La vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y PolÃticas Inclusivas ha invertido a lo largo del mes de junio más de 142,2 millones de euros en el pago de diferentes servicios y prestaciones, entre los que destacan el fin de la deuda que se tenÃa con las familias acogedoras de la Comunitat Valenciana, la sustanciación de la nómina de la dependencia o el pago a un total de 484 centros de diversa tipologÃa.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y PolÃticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que, del montante total, más de 22 millones de euros son ayudas directas que se dan a las personas, lo que supone "un reconocimiento explÃcito de unos derechos que el antiguo Gobierno habÃa relegado a meras subvenciones graciables", y que en algunos casos acumulaban "retrasos crónicos".
En este sentido, se ha referido al pago a las personas dependientes que, cuando el Consell comenzó a gobernar hace un año, se pagaba sistemáticamente con un retraso de tres meses, y que actualmente se cobra puntualmente a final de mes, lo que en el mes de junio ha supuesto un desembolso de 12,5 millones de euros, de los que 1,7 millones de euros son de retroactividad.
La TesorerÃa de la Generalitat también ha autorizado este mes el pago de los alrededor de 2,5 millones de euros que la conselleria adeudaba a las familias acogedoras, ha celebrado Oltra, quien ha resaltado que el retraso en los pagos de estas ayudas no volverá a repetirse el año próximo, gracias a que se ha reconocido, vÃa decreto, el derecho de estas ayudas, que hasta ahora tenÃan el carácter de subvención.
La vicepresidenta, que ha recordado que el reconocimiento de este derecho ha supuesto un retraso no deseado en el pago de estas ayudas, ha destacado también que la partida destinada a los acogimientos familiares se ha visto incrementada este año, ya que han pasado a cobrar 12 euros por niño y dÃa, incrementándose e igualándose a las familias educadoras y a las extensas, que son las que tienen un vÃnculo de sangre con el niño.
A su juicio, el hecho de que a través de fondos propios la Generalitat vaya a destinar en este mes 50,88 millones de euros a gasto social evidencia que la apuesta del Consell de poner "en el centro a las personas", sigue vigente como hace un año. "Las personas, y especialmente las más vulnerables, son una prioridad del gobierno", ha manifestado y ha señalado que los 7,4 millones de euros que se han destinado este mes al pago de la renta garantizada o los 1,3 millones de euros para diversidad funcional lo constatan.
Los fondos de TesorerÃa de la Generalitat también permitirán hacer frente a los primeros pagos de las subvenciones municipales para residencias y centros de dÃa de mayores, a los que se destinan 6 millones de euros, que se repartirán entre 37 residencias y centros de carácter municipal; y 5,9 millones de euros para 81 centros municipales para personas con diversidad funcional.
Asimismo, se afronta el primer pago de las lÃneas nominativas municipales, que reciben más de 12,4 millones de euros, y los centros de mayores sin ánimo de lucro, que obtienen 1,8 millones de euros.
Por otra parte, la vicepresidenta ha explicado que a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se han pagado otros 91 millones de euros, que se han dedicado principalmente a hacerse cargo de los costes de las gestiones integrales, los conciertos con centros de menor y de mujer, residencias de accesibilidad y al mantenimiento de centros de personas con diversidad funcional.
En concreto, se pagan a 32 residencias y centros de dÃa, 50 centros de accesibilidad social, 43 de entidades sin ánimo de lucro, 26 centros de menores y otros 9 dependientes de la Dirección General del Instituto de las Mujeres y por la Igualdad de Género y 232 centros para personas con diversidad funcional.
Oltra ha insistido en que el dinero que ha llegado a través del FLA "pertenece a los valencianos" y con estos pagos lo que está haciendo el Consell es distribuir unos fondos, que llegan vÃa préstamos, ya que desde el Gobierno central se insiste en no querer reconocer el derecho de la Comunitat Valenciana a contar con una financiación más justa y que reconozca la realidad de las personas que viven en ella.
