políticas.
También reclama comisiones de investigación eficaces y la recuperación de los fondos públicos perdidos.
"Si la política local sigue atrapada en el 'y tú más', la corrupción seguirá ganando terreno", advierten, subrayando que solo una ciudadanía activa podrá revertir la situación.
