Plantación de marihuana. -EFELa Audiencia Provincial de Valencia juzga este lunes a seis personas, cinco de ellas de nacionalidad china, que se enfrentan a penas de hasta 47 años de cárcel por mantener explotados en condiciones cercanas a la esclavitud a un grupo de vietnamitas a quienes obligaban a cultivar marihuana en varias naves industriales.
El sexto procesado, de nacionalidad española y dueño de una tienda de jardinerÃa en Alfafar era, según la FiscalÃa, el encargado de montar las instalaciones y proporcionar los productos necesarios para los cultivos.
Los procesados están acusados de delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública y fraude de fluido eléctrico.
Las vÃctimas, ciudadanos vietnamitas, estaban encerrados en el interior de las naves y eran mantenidos en malas condiciones.
La investigación comenzó en abril de 2018 cuando la Guardia Civil determinó que los procesados tenÃan plantaciones de marihuana en tres puntos: Sollana y Alcà sser, en la provincia de Valencia, y Cabanes en la de Castellón.
Para el mantenimiento de los cultivos, los encausados explotaban laboralmente a ciudadanos vietnamitas con conocimientos en jardinerÃa a los que obligaban a vivir en el interior de las naves y a los que les quitaban el pasaporte y el teléfono.
Las vÃctimas, sin conocimiento del idioma y con gran necesidad económica, según detalla el fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, estaban atemorizadas por las posibles represalias que los encausados podÃan tomar respecto de su familia en su paÃs.
Los vietnamitas "aceptaban este trabajo inicialmente porque estaban obligados a pagar la deuda contraÃda por su traslado a España y por el hecho de poder alimentar a su familia en Vietnam".
"DormÃan en colchones en el suelo, junto a los productos quÃmicos que usaban para el cultivo. No gozaban de la más mÃnima salubridad para su aseso y permanecÃan las 24 horas dentro de las naves industriales", detalla el fiscal.
Los procesados les quitaron los teléfonos móviles y les proporcionaron otros con los que únicamente se podÃan comunicar con ellos, y no abonaron, en prácticamente ningún caso, las retribuciones comprometidas a los trabajadores.
La droga incautada entre las tres naves tenÃa un valor de cerca del millón de euros, detalla el fiscal en su escrito.
La FiscalÃa solicita para los acusados penas que oscilan entre los cuatro años y cinco meses de prisión y los 47 años y medio por siete delitos de trata de seres humanos, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra la salud pública y otro delito de defraudación del fluido eléctrico.
