Circuito-EFE
Aunque la juez todavía debe tomar una decisión sobre el archivo que le pide la Fiscalía, esta era una de las últimas investigaciones relevantes todavía abiertas en torno al caso de la Fórmula 1.
En esta pieza, el Juzgado de Instrucción número 2 de València investiga el proceso de contratación de proveedores tramitado por la empresa pública Circuito Motor y Promoción Deportiva S.A., que era propiedad de la Generalitat al 100 % y se financiaba con los presupuestos autonómicos y subvenciones. En la firma de los contratos realizados para la organización del Gran Premio se podrían haber cometido los delitos de prevaricación y falsedad documental.
Pero la Fiscalía Anticorrupción, después de las investigaciones llevadas a cabo, señala, en un informe al que ha tenido acceso EFE, que "no concurren indicios de la presunta comisión del delito continuado de prevaricación administrativa y falsedad documental".
La Fiscalía señala que no aprecia que, "por parte del personal de Circuito del Motor, encargado de la tramitación de los correspondientes expedientes de contratación", existiera "una intención clara y evidente de vulnerar el ordenamiento jurídico, adjudicando los mismos de forma injusta o arbitraria".
Así, pide el archivo de la acusación dirigida contra una decena de investigados, entre ellos el ex secretario autonómico de Hacienda José Miguel Escrig y el exdirector de Circuito del Motor Julio García.
Las investigaciones en torno al Gran Premio han durado años e implicado a responsables políticos, el más importante de los cuales ha sido el expresident de la Generalitat Francisco Camps, investigado por supuestas irregularidades en la construcción del circuito.
En 2019 la Audiencia de Valencia archivó la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la que estaba procesado Camps por la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de València, en contra del criterio de la juez del caso y siguiendo los argumentos de la Fiscalía.
Además, en 2020 el juzgado de Instrucción número 2 de València archivó la investigación abierta por la compra de la empresa Valmor Sports SL, encargada de la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, por parte de la entidad pública Circuito del Motor, dependiente de la Generalitat Valenciana.
La compra se realizó para rescatar a ese Gran Premio y la ordenó el entonces president de la Generalitat Alberto Fabra; se pagó un euro a cambio de asumir las deudas del circuito. La juez compartió el criterio de la Fiscalía, en el sentido de que no hubo delito.
