El diputado del Ciclo Integral de Agua de la Diputación de Valencia, que participa en Egevasa. DIVALLa anulación de contratos de agua en Canet d'En Berenguer pone en riesgo el presupuesto municipal. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declara nulos los acuerdos de gestión del agua potable y obliga al Consistorio a afrontar indemnizaciones y costes que podrÃan comprometer seriamente las cuentas públicas. De momento, el Ayuntamiento de Canet de Berenguer guarda silencio tras la contundente sentencia del TSJCV, dictada el 31 de marzo de 2025, que invalida contratos clave para la gestión del agua potable y el alcantarillado. La resolución judicial no solo cuestiona la legalidad de los acuerdos firmados en 2004 y prorrogados en 2009, sino que también abre la puerta a un impacto económico que amenaza la estabilidad presupuestaria del municipio. Sin embargo, según ha podido saber El Periódico de AquÃ, el Consistorio ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremio (TS).
Una nulidad de pleno derecho
La Sección Quinta del TSJCV ha declarado nulos de pleno derecho el contrato inicial de 15 de abril de 2004 y su prórroga de 10 de febrero de 2009, al considerar que fueron aprobados sin seguir el procedimiento legal establecido. La sentencia subraya que se vulneró el artÃculo 47.1.e de la Ley 39/2015, lo que obliga al consistorio a revisar de oficio los contratos en un plazo máximo de tres meses. Además, el fallo condena al Ayuntamiento al pago de las costas procesales y de posibles indemnizaciones derivadas de la irregularidad de los acuerdos. Una toma de decisiones por parte de todos los grupos municipales y concejales de todos los signos polÃticos y con el patrocinio legal del secretario municipal, el zorro en el gallinero, José Antonio Sancho Sempere, quien ha ingresado en prisión en varias ocasiones y reconoció el año pasado que estaba al frente del chiringuito jurÃdico, la Academia Valenciana de Juristas, con el que esquilmaba las arcas municipales de distintos Ayuntamientos, especialmente el propio de Canet d'En Berenguer y el de La Pobla de Farnals, donde se introdujo sobornando a la alcaldesa tránsfuga del PP -con el apoyo del PSOE-, Natividad GarcÃa.
El coste económico: un golpe al presupuesto
Un informe jurÃdico-económico, solicitado por la Plataforma de Afectados por las actividades ilÃcitas de José Antonio Sancho Sempere, detalla el alcance económico de la sentencia (n.º 188/2025). El documento advierte que el cumplimiento del fallo acarreará un fuerte desembolso por diferentes conceptos, desde indemnizaciones a daños y perjuicios hasta costes de revisión contractual.
La suma de estas obligaciones podrÃa tensionar de manera crÃtica las cuentas municipales, comprometiendo la prestación de servicios públicos y poniendo en evidencia una gestión considerada negligente en varios ejercicios anteriores.
Un silencio institucional
Pese a la magnitud del varapalo judicial, ni el Ayuntamiento ni el alcalde han ofrecido hasta el momento declaraciones públicas. Este perfil bajo contrasta con la alarma generada entre vecinos y colectivos, que exigen transparencia sobre el futuro de un servicio esencial y sobre la situación financiera del consistorio.
A solicitud de la Plataforma de afectados por las actividades ilÃcitas y delictivas de José Antonio Sancho Sempere, se ha elaborado un análisis exhaustivo de la sentencia, que podrÃa resumirse en los siguientes puntos:
La sentencia revoca una anterior que habÃa inadmitido la revisión de oficio de dos contratos: el contrato inicial de 15 de abril de 2004 y la prórroga de 10 de febrero de 2009. Declara que estos contratos son nulos de pleno derecho por haberse dictado prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido, contradiciendo lo previsto en el artÃculo 47.1.e de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se anula la resolución adoptada por el pleno del Ayuntamiento de Canet de Berenguer del 2 de marzo de 2023 y se condena a la administración municipal a iniciar el procedimiento administrativo de revisión de oficio de los contratos mencionados en un plazo no mayor a tres meses desde la notificación de la sentencia.
Se impone al Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer junto con la Empresa General Valenciana del Agua S.A. (EGEVASA)
La sentencia deja sin efecto la extensión del contrato por 25 años como prórroga indebida y exige revisar de oficio el contrato sobre la base de la nulidad de pleno derecho.
Además, se reconoce la necesidad de acometer determinadas obras de inversión para garantizar la calidad del agua, valoradas en 5.000.767 euros (IVA no incluido), incluyendo proyectos para pozos, planta de tratamiento por ósmosis inversa y mejoras en la red de distribución y las instalaciones de agua potable.
El informe elaborado a petición de la Plataforma de afectados por las actividades ilÃcitas y delictivas de José Antonio Sancho Sempere es el siguiente:
Cálculo estimado de costes para el Ayuntamiento de Canet de Berenguer
Concepto |
Importe (€) |
Comentarios |
Iniciación y tramitación del procedimiento de revisión de oficio |
Variable |
Costes administrativos y jurÃdicos internos o externos para abrir y tramitar el procedimiento. |
Costas procesales |
3.025 |
2.500 euros + IVA (21%) por coste procesal impuesto al Ayuntamiento. |
Obras de inversión para garantizar la calidad del agua |
5.000.767 |
Inversión valorada para ejecución de proyectos de pozos, planta y redes. IVA no incluido. |
Posibles indemnizaciones adicionales |
Variable |
No especificadas en la sentencia; dependerá de costes derivados de incumplimientos contractuales o indemnización a terceros. |
Impacto económico por nulidad de contratos |
Variable |
Costes vinculados a la posible rescisión del contrato, ejecución del nuevo procedimiento de adjudicación y posibles servicios asociados. |
Daños y perjuicios
El Ayuntamiento debe asumir el coste integral que implica la revisión y anulación del contrato administrativo, lo que incluye el desembolso por obras valoradas en más de 5 millones de euros, los costes legales asociados y las costas procesales.
Además, la nulidad del contrato puede implicar pérdidas vinculadas a la interrupción de servicios, posibles indemnizaciones por rescisión contractual y la necesidad de un nuevo proceso administrativo para adjudicar el servicio de agua potable y alcantarillado.
El Tribunal ha impuesto las costas procesales al Ayuntamiento, que ascienden a 2.500 euros más IVA.
Conclusión
La ejecución y cumplimiento de esta sentencia implicará para el Ayuntamiento de Canet un coste directo inicial mÃnimo de aproximadamente 5.003.792 euros (5.000.767 euros de inversión más 3.025 euros de costas procesales), sin contar los costes internos y posibles indemnizaciones adicionales. Este importe puede aumentar en función de gastos asociados al procedimiento de revisión de oficio, eventuales indemnizaciones y la gestión del contrato una vez anulado.
Si requiere un desglose más detallado de costes legales administrativos adicionales o un análisis de impacto económico indirecto, podrÃa ser necesario disponer de más datos especÃficos sobre las condiciones contractuales y el presupuesto municipal para dicha gestión''.
Este análisis está basado en la lectura completa y detallada de la sentencia número 188/2025 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y los documentos anexos al expediente judicial, a la que ha tenido acceso El Periódico de Aquà y ha venido publicando en exclusiva.
El informe señala que la anulación obliga al Ayuntamiento a afrontar, de inmediato, el pago de inversiones necesarias para garantizar la calidad del agua, estimadas en más de 5 millones de euros (sin IVA), además de las costas procesales (unos 3.000 euros) y posibles indemnizaciones adicionales que pueden surgir de la rescisión contractual o de obligaciones con terceros. El importe mÃnimo, que el propio documento califica como solo "inicial", supera los 5.003.792 euros. Esta cifra podrÃa incrementarse aún más según se desarrollen los procedimientos de revisión y las eventuales reclamaciones derivadas de la paralización del servicio y la obligación de organizar un nuevo procedimiento de adjudicación.
Múltiples fuentes confirman la ausencia absoluta de iniciativas públicas por parte del gobierno municipal. Ni a través de comunicados ni en plenos se ha abordado públicamente el impacto presupuestario o los plazos para ejecutar la sentencia, pese a que se han reiterado solicitudes de información y transparencia tanto por parte de los afectados como de colectivos ciudadanos y prensa local. La Agencia Valenciana Antifraude ha señalado este caso reiteradamente como ejemplo de incumplimiento sistemático de las recomendaciones sobre contratación y gestión municipal, sumando a Canet a la larga lista de municipios valencianos bajo vigilancia por irregularidades.
Contexto: Un Modelo de gestión marcado por la opacidad
Este episodio judicial no surge de la nada. Está directamente vinculado a años de opacidad administrativa y prácticas cuestionables en la gestión pública local, cristalizadas en contratos millonarios adjudicados y prorrogados sin las debidas garantÃas legales. La sentencia y el subsiguiente informe jurÃdico-económico confirman que la inacción del ayuntamiento ha agravado la situación: no sólo se expone al pago de indemnizaciones y costes directos, sino también al riesgo de paralización de servicios básicos y a una posible reacción en cadena de procedimientos por responsabilidad patrimonial.
