El expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. EFE- Archivo
La Audiencia de Valencia ha confirmado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de esta provincia Jorge Rodríguez y otros nueve encausados por delitos de malversación y prevaricación supuestamente cometidos mediante una presunta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra.
El juez del Caso Alquería abrió el pasado mes de febrero juicio oral contra Rodríguez, que dejó el cargo y abandonó el PSPV-PSOE por estos hechos, y contra otros 14 altos cargos.
Ahora la Audiencia ha confirmado la apertura de juicio en un auto en el que rechaza los recursos de los imputados contra el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción 9 en el marco del denominado 'caso Alquería'.
El Tribunal entiende que el auto recurrido está suficientemente motivado, ya que realiza un relato fáctico suficiente "a los efectos de determinar los posibles hechos que se consideran típicos", al tiempo que "identifica a las personas contra las que se dirige el procedimiento".
La Audiencia confirma así la existencia de indicios racionales de criminalidad y concluye que las alegaciones expuestas por los recurrentes han de ser dirimidas en la fase de juicio oral "conforme a los principios de oralidad, contradicción e inmediación".
Es decir, considera que hay suficientes indicios de posibles hechos delictivos y de la posible implicación en los mismos de los acusados, con independencia de que debe ser en el juicio donde se determine si corresponde o no condenar.
El juez dictó auto de incoación de procedimiento abreviado, que en la práctica equivale al procesamiento de los encausados, el pasado 3 de febrero, en un escrito en el que considera que en la empresa pública Divalterra, perteneciente a la Diputación de Valencia, se nombró arbitrariamente para ocupar altos cargos a personas afines al PSOE y a Compromís incumpliendo la normativa.
El magistrado considera que se produjo una contratación "simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018", lo que podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.
Se trataba, además, de personas que nunca habían ejercido como altos directivos, por lo que resulta evidente, a juicio del instructor, que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa pública, sino a "unos particulares, y más aún, y presuntamente, a puros intereses de índole partidista".
Se produjo así una "presunta malversación, que ha sido cuantificada en la cantidad de 1.122.095,80 euros", señala el auto. EFE
