La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió
este miércoles dar por cerrada una denuncia de un ciudadano español que
criticaba que el proyecto de ampliación norte del puerto de Valencia no había
sido sometido a una nueva evaluación de impacto ambiental tras sufrir varias
modificaciones frente a su versión original, de 2007.
La presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, cerró la
petición después de que los eurodiputados que representan a una mayoría de los
grupos políticos de esta entidad se pronunciaran en favor de no seguir tratando
el caso y de que la Comisión Europea declarase que carece de base jurídica para
pronunciarse.
Un ciudadano español bajo las siglas J.S.H. recogía en su petición dudas sobre
las modificaciones que ha sufrido el proyecto de ampliación norte del puerto de
Valencia desde la presentación de su versión original en 2007, que sí obtuvo
una evaluación del impacto ambiental positiva.
En concreto, denunció cambios significativos en el dragado, los rellenos, la
capacidad terminal y la capacidad de los buques.
El peticionario cree que los cambios que se han efectuado a este proyecto desde
entonces deben ser sometidos a un nuevo examen de impacto ambiental, ya que su
desarrollo podría afectar a zonas protegidas de la red europea Natura 2000.
"Es su total responsabilidad exigir al Gobierno de España su involucración
e intervención en este asunto, de forma que el proyecto que eventualmente se pudiera
desarrollar cuente con las debidas garantías ambientales", incidió en
alusión al Parlamento Europeo y al Ejecutivo comunitario.
En esta línea se pronunció también la consellera valenciana de Transición
Ecológica, Mireia Mollà, quien denunció una "omisión deliberada" del
principio de precaución y criticó que no se actúe para "despejar las
dudas" sobre el impacto que el nuevo proyecto pudiera tener en la Albufera
de Valencia.
"Han pasado 14 años, el proyecto ha cambiado sustancialmente, el conocimiento
técnico ha evolucionado, la legislación ambiental exige nuevas garantías
incluso sobre proyectos previamente evaluados, existe riesgo de mayor afección
a la Albufera de Valencia y el escenario climático en el Mediterráneo ha
empeorado", insistió la consellera.
Con ella y con el peticionario coincidieron los diputados de los grupos Verde y
de La Izquierda que intervinieron (entre ellos, Ernest Urtasun de Catalunya en
Comú y Manu Pineda de IU), mientras que diputados como Pablo Arias (PP) e
Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE) se alinearon con el presidente de la
Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, en rechazar que sea
necesaria una nueva evaluación de impacto.
Martínez defendió que las modificaciones al proyecto "no exigen" una
nueva evaluación de impacto ambiental y rechazó que la infraestructura afecte a
espacios protegidos de la red Natura 2000, que se incrementen los vertidos a
los cauces o generen más residuos
"Todo lo hemos hecho siendo absolutamente respetuosos con todos los temas
medioambientales. Siempre hemos actuado en base a informes técnicos y jurídicos
y las modificaciones no exigen una nueva guía", apuntó Martínez.
