Agentes de la Policía Nacional en la entrada de la empresa pública Divalterra, durante una intervención por el caso Imelsa. EFELa Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto una investigación, a raíz de una denuncia del PP, sobre el supuesto intento de anular la selección de la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra, empresa pública de la Diputación de Valencia.
Según ha informado el PP este lunes, estos hechos "describen una actuación antes, durante y después del proceso de selección que indiciariamente podría ser constitutiva de delitos de tráfico de influencias y prevaricación".
En la denuncia del PP consta que "los técnicos han denunciado presiones por parte de algún responsable político, principalmente por parte del presidente del consejo de administración de la empresa pública, Ramiro Rivera".
"Desde el mismo momento en el que se determinó la persona ganadora del proceso de selección se puso en marcha una operativa para intentar revocarlo", se añade.
Asimismo, desde el PP aseguran que "las alegaciones del candidato que quedó en segundo lugar se tomaron como base para paralizar la contratación, cuestión que el presidente del consejo de administración ordenó por escrito, amparado en los informes del jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera –quien fue detenido recientemente en relación al denominado caso Azud–".
Al parecer, se obvió la contestación que el tribunal de selección emitió al candidato que quedó en segundo lugar desestimando sus alegaciones.
"Los intentos repetidos de sacar adelante en el Consejo de Administración los informes del jefe de los Servicios Jurídicos poniendo en duda lo que ninguno de los candidatos impugnó en su momento, como la composición del tribunal y la confección de las bases, no tuvieron éxito", han añadido desde el PP.
Este partido sospecha que "estas actuaciones solo revelaron el especial interés en revertir el resultado final del proceso de selección que habían determinado los técnicos".
El portavoz del grupo popular en la Diputación, Vicente Mompó, ha lamentado que durante este proceso de los últimos meses se han producido graves irregularidades y ha quedado claro que "cuando los técnicos se mantuvieron firmes frente a la injerencia política, el equipo de Toni Gaspar optó por cerrar la empresa".
Mompó ha valorado que el Ministerio Público haya iniciado las investigaciones para poder "aclarar lo sucedido", y ha recordado que en el proceso de selección hay miembros del tribunal "que decidieron acudir a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar situaciones que no consideraban lógicas", y este organismo incluso concedió a alguno de ellos la "condición de testigo protegido".
"Hemos sufrido multitud de cortapisas para acceder a los expedientes y ejercer la labor de fiscalización, se han producido nombramientos de consejeros que bajo la apariencia de técnicos tenían una clara adscripción política, y durante mese no hemos podido expresar nuestras quejas a lo que sucedía en Divalterra, por lo que parecía inevitable que fuera la Fiscalía quien investigara todo lo que ha acontecido", según el portavoz popular.
A su juicio, "la decisión de cerrar la empresa obedece más a la pérdida de control político por parte del actual equipo de gobierno de la Diputación que a cualquier otro condicionante, y el hecho de anunciarlo en una junta cuya celebración habían forzado de los grupos de la oposición lo evidencia aún más".
Esta investigación de la Fiscalía "se suma al procesamiento de Voro Femenia en el caso Alquería o al de la alcaldesa de Llaurí, Ana María González, que fue recientemente condenada por conducir en estado de embriaguez en la zona de ocio de la Marina de Valencia. Ambos son asesores de la Diputación con Toni Gaspar", recuerda el PP.
A ellos se suma un tercero, Raúl Pardos, que es asesor-coordinador del PSOE en la Diputación y que acaba de ser procesado por presunta falsedad documental en la causa de los 'zombis' de Imelsa.
Por ello, Mompó ha pedido a Gaspar que "rompa su silencio y actúe con la ejemplaridad que exigen los valencianos".
