El exgerente de Imelsa, Marcos BenaventLa próxima semana se cumplen cinco años del conocido como caso Imelsa y sus ramificaciones, una causa judicial que se inició con una efervescente operación policial, que apuntilló al PP en el Ayuntamiento de València y en la Diputación pero que se eterniza en los juzgados sin haberse producido avances significativos desde 2019.
La foto fija de la causa, dividida en nueve piezas separadas (de la A a la J sin pasar por la I, letra omitida por el juzgado) apenas ha cambiado desde hace dos años; no se han producido hallazgos relevantes ni declaraciones que hayan dado nuevas perspectivas a la trama.
El caso tuvo su germen en el verano de 2014, cuando Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones efectuadas durante años por el que fue gerente de Imelsa y autodenominado "yonki del dinero", Marcos Benavent, que su suegro desveló tras un conflicto familiar, pero no fue hasta el 26 de enero de 2016 cuando las detenciones evidenciaron la existencia de indicios de corrupción en una red mucho más extensa de lo sospechado inicialmente.
La causa judicial nació con la detención de Alfonso Rus y varios de sus "lugartenientes" en la Diputación (Máximo Caturla, Juan José Medina y Emilio Llopis), junto con otros ex altos cargos del Consell -hasta un total de 24 personas-, y derivó después en la imputación de prácticamente todo el equipo que sustentó a Rita Barberá en la alcaldía durante más de dos décadas por un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Con el paso de los meses acabó también por salpicar a la exalcaldesa, que falleció en Madrid el 23 de noviembre de 2016, dos días después de declarar ante el Supremo como investigada por el supuesto delito de blanqueo que ella había negado en varias ocasiones.
La instrucción está finiquitada desde hace meses en cuatro de las nueve piezas, entre ellas la A -la juez hizo oficial la semana pasada el cierre de la instrucción respondiendo a escritos de diciembre de 2018-, sin duda la más mediática, la del "pitufeo" o supuesto blanqueo en la que está procesado medio centenar de personas entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de València.
Las otras dos piezas en cuya instrucción se ha avanzado más son la B y la F, en las que se investiga, respectivamente, la presunta contratación fraudulenta de personal por parte de la Diputación y la empresa de la Generalitat dedicada a la construcción de centros educativos (CIEGSA).
Está asimismo prácticamente finalizada la pieza D, relativa a la adjudicación del servicio de atención telefónica de la Diputación a la empresa Servimun, controlada por Mariano López Sancho, exsuegro de Benavent.
En la pieza C se investiga el supuesto blanqueo de capitales provenientes de mordidas que pudo cometer Rus a través de la empresa Geneva.
En la E están bajo la lupa varios contratos en los que intervino María José Alcón -esposa (fallecida en junio de 2018) de Alfonso Grau, procesado en esta misma causa y en otras, por cohecho- desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, entonces gobernado por Rita Barberá.
En la pieza G se investigan supuestas irregularidades cometidas por los responsables de CIEGSA en la adjudicación de contratos para la construcción de colegios; en la H se investigan los contratos que, desde la gerencia de Imelsa, pudo manipular Benavent, y en la J el desvío de fondos de esta misma empresa pública para empresas controladas por Benavent que sirvieron para pagar campañas electorales de candidatos del PP en municipios de la provincia.
Esta última pieza se convirtió en la más avanzada de toda la trama tras dictar la jueza instructora auto de procesamiento hace diez días.
"No es normal que esto suceda, le ha tocado a esta causa -lamenta uno de los juristas implicados en la misma desde el inicio-. Creo que la enfermedad del juez ha sido determinante, además del sistema procesal que tenemos".
Una de las principales y más evidentes consecuencias que -en caso de condena- tendrá este retraso será la aplicación de beneficios por dilaciones indebidas.
"Siendo realistas, confiamos en finalizar este 2021 todas las piezas y que se presenten escritos de acusación y defensa, pero eso no significa que se vaya a celebrar ningún juicio. Ojalá, pero no será así", vaticina esta misma fuente.
Este retraso indigna y desespera especialmente al grupo de procesados por blanqueo, tanto por el desgaste emocional como por la que denominan "pena de Google" que persigue sus perfiles profesionales en cualquier candidatura.
"Estamos en la indefensión más absoluta. Sabemos que la instrucción ha finalizado porque lo damos por hecho, no porque el juzgado nos informe. De hecho, no responde ninguna de nuestras peticiones de sobreseimiento de la causa, con lo que nos hace imposible recurrir a instancias superiores para que valoren lo que está sucediendo", explica una de estas afectadas a EFE.
"Dimos 1.000 euros para colaborar en una campaña electoral. Quizá lo hicimos mal o lo deberíamos haber hecho en otra cuenta. Si alguien dice que nos devolvieron esa cantidad lo tendrá que demostrar", argumenta.
"No sé hasta qué punto el juez es consciente del daño que está haciendo a los procesados. Hay 50 familias implicadas. Es imposible desconectar porque las alusiones al tema son recurrentes", lamenta.
Las fuentes judiciales consultadas por EFE apuntan como determinante en este retraso la enfermedad del titular del juzgado, que ha pasado por varios periodos de baja y que actualmente está siendo sustituido (desde el pasado 28 de octubre) por una jueza sustituta.
Además, el juzgado contó con un refuerzo en los primeros años de instrucción que, en contra del criterio de la sala de Gobierno del TSJCV, no fue renovado por el Consejo General del Poder Judicial.
El órgano de gobierno de los jueces rechazó la petición de refuerzo esgrimiendo un informe de la unidad de apoyo a causas de corrupción, que informó desfavorablemente tras analizar la carga de trabajo del juzgado, que en el primer trimestre de 2020 se situaba en el 55 % de la media prevista, tenía un nivel de pendencia similar a la media autonómica y no tenía sentencias pendientes de dictar.
De hecho, el juzgado ha seguido asumiendo casos, alguno de ellos tan relevante como la reciente estafa millonaria que sufrió la EMT de València.
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