Pleno de junio y Junta General de Divalterra.El pleno de la Diputació de València, constituido en Junta General de Divalterra, ha aprobado este martes la histórica disolución de la empresa, el cese del Consejo de Administración y el nombramiento de la firma madrileña Afianza Asesores SL como liquidador único de la sociedad mercantil, a propuesta del interventor y el secretario de la institución, que en su informe conjunto valoraron la oferta de Afianza como "la más adecuada profesionalmente".
En la Junta General celebrada tras el pleno ordinario de junio, la corporación provincial ha dado luz verde, con los votos a favor del equipo de gobierno y La Vall ens Uneix y en contra del resto de la oposición, a la disolución de Divalterra de conformidad con lo previsto en el artículo 368 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 35 de los Estatutos Sociales, y siguiendo en todo momento las indicaciones de los habilitados nacionales en la Diputación. En cuanto al nombramiento del liquidador único, que se ha aprobado por separado, no ha registrado ningún voto en contra.
Este paso casi definitivo en el cierre ordenado de Divalterra, a falta de la fecha en la que se producirá el traspaso de personal y competencias desde la mercantil hacia el Consorcio Provincial de Bomberos y la propia Diputación, ha supuesto el cese del Consejo de Administración que formaban Ramiro Rivera, como presidente, y los consejeros José Luis Aragón, Vicente Boquera, José Morgan, Ruth López, Luis Felipe Martínez, Pedro Domingo, Pau Martínez e Ignacio Sánchez, aprobando su gestión y extinguiendo sus poderes de representación.
La otra gran novedad ha sido el nombramiento de Afianza Asesores SL, domiciliada en la calle Alfonso XII de Madrid, como liquidador único de Divalterra tras un proceso de selección en el que el interventor y el secretario de la Diputación la sitúan como "la oferta profesionalmente más adecuada" al disponer de "una acción coordinada de equipos especialistas en las áreas fiscal, laboral, contable, financiera, administrativa y mercantil, apoyada en profesionales de amplia experiencia en cada sector".
El informe de los habilitados nacionales en la corporación provincial valora Afianza como "una de las firmas de consultoría económica y jurídica más importantes a nivel nacional, que presta servicios a más de 1.500 clientes tanto del ámbito público como privado". El interventor y el secretario destacan el "equipo de profesionales formado por más de 150 empleados y colaboradores compuesto por economistas, auditores, abogados, fiscalistas y especialistas en estrategia y gestión empresarial", así como "la oferta ajustada a la realidad de Divalterra, con una retribución ajustada a los precios de mercado".
La participación de los habilitados nacionales va más allá de la elección de la empresa que ejecutará el cierre de Divalterra, dentro de la hoja de ruta marcada por el presidente Gaspar, que decidió apartarse del proceso de selección y "dejar trabajar a los que saben, de la mano de la ley". En este sentido, la sociedad mercantil Divalterra será sometida, hasta su extinción, al control financiero ejercido por la Intervención de la Diputació de València.
Además de este control interno previsto en el reglamento de entidades locales, se establece un control adicional por parte del interventor a los actos de administración de los liquidadores, que consistirá en la contratación, prórroga, modificación y resolución de contratos menores y de personal; la venta de activos y derechos; la transmisión de funciones a los entes destinatarios y cualquier pago por importe superior a 100.000 euros.
En una Junta histórica que ha durado apenas 20 minutos, el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, ha agradecido el trabajo de los miembros del consejo cesado y de consejos precedentes de Divalterra y ha dado por iniciado el período de liquidación de la empresa. A partir de este momento será Afianza Asesores la que tome las decisiones pertinentes hasta la transferencia definitiva del personal de Divalterra al Consorcio y la Diputación.
Ante la nueva situación de la empresa, los portavoces de Ciudadanos y el PP, Rocío Gil y Vicent Mompó, han coincidido a la hora de rechazar la disolución al no existir causa económica. Más allá ha ido el representante popular, quien considera que el cierre se produce "por cuestiones políticas", de la misma forma que "se intentó revocar el nombramiento de la jefa de Personal", que "ha faltado transparencia el no enterarnos del cese del consejo y el nombramiento de liquidadores" y que "no se han justificado los 40.000 euros que transfirió Divalterra a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para constituir CICAL".
En respuesta a Mompó, el presidente Gaspar ha lamentado las afirmaciones "inciertas" del portavoz del PP y ha puntualizado que el Consejo "no cesó el viernes sino hoy tras la aprobación de la disolución". Además, dejó claro que el nombramiento de los liquidadores "lo delegamos en el secretario y el interventor para que no hubiera ninguna interferencia"; y avanzó que será la empresa Afianza la que diga "lo que hay que hacer ahora".
Antes de constituirse en Junta General de Divalterra, el pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad en la sesión de junio dos propuestas de los diputados incluidas en el orden del día. Por un lado, el convenio de colaboración entre la corporación provincial y la Generalitat para el mantenimiento con fondos públicos del colegio IVAF Luis Fortich, de titularidad de la Diputación.
Por otro, la propuesta que insta al Gobierno estatal a mejorar la financiación de los entes locales en su lucha contra la pandemia y la crisis económica a causa de la Covid-19. El texto de la moción presentada por el Grupo Popular incluye la aportación suficiente en materia de transporte para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria que puedan producirse en lo que queda de año.
En el apartado de ruegos y preguntas, la diputada de Teatros, Glòria Tello, ha aclarado a la portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, que el Escalante no es propiedad de la Diputación y que en estos momentos "se está consensuando con el sector de las artes escénicas cuál es la mejor propuesta para disponer de una sede estable, que puede ser construir un nuevo edificio, habilitar uno propiedad de la Diputación o adquirir el que tradicionalmente ha albergado el proyecto teatral de la Diputación, que es uno de los más importantes de España".
