José Antonio Sancho Sempere en una imagen de archivo. -EPDAEl polémico abogado y ex secretario del ayuntamiento de Canet D'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, vuelve a sentarse en el banquillo de los abogados tras el inicio del juicio por los trabajos que realizó en el ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, en la comarca de Camp de Túria. Junto al citado abogado, están imputados en el banquillo el ex-alcalde de San Antonio, Eugenio Cañizares, y el Secretario e Interventor Municipal del ayuntamiento durante los hechos investigados.
Los jueces de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia investigan el hecho de que entre los años 2003 a 2011 Sancho Sempere se embolsó 146.063,89 euros de dinero público por unos encargos legales que no es ya que se encargaran a Sancho sin que mediara a un concurso público para su designación, sino que ni siquiera se realizó un contrato con el polémico abogado que, simplemente, se limitó a presentar facturas que el ayuntamiento abonó sin poner ningún reparo.
Por el tribunal ya ha pasado Eugenio Cañizares, máximo responsable de la gestión municipal durante aquellos años, quien se ha escudado en el "interés general", y las prisas que surgieron tras la segregación de San Antonio de Benagéber de Paterna. Según Cañizares Sancho Sempere, con quien ya trabajaba desde 1987, era simplemente la persona más adecuada para la labor y por ello le asignó de forma directa varios asuntos legales del nuevo ayuntamiento.
Sancho ha admitido que recibió los encargos por designación directa y que los aceptó sin comunicar con antelación sus honorarios al consistorio de Camp de Túria, aunque asegura que cumplían todos los preceptos de lo establecido en el Reglamento de Honorarios del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).
La defensa del ex-secretario municipal de Canet d'En Berenguer ha propuesto la nulidad del proceso por la instrucción realizada del caso y por que al empezar a trabajar Sancho para San Antonio en 1987 considera que, al menos en parte, los hechos han prescrito. La Fiscalía, por su parte no contempla esta interpretación y pide 9 años de inhabilitación para los acusados.
