Imagen del monitor desde el que se sigue la segunda sesión del juicio en la Audiencia de Valencia por el caso Alquería. -EFE
La Audiencia de Valencia decidirá el próximo lunes si altera o no el orden previsto para las declaraciones de los catorce procesados en el caso Alquería y las deja para la parte final del juicio, como piden las defensas, y también sobre la legitimidad de las acusaciones populares, que ejercen el PP y Acción Cívica contra la Corrupción.
El juicio, que este martes ha celebrado la segunda sesión, llega después de más de cuatro años desde la operación policial en la que se produjo la detención del entonces presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez (entonces alto cargo del PSPV-PSOE y actualmente en el partido independiente La Vall ens Uneix), y su equipo más cercano de colaboradores.
Junto a él se sientan en el banquillo de los acusados otros trece altos cargos acusados de malversación y prevaricación por una presunta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra (la antigua Imelsa), supuestamente orquestados para beneficiar a miembros y simpatizantes de Compromís y el PSPV.
La presidenta de la sala ha informado a las partes de que el próximo lunes sabrán si se inicia el interrogatorio de los acusados o bien "no se hace nada más", dado que no sería posible adelantar la declaración de los testigos y peritos en ese mismo instante.
Sobre esta hipotética modificación del calendario, uno de los letrados de las defensas ha informado al tribunal de que los abogados están estudiando la posibilidad de indicar a sus defendidos que únicamente respondan a sus cuestiones, por lo que el trámite de las declaraciones podría ser más breve de lo inicialmente previsto.
El fiscal se ha opuesto a que los procesados declaren al final del juicio porque "se ha fijado ya un calendario único aceptado por las defensas sin objeción".
Sobre la posible indefensión alegada por las defensas en relación a que no pudieron estar presentes (secreto del sumario) en las declaraciones de los testigos citados por el juez y el fiscal, éste ha calificado de "genérica" esta consideración, y ha opinado que no hubo tal indefensión porque, en definitiva, "no basta con decir que no se asistió" y "la prueba se practica ante el tribunal".
Igualmente, ha insistido en que se dio audiencia a todos los abogados para que acudiesen al volcado del contenido de los dispositivos móviles incautados a los procesados y en que "solo se han analizado los correos de relevancia para este procedimiento".
Las acusaciones populares han defendido su legitimidad a formar parte de este proceso y el letrado del PP ha subrayado que "ninguna de las defensas había impugnado" su presencia hasta ahora.
Por el contrario, las defensas han vuelto a solicitar la expulsión de las acusaciones populares o, en su defecto, que ejerzan bajo una misma dirección letrada.
