El juzgado de Llíria se niega a juzgar los hechos porque la denuncia se cursó en Castelló. -EPDALa denuncia interpuesta por un profesor de instituto por una agresión lgtbifóbica lleva paralizada un año y diez meses porque dos juzgados no se ponen de acuerdo sobre cuál tiene la competencia, según denuncia la Federación de Educación de Comisiones Obreras del País Valencià (FECCOOPV).
La entidad ha criticado este jueves la "situación de indefensión" en que se encuentra Miquel Álvarez y el quebranto de sus derechos laborales a acudir al trabajo con "seguridad y tranquilidad".
Así lo ha expresado a EFE la secretaria general de la FECCOOPV, Xelo Valls, que ha incidido en que han querido volver a exponer el caso de Miquel este jueves en el marco de la semana en que se cumplen 45 años de la Declaración de los Derechos Humanos.
Miquel Álvarez ha contado a EFE que cuando fue agredido en el IES Les Alfábegues de Bétera se encontraba haciendo una sustitución, y actualmente trabaja en otro instituto.
A la hora del recreo, "un grupo de alumnos sacó banderas de España, una de ellas bicéfala, y actué para que la guardaran porque creía que no era lugar para exponerla", ha recordado el docente sobre lo ocurrido a mediados de febrero de 2022 y que motivó la expulsión temporal de una decena de alumnos.
"En ese momento, un grupo de entre 100 y 150 alumnos comenzaron a agredirme e insultarme con frases como 'maricones fuera' y 'no deberíais vivir en España'", ha proseguido.
Según Álvarez, "el centro actuó correctamente, suspendió las clases y convocó actos de repulsa contra la agresión" pero la denuncia que interpuso en Castelló, donde reside, no ha tenido recorrido.
Valls ha insistido en que "Miquel fue agredido en el ejercicio de sus funciones docentes por motivos lgtbifóbicos y que se denunció en su momento ante la Conselleria y a nivel judicial".
Sin embargo, se ha producido "una situación de indefensión por la parálisis por parte de los órganos responsables de resolverla", ha denunciado para explicar que el juzgado de Castelló dice que la denuncia corresponde a Llíria, donde pertenece el IES, y este juzgado argumenta que la denuncia se interpuso en Castelló y debe resolverse allí.
"Ahora hace un año y diez meses de la agresión y la denuncia va de Llíria a Castelló y de Castelló a Llíria, pero no se resuelve. No sabemos qué pasa. El caso es que después de tanto tiempo, la situación judicial genera la indefensión de Miquel", ha añadido.
Álvarez ha señalado que no quiere "un acto punitivo" contra los que le agredieron pero sí "que se tomen medidas, que se investigue, que aprendan y que no vuelva a pasar".
"No ha tenido ninguna consecuencia. A algunos los expulsaron temporalmente del centro durante 5 días pero parece que no han hecho nada", ha concluido.
