El ex gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent, en una imagen de archivo. EFE- Kai ForsterlingLa defensa del exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, ha negado que este tuviera responsabilidad o "funciones" en la encomienda de gestión, adjudicación, seguimiento y continuidad del contrato con la empresa pública Servimun para el servicio del 'call center'.
Así lo ha manifestado este jueves el abogado Juan Carlos Navarro, que ha defendido que "Marcos Benavent no es garante de nada", que no actuó para beneficiar a la empresa adjudicataria y que la "omisión" de acción no favoreció en nada los hechos delictivos que se investigan.
La Fiscalía Anticorrupción mantuvo en su informe final las peticiones de condena para el exgerente de Imelsa, para quien pide cuatro años y medio de cárcel por el amaño del contrato de atención telefónica.
Según Navarro, que ha intervenido para exponer el informe final en la sesión del juicio de este jueves -y que continúa el próximo lunes-, en el proceso se ha "caído en una trampa" puesto que hay "dos actores: la empresa privada y la empresa pública" y se ha oído a representantes de la segunda pero no de la primera.
"No hemos oído a alguien que represente a esa sociedad para decir si cumplió el contrato o lo que fuere", ha lamentado, y ha asegurado que por ello los letrados están "limitados en el ejercicio de defensa", lo que lleva a la "indefensión".
En el escrito de la Fiscalía, que ha calificado como "literatura", ha criticado que se lanzan "ataques que luego son contradicciones con el contenido de los hechos" y ha apuntado a "apreciaciones subjetivas".
Sobre el hecho de que se pida condenar a Benavent por un delito de prevaricación, ha recordado que los requisitos de este delito son que la resolución adoptada -en este caso la ampliación de la encomienda de gestión y la adjudicación- sea arbitraria y que se dicte a sabiendas de su ilegalidad.
En este sentido, se ha preguntado si "29 diputados provinciales que aprobaron la ampliación de la encomienda de gestión en el pleno de la Diputación de Valencia han participado en una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia", teniendo en cuenta, además, que la decisión estaba "arropada por controles" jurídicos de la corporación.
Sobre el delito de malversación, ha explicado que la petición de la Fiscalía se basa en la participación de Benavent suscribiendo las órdenes de pago, y en que ese hecho le convierte, según la acusación, en "cooperador necesario". El letrado ha señalado la "contradicción" entre que la Fiscalía lo considere cooperador necesario y a la vez destacar su "omisión" de acción.
La firma de los pagos, ha dicho, respondió a que Benavent era "el único que tenía la competencia delegada para que el banco realizara cualquier pago, pero no capacidad de supervisión ni de oposición", y que previamente se implantó un sistema de fiscalización de los pagos por el que, cuando llegaban para la firma, los pagos habían recibido la conformidad de "diferentes personajes que no han sido acusados aquí y no han controlado si los trabajo se hacían o no". Además, ha indicado que lo ilegal habría sido no firmar para el pago.
El letrado ha recordado asimismo que hasta la nueva corporación tras el cambio de signo político -del PP al PSPV- "se planteó la prórroga del contrato" y ha asegurado que Benavent, ni aunque hubiera querido habría podido resolver el contrato, porque esa función le correspondía al órgano de contratación, mientras que él "no tenía funciones". Por eso, ha entendido que si alguien es "garante" de los delitos de prevaricación y malversación debían ser los sucesivos consejeros delegados, no el gerente.
Por otra parte, ha criticado que, en el escrito de acusación, se haga referencia a Mariano López como el suegro de Benavent, cuando ya no lo era desde 2009, para hacer ver que tenían una relación familiar que habría llevado al gerente de Imelsa a amañar el contrato, cuando "la realidad era todo lo contrario, no terminaron bien".
En cuanto a las pruebas, el abogado ha reclamado la exclusión del procedimiento de los correos electrónicos conseguidos mediante el volcado de los ordenadores de Imelsa tras un registro, así como de las pruebas derivadas de la entrada y registro en el despacho de abogados de Benavent.
