Emilio Morales, a un paso de la apertura de juicio oral en Chiva. EPDALa causa por presunto delito de prevaricación y malversación de causales públicos sigue adelante contra e l alcalde de Chiva, Emilio Morales, y los concejales Diana Oliva, Fernando Casanova, Joaquín Furriol y Cristina Suárez. Sin embargo, la jueza del juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de Requena ha decretado el sobreseimiento provisional del concejal de Izquierda Unida, Manuel Clemente. Según consta en el auto del 12 de julio al que ha tenido acceso El Periódico DE AQUÍ, la magistrada acuerda ''continuar con las presentes diligencias previas como procedimiento abreviado'' frente a estas cinco personas, dándose ''traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas'' para que soliciten la apertura de juicio oral.
En los razonamientos jurídicos se recoge que ''de las diligencias practicadas se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos hallamos, atribuir a Emilio Morales Gaitán -alcalde de Compromís-, Diana Oliva Toledo, Fernando Casanova Escorihuela, Joaquín Furriol Guzmán y Cristina Suárez Suárez, la comisión de los siguientes hechos punibles''. El escrito de la jueza recoge, como adelantó en febrero en exclusiva ElPeriodicodeAqui.com, que ''desde el mes de mayo de 2016 hasta el mes de abril de 2019, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento e Chiva, de la que en algún momento durante este periodo fueron integrantes'' el alcalde y los otros cuatro concejales, ''aprobó sin oposición de ninguno de ellos en las reuniones las que asistieron, y de manera continuada, el pago de cantidades fijas, en concepto de productividad, a determinados trabajadores del Ayuntamiento de Chiva, sin sujetarse a unos criterios preestablecidos o a la consecución de unos objetivos reglados por dichos trabajadores'', recoge.
En el auto, se critica que se hizo ''a pesar de los reparos a la legalidad efectuados por parte de la secretaria e interventora del Consistorio, que en todas las ocasiones en que se aprobó el pago de productividades emitieron informes previos a la aprobación, perfectamente conocidos por los miembros de la Junta de Gobierno Local, mostrando su disconformidad con dicha manera de proceder.
La junta de gobierno local, teniendo por tanto facultades para disponer del patrimonio del Ayuntamiento de Chiva, se excedió en el ejercicio de sus facultades de administración, causando un perjuicio al patrimonio administrado, al incrementar exponencialmente, prescindiendo de las normas esencialesde procedimiento, el salario de muchos de sus empleados sin justificación, mediante el pago de unas productividades desnaturalizadas, distribuidas sin sujeción a criterios reglados'', prosigue el auto judicial.
Quien queda libre de toda sospecha es el concejal de Izquierda Unida, Manuel Clemente, para quien la jueza ha pedido el sobreseimiento provisional al no votar nunca a favor de la medida respaldada por sus compañeros de gobierno. Así, según el auto, ''no existen en cambio, indicios suficientes de que por Manuel Clemente Silla, se haya realizado conducta alguna merecedora de reproche penal, dado que nunca votó a favor del abono de los complementos de productividad, en todas las ocasiones en que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local, absteniéndose en las juntas de abril y mayo de 2016 y abandonando la Junta de Gobierno Local en junio de 2016, mostrando siempre su disconformidad con el modo en que se pagaban las productividades''.
En el segundo punto del auto, la jueza anima a seguir los cauces procesales, que pueden llevar a juicio oral al alcalde y las otras cuatro personas: ''así, hallándose determinados los hechos punibles e identificadas las personas a las que se imputan pudieran ser responsables de un delito de malversación de caudales públicos de los previstos en el artículo 432 del Código Penal y un delito de prevaricación de los previstos en el artículo 404 del mismo texto legal, procede de conformidad con lo dispuesto en la regla 4ª del apartado 1º del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordar que se continúen las presentes Diligencias Previas como procedimiento Abreviado siguiendo el trámite establecido en el Capítulo III del Título II del Libro IV de dicha Ley, dándose traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, a efectos de lo dispuesto en el artículo 780 del referido texto legal''.
Como adelantó este rotativo, se habrían pagado más de un millón de euros en productividades desde el 2016, de las cuales 400.000 euros durante el año 2020. Todos los pagos mensuales de productividad están acompañados de informes desfavorables tanto de secretaría, como de intervención, basando los informes en que no existe reglamento, realizándose los pagos discrecionalmente.
La Corporación municipal está formada por 5 concejales de Compromís y más, PP (4), Chiva Unida (2 ediles), VINCHI (2), ADUC (2), Ciudadanos (1) y PSOE (1). Esta causa se produce tras la querella interpuesta por el ex alcalde y portavoz del Partido Popular, José Manuel Haro.
