El ex gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent, en una imagen de archivo. EFE- Kai ForsterlingLa defensa del exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, ha negado que este tuviera responsabilidad o "funciones" en la encomienda de gestión, adjudicación, seguimiento y continuidad del contrato con la empresa pública Servimun para el servicio del 'call center'.
Asà lo ha manifestado este jueves el abogado Juan Carlos Navarro, que ha defendido que "Marcos Benavent no es garante de nada", que no actuó para beneficiar a la empresa adjudicataria y que la "omisión" de acción no favoreció en nada los hechos delictivos que se investigan.
La FiscalÃa Anticorrupción mantuvo en su informe final las peticiones de condena para el exgerente de Imelsa, para quien pide cuatro años y medio de cárcel por el amaño del contrato de atención telefónica.
Según Navarro, que ha intervenido para exponer el informe final en la sesión del juicio de este jueves -y que continúa el próximo lunes-, en el proceso se ha "caÃdo en una trampa" puesto que hay "dos actores: la empresa privada y la empresa pública" y se ha oÃdo a representantes de la segunda pero no de la primera.
"No hemos oÃdo a alguien que represente a esa sociedad para decir si cumplió el contrato o lo que fuere", ha lamentado, y ha asegurado que por ello los letrados están "limitados en el ejercicio de defensa", lo que lleva a la "indefensión".
En el escrito de la FiscalÃa, que ha calificado como "literatura", ha criticado que se lanzan "ataques que luego son contradicciones con el contenido de los hechos" y ha apuntado a "apreciaciones subjetivas".
Sobre el hecho de que se pida condenar a Benavent por un delito de prevaricación, ha recordado que los requisitos de este delito son que la resolución adoptada -en este caso la ampliación de la encomienda de gestión y la adjudicación- sea arbitraria y que se dicte a sabiendas de su ilegalidad.
En este sentido, se ha preguntado si "29 diputados provinciales que aprobaron la ampliación de la encomienda de gestión en el pleno de la Diputación de Valencia han participado en una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia", teniendo en cuenta, además, que la decisión estaba "arropada por controles" jurÃdicos de la corporación.
Sobre el delito de malversación, ha explicado que la petición de la FiscalÃa se basa en la participación de Benavent suscribiendo las órdenes de pago, y en que ese hecho le convierte, según la acusación, en "cooperador necesario". El letrado ha señalado la "contradicción" entre que la FiscalÃa lo considere cooperador necesario y a la vez destacar su "omisión" de acción.
La firma de los pagos, ha dicho, respondió a que Benavent era "el único que tenÃa la competencia delegada para que el banco realizara cualquier pago, pero no capacidad de supervisión ni de oposición", y que previamente se implantó un sistema de fiscalización de los pagos por el que, cuando llegaban para la firma, los pagos habÃan recibido la conformidad de "diferentes personajes que no han sido acusados aquà y no han controlado si los trabajo se hacÃan o no". Además, ha indicado que lo ilegal habrÃa sido no firmar para el pago.
El letrado ha recordado asimismo que hasta la nueva corporación tras el cambio de signo polÃtico -del PP al PSPV- "se planteó la prórroga del contrato" y ha asegurado que Benavent, ni aunque hubiera querido habrÃa podido resolver el contrato, porque esa función le correspondÃa al órgano de contratación, mientras que él "no tenÃa funciones". Por eso, ha entendido que si alguien es "garante" de los delitos de prevaricación y malversación debÃan ser los sucesivos consejeros delegados, no el gerente.
Por otra parte, ha criticado que, en el escrito de acusación, se haga referencia a Mariano López como el suegro de Benavent, cuando ya no lo era desde 2009, para hacer ver que tenÃan una relación familiar que habrÃa llevado al gerente de Imelsa a amañar el contrato, cuando "la realidad era todo lo contrario, no terminaron bien".
En cuanto a las pruebas, el abogado ha reclamado la exclusión del procedimiento de los correos electrónicos conseguidos mediante el volcado de los ordenadores de Imelsa tras un registro, asà como de las pruebas derivadas de la entrada y registro en el despacho de abogados de Benavent.
